Instalados en la parálisis

En la política catalana y española hay más coincidencias de las que los independentistas quieren reconocer. Una de los más notorias es la comunión histórica entre los partidos de derechas, tanto en Catalunya como en España, para proteger los intereses de los poderosos, para verse envueltos en casos de corrupción o para votar sistemáticamente de manera regresiva y en contra de los progresos sociales. En esto, Catalunya y España son muy parecidas. Y la presencia de Ciudadanos sin duda ha venido a reforzar esta alianza entre los partidos de la derecha que es capaz de superar todas las barreras y disputas de contenido identitario. Más allá de si uno enarbola la estelada o si el otro sobre gesticula con la bandera española, siempre encontrarán un punto de acuerdo en paralizar por ejemplo la reforma laboral, para aliarse en políticas regresivas y de recortes o para no estar en la vanguardia de la defensa de la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Estas cosas no gustan a los independentistas, pero suceden.

Otro punto de conexión entre la política catalana y la española es la parálisis en que se instalan con total normalidad. Una búsqueda consciente de situaciones políticas de bloqueo con el único fin de seguir haciendo girar la rueda de un conflicto auspiciado por ambos. Sucedió en España, donde Mariano Rajoy disfrutó de un año de prórroga en su anterior mandato y en la que su inacción política es notoria. Inacción por su incapacidad de proponer un escenario de mejoras para Catalunya que pudiera ayudar a rebajar el conflicto, e inacción por su ya legendaria capacidad de esquivar cualquier problema que se le ponga delante. Sucede igual en Catalunya donde la mayoría independentista no duda un segundo en realizar un lock out parlamentario, como ya sucedió al final de la anterior y fracasada legislatura, en la que se suspendieron sine die y a mayor beneficio de la estrategia unilateral independentista, las sesiones plenarias del Parlament. Y sucede al inicio de esta legislatura, donde en un movimiento acrobático del president del Parlament, sin parangón jurídico, nos encontramos con un pleno legalmente convocado y a la vez, aplazado, por mor de los intereses del huido Puigdemont. Ciertamente este parálisis, inaudita en nuestro sistema político, y que, de paso, alarga la aplicación del artículo 155 dado que no hay gobierno, supone un descrédito profundo para nuestras instituciones y la política parlamentaria. El PSC ya fue en la anterior legislatura ya acudió al Tribunal Constitucional, para proteger los derechos de los diputados y diputadas, a raíz de la infausta sesión parlamentaria de los días 6 y 7 de septiembre. Pero la realidad es que, pasadas las elecciones, nuestros derechos parlamentarios siguen siendo víctima de una mayoría independentista plegada a los muy particulares intereses del ex presidente Puigdemont. Y en una vuelta de tuerca incomprensible aún hay quien elucubra con una reforma legal ad hominem, práctica impropia de la democracia avanzada a la que aspiramos.

Es por ello que, dada la incapacidad del partido que ganó las elecciones para mover un milímetro la agenda independentista, demostrando la inutilidad de su estrategia, exijo a la mayoría independentista que desbloquee la situación, aparcando definitivamente la unilateralidad y los inventos, convoque de forma rápida el pleno proponiendo un candidato o candidata sin cuentas pendientes con la justicia y eche a andar la legislatura con un Govern dispuesto a respetar la ley.

Primer secretario del Partit dels Socialistes de Catalunya.