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EL PERIÓDICO
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Los arrendamientos y el COVID


Fruto del Estado de Alarma establecido por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para luchar contra la pandemia del Covid-19, el Gobierno de España dictó una normativa específica para proteger a los arrendatarios durante el tiempo que durase el Estado de Alarma y para los meses venideros.

Dicha normativa se encuentra regulada en los Reales Decretos Ley 11/2020, 15/2020, 25/2020 y 26/2020. Asimismo, se han dictado una serie de Órdenes Ministeriales que completan lo recogido en los Reales Decretos Ley En este artículo intentaré sintetizar la mayor parte de las medidas que se establecen y sus consecuencias jurídicas.

En primer término, podemos señalar que se regulan una serie de ayudas o préstamos para poder hacer frente al alquiler, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en la normativa. La gestión de dichas ayudas corresponde a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Como condiciones subjetivas, se establece que se trate de arrendatarios de vivienda habitual, con contrato en vigor, que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y que cumplan los siguientes requisitos:

1) Que el arrendatario o alguno de los miembros de la unidad familiar se encuentre afectado por una circunstancia que implique una reducción de ingresos como consecuencia de la expansión del COVID-19 (ya sea por ERTE, reducciones de jornada para cuidado de familiares, cese de actividad, etc).

2) Que el conjunto de los ingresos de la unidad familiar, es decir, de todos los que viven en la casa, no supere, el mes anterior al que se pide la ayuda, 5 veces el IPREM (2.689,20 euros).

3) Que la renta arrendaticia más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

Dichos requisitos no son alternativos, es decir, hay que cumplir todos ellos. Asimismo, se exige que tampoco se sea propietario de una vivienda, ya que, podría abandonar el arrendamiento actual e irse a su vivienda.

En segundo lugar, se establece una moratoria para los desahucios. En este sentido, se paralizarán los desahucios hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales competentes estimen oportunas, por un periodo máximo de seis meses, desde la entrada en vigor del decreto.

En tercer lugar, se recoge una prórroga de los contratos de arrendamiento. Podrán solicitarla los arrendatarios cuyo contrato expire entre la entrada en vigor del Decreto y el 30 de septiembre de 2020, y por un periodo máximo de seis meses. No obstante, debemos de tener en cuenta que, en estos casos, la prórroga extraordinaria solo se realizará con el consentimiento del arrendador.

En cuarto lugar se establece una moratoria de pago de la deuda arrendaticia. La moratoria también tendrá como plazo máximo el 30 de septiembre de 2020 y exige como requisito subjetivo encontrarse en situación de vulnerabilidad económica.

En este caso, la vulnerabilidad económica exige no exceder de 3 veces el IPREM, salvo que se convivan hijos menores, personas mayores de 65 años o con una discapacidad igual o superior al 33%, o que el propio arrendatario sea persona mayor de 65 años o tenga discapacidad o una enfermedad muy grave. En tales supuestos, se establece un factor más amplio. Dicha moratoria será obligatoria en el caso de grandes tenedores de inmuebles (más de diez inmuebles), entidad pública o empresa.

Por supuesto, todas estas medidas se establecen sin perjuicio de que las partes del contrato puedan llegar a acuerdos distintos, pero dependerán de la buena fe y las ganas de pactar que tenga arrendador y arrendatario.

En definitiva, podemos decir que en un momento de crisis económica y sanitaria, y con el gran colapso de nuestros Juzgados, arrendadores y arrendatarios van a tener que llegar a acuerdos durante los próximos meses para solventar los problemas por impago de rentas que se vayan suscitando. En estos casos, un buen asesoramiento profesional es de vital importancia y los abogados vamos a jugar un papel capital, no solo para asesorar a los clientes, sino también para negociar acuerdos que puedan beneficiar a las dos partes.