LA ZURDA

El referéndum del 1-O es ilegítimo por injusto y por ilegal

Por mucho que los nacionalistas se llenen la boca con la palabra democracia, su referéndum es justamente lo contrario: la peor estafa a la ciudadanía perpetrada por un poder político en España desde la restauración democrática de 1977. Ellos lo saben, por eso rehúyen cualquier debate de ideas mínimamente serio y se aferran como a un clavo ardiendo a la más deplorable propaganda con el fin de intoxicar a catalanes y resto de españoles: ¿Cómo se puede estar en contra de que la gente se exprese? No dejar votar a la gente, eso sí sería dar un verdadero golpe de estado… Barbaridades como éstas se están leyendo estos días, negro sobre blanco. Palabras que provienen no ya de los creadores de opinión en nómina del nacionalismo, sino que han sido pronunciadas por las máximas autoridades políticas de Cataluña.

Hay muchas formas de argumentar que el referéndum que los nacionalistas exigen es ilegítimo, pero el sentido común nos permite sintetizarlas, como apunta el título, con dos aproximaciones básicas: el referéndum es ilegítimo, en primer lugar, por injusto; el referéndum es ilegítimo, en segundo lugar, por ilegal.

El referéndum es ilegítimo porque es injusto. ¿Puede defenderse como legítimo algo que es manifiestamente injusto? En buena lógica, no: se trata de una incompatibilidad de términos. ¿Y por qué es injusto el referéndum? Por lo siguiente: no puede ser justo que una parte de la población decida sobre un problema que afecta a una población mayor. Este tema es capital, es la plasmación práctica de la idea de soberanía nacional, y sobre él, lógicamente, el nacionalismo pasa de puntillas, para percutir en la propaganda sobre el presunto valor democrático del acto de votar. Pero, ¿quién debería votar?

¿Acaso alguien, con dos dedos de frente, puede dudar de que la desintegración de un Estado –de un Estado democrático, cabe no olvidarlo- tendría unas consecuencias tremendas, duraderas e imprevisibles no sólo para los catalanes, sino para la totalidad de los españoles? ¿Se puede considerar justo que los catalanes voten y con ello condicionen de una manera inimaginable la vida del resto de españoles? ¿Pueden los catalanes privar de derechos –del mayor derecho democrático, que es el del sufragio- al resto de sus compatriotas? ¿Pueden alterar su futuro unilateralmente? Desde una elemental perspectiva de justicia, es un auténtico disparate, algo así como si el resto de los españoles decidiera, mediante referéndum, eliminar la autonomía de Cataluña: un absurdo éste que, por cierto, sería revocado de inmediato por nuestra justicia constitucional.

La evolución desde los regímenes liberales del siglo XIX hasta nuestros Estados democráticos de hoy se logró mediante la lucha por la ampliación sucesiva del derecho de sufragio: al principio votaban los ricos, luego votaron los que no lo eran tanto, luego la totalidad de los hombres a partir de una edad, finalmente las mujeres. Privar a una parte de la población de su derecho de voto en algo que le concierne es profundamente reaccionario y antidemocrático: el referéndum, tal como lo plantean los nacionalistas, no es un derecho a decidir, es un derecho a excluir. Por ello, precisamente, la ciencia política, por un lado, establece como operativo el derecho de autodeterminación para una serie de situaciones perfectamente regladas –opresión por parte del Estado a grupos étnicos o culturales, apropiación ilícita de un territorio-. Y, por otro lado, establece cuál es la solución más lógica para un caso como el de Cataluña, que no es otra que el ejercicio de su autogobierno. Perfeccionar y discutir el alcance y el sentido del mismo es una cuestión política que a todos nos atañe; de igual modo, nos incumbe desenmascarar la mentira de quienes no dudan en hacer saltar por los aires la convivencia entre catalanes y entre catalanes y el resto de españoles, y lo hacen poniéndose una máscara de impostada pureza democrática.

En segundo lugar, el referéndum es ilegítimo por ser ilegal. Los secesionistas han intoxicado a la opinión pública con la idea de que lo verdaderamente democrático es que la ley se pueda incumplir si la gente la considera injusta, si, de algún modo, hemos llegado al consenso -¿quién crea ese consenso?- de que ya no es pertinente, está anticuada o queremos simplemente cambiarla por una decisión de la mayoría. Pues bien: no puede haber una falsificación mayor de lo que es un sistema democrático-liberal que ese tipo de afirmaciones. Esas aseveraciones son la esencia del peor populismo y abren la puerta a la tiranía del poder político. La ley, cuando es democrática, no puede considerarse opuesta a la democracia ni a la justicia, al contrario: sin respeto a la ley no hay democracia posible. Y esto, contra lo que de un modo inmoral se intenta inocular en la gente, no es una idea conservadora, ni de derechas. Todo lo contrario: la esencia de la cultura política republicana se halla en afirmar el imperio de la ley como fórmula fundamental para proteger a la ciudadanía de las arbitrariedades del poder político: no hay otro modo de defender a la población de los abusos del poderoso que el sometimiento estricto a la ley por parte de todos.

Nuestras democracias –parece que se olvida por parte de muchos- son democracias liberales: por ello, el mecanismo mayoritario se complementa, obligatoriamente, con principios del liberalismo político como son la existencia de derechos y libertades garantizados constitucionalmente, el respeto a las minorías, la división de poderes o el imperio de la ley. Tales protecciones evitan, en la práctica de la vida pública, que mediante una elección y apelando a la mayoría, políticos irresponsables, tras una campaña de intoxicación sin precedentes, puedan convencer a la ciudadanía para destruir “democráticamente” la democracia, haciéndole creer, además, que está ejerciendo la democracia.

Nada más falso y fraudulento que una clase política que, desde su atalaya de poder, halaga al ciudadano para preservar, ampliar y blindar sus propios intereses. Nada más criticable que engañar sobre la propia idea de democracia, sobre lo que es posible y lo que no es posible hacer mediante el voto. Nada más inmoral que destrozar la convivencia y hacer pasar por democracia lo que no es más que la culminación de un proyecto de ingeniería nacionalista. El referéndum del 1 de octubre representa todo eso, y no el inicio de ninguna senda democrática hacia una pretendida Ítaca.

Politólogo, periodista, guionista y cineasta.