Burocracia y financiación: más sobre los verdaderos males de la Universidad

Las lamentaciones por el estado de los estudios universitarios son frecuentes. La crisis económica y las políticas de ajuste de partidos como el PP y CIU han dejado exhaustos a los académicos. Cada vez perdemos más tiempo en gestionar guías, presentar acreditaciones y reformar planes de estudio tras Bolonia.

La compra de material inventariable con proyectos de investigación se convierte en una tarea titánica, con múltiples gestiones y controles administrativos, que retrasan su uso durante meses. Si a eso se añade la reducción de plantillas a la mitad debido a las jubilaciones, el envejecimiento de las mismas y la dificultad de incorporar a investigadores en formación a los equipos y grupos de investigación, el desánimo de los profesores y, en general, todos los estamentos universitarios, es generalizado.

La opinión pública se ve, además, bombardeada por noticias que no dejan en buena posición a la universidad española, si bien tales generalizaciones informativas no se sostienen con un análisis pormenorizado por área de conocimiento, ya que existen disciplinas que salen mucho mejor paradas. A veces los parámetros promovidos por entes del mundo anglosajón reflejan una realidad que no resulta adecuada para muchas universidades europeas. La cultura americana, por ejemplo, valora mucho el mecenazgo educativo y es corriente el patrocinio empresarial de muchas universidades privadas y semipúblicas. En Europa este patrocinio y mecenazgo es excepcional, si bien las universidades de ideario católico reciben generosas aportaciones de los creyentes y en algunos países europeos grandes consorcios empresariales financian universidades.

Podría citar la Universidad Libre Internacional de Estudios Sociales “Guido Carli” con campus en el señorial barrio de Parioli en Roma, que es una de las más prestigiosas universidades con estudios de Administración de Empresas, Relaciones Internacionales y Ciencia Política, donde estuve adscrito un semestre hace unos años.

Existen, además, selectas instituciones universitarias de posgrado, financiadas por la Unión Europea, en países como Italia, Bélgica o Eslovenia, que nos hacen envidiar sus medios y salarios, enclavadas, además, en ciudades con un patrimonio histórico y calidad de vida de ensueño.

El futuro es Europa, desde luego, tanto en la movilidad docente e investigadora, como en la constitución de redes académicas y la obtención de recursos para la ciencia.

Sin embargo, la realidad española es más precaria. Los docentes huyen prejubilándose después de décadas de dedicación docente e investigadora, que no ven suficientemente reconocidas, cargando a los que se quedan con un trabajo que, se puede decir sin exagerar, que se ha duplicado en el último quinquenio. Atrás quedaron los años de la época de gobierno de Rodríguez Zapatero en los que había planes de prejubilación incentivada o de emeritaje, rebajando de tareas burocráticas y valorando la experiencia con una especialización en posgrado.

El decreto Wert ha tenido consecuencias malévolas para muchos docentes ya que penaliza a los que han centrado más su carrera académica en la docencia y la gestión, sobrecargando de asignaturas a los profesores e investigadores en situación más precaria. Algunas universidades han abusado de la figura del profesor asociado, pensada para profesionales cuya dedicación principal no es la docente, o se han inventado otras figuras a través del interinaje o del profesor visitante para sortear o interpretar las normas y límites legales.

Además, no parece que la ciudadanía esté dispuesta a sufragar con mayores impuestos o un mayor porcentaje del presupuesto de las administraciones públicas una mayor financiación de la instrucción superior universitaria. Eso sí, tras Bolonia, la demanda de estudios de posgrado se ha disparado, porque parece que una licenciatura, hoy diplomatura, es poca cosa para la promoción profesional o la simple ostentación. Claro que esto se ha realizado con la complicidad de los gestores universitarios que se ven abrumados por la necesidad de una mayor financiación privada a través de tasas y matrículas ya que los gobiernos autonómicos y central no aportan lo suficiente para mantener o conseguir la tan cacareada “excelencia”. El desprestigio de la universidad pública debido a los falsos o incompletos estudios de posgrado de muchos políticos no coadyuva precisamente a que la opinión pública esté de acuerdo con el incremento del gasto en la educación universitaria. A la hora de gastar, desde luego, se prefiere que la sanidad pública se mantenga en su nivel de calidad.

Mientras tanto, los sectores más acomodados de la sociedad envían a sus hijos a universidades privadas o a seguir estudios en el extranjero, si bien la universidad pública sigue siendo muy mayoritaria y relativamente barata en España. Hay algunos gobiernos autonómicos, como el de la Comunidad de Madrid, que han favorecido a determinada nueva universidad pública y facilitado la apertura de universidades privadas, al mismo tiempo que ahogaban la financiación de otras históricas como la Universidad Complutense. El proyecto de ley del Espacio Madrileño de Educación Superior del Partido Popular va en los sentidos comentados más arriba.

Lo último, además, es la apelación a la relación con la empresa, a la empleabilidad como criterio para la financiación de los estudios universitarios y de la investigación científica. Abiertamente lo han defendido los responsables nacionales de Ciudadanos, pero la creación del nuevo Ministerio de Ciencia y Universidad, con sus máximos responsables tan cercanos al mundo empresarial, parece que sigue una orientación cercana. Esperemos que el prometido diálogo con la Conferencia de Rectores y las asociaciones académicas permita disipar esta duda.

Una generación de investigadores está esperando la reapertura de la oferta de puestos docentes universitarios, que en su mayoría no tienen un perfil de investigación aplicada a la empresa sino de disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanidades.

Abdón Mateos

Abdón Mateos López (Madrid, 1960) es un historiador español. Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Madrid, dirige el Centro de Investigaciones Históricas de la Democracia Española y la revista semestral Historia del Presente. Fundador y presidente de la Asociación de Historiadores del Presente desde el año 2000.

Desde el año 2007 es responsable en la UNED de la Cátedra del exilio. En el año 2008 obtuvo la acreditación nacional de Catedrático de Historia Contemporánea. En el año 2009 obtuvo un segundo año sabático en Roma en la Universidad LUISS, financiado con la convocatoria nacional de Movilidad, y la Universidad de Las Palmas.

Actualmente dirige el proyecto de la Cátedra del Exilio (2011-16, patrocinado por el Banco de Santander) Emigrantes y exiliados en América después de la guerra civil. La construcción de una ciudadanía democrática, así como el proyecto de investigación del Ministerio (2012-16) "Historia del PSOE. Construcción del partido y reformismo democrático, 1976-1990".

Es secretario general de ASU en Madrid.

Ha publicado recientemente Historia del PSOE en transición. De la renovación a la crisis (Madrid, Sílex, 2017)

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