Realidades peruanas en emergencia por la Covid-19

En este documento, un grupo de científicos sociales –a solicitud del Ministerio de Salud (Minsa)– realizó un diagnostico crítico y revelador sobre las debilidades que tiene el país. Se divide en siete secciones: los trabajadores informales, la migración venezolana, las mujeres, los niños /as y los adolescentes, la población penitenciaria, los pueblos indígenas y los adultos mayores.

“Es una oportunidad para reformar el sistema laboral”, dice el sociólogo Omar Manky a El OBRERO. Antes de la crisis provocada por la Covid-19, más del 70% de los trabajadores del Perú eran informales. Bajo ese preámbulo, Manky trabajó en base a cinco puntos: los mercados y centros de comercio, el transporte público, los vendedores ambulantes y las trabajadoras del hogar. “Me base en un estudio realizado por el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade)”, menciona Manky. “Es importante mapear los puntos peligrosos donde pueda haber contagios”, añade.

El investigador de la Universidad del Pacifico señala que, más allá de la presencia policial y militar, se requiere de una cooperación permanente con los dirigentes de los mercados más grandes de Lima para evitar las aglomeraciones en sus propios recintos. “Ellos organizan a sus sindicatos para que tengan los implementos necesarios para trabajar”, expone. “Y así se logra gestionar las entradas, salidas y horas a los mercados bajo la estricta fiscalización municipal como se hace en Surquillo o en el Gran Mayorista de Santa Anita”, apunta. Seguidamente, Manky realiza el análisis sobre el transporte público.

“Esta pandemia permitirá otras formas de movilizarnos”, acota. El investigador expone que, dada la sobrecarga de buses en las calles, la peatonalización y la utilización de las bicicletas resultan propuestas a implementar a futuro. “Así se evitaría a los taxis colectiveros que inundan la ciudad”, agrega. Otro punto que se desgrana se refiere a los vendedores ambulantes. “En vez de etiquetarlos como un problema, las autoridades deben incluirlos como aliados para que jueguen un rol en el desarrollo del espacio público”, analiza. “Deben ser ubicados en espacios donde puedan trabajar libremente y cumpliendo las normas municipales”, acota. “Queda claro que salud no se puede desligar del trabajo”, zanja.

“Es una oportunidad para darle un giro a la política migratoria”, enfatiza la politóloga Luisa Feline a El OBRERO. En base a su experiencia en temas de políticas de inmigración y refugio, trabajó al lado del investigador Gustav Brauckmeyer sobre el impacto de la pandemia en la población venezolana. “Queda claro que los más de 860 mil venezolanos en el Perú tienen realidades distintas”, analiza Feline.

En efecto, los problemas más recurrentes que tiene esta población son el estatus migratorio, la vulnerabilidad, las condiciones de vivienda, el acceso a los servicios de salud, tener ingresos económicos y contar con redes de apoyo para sobrevivir. “Y este panorama se ha agudizado con la actual emergencia”, agrega.

Según Feline, una encuesta de Equilibrium CenDE reveló que el 33% de los migrantes venezolanos había perdido su empleo, el 77% no estaba abastecido de alimentos para afrontar la cuarentena, solo el 5% manifestaba tener los recursos económicos suficientes, el 52% se vio en riesgo de sufrir un desalojo, al 48% buscaron atención por sospecha de Covid-19 pero no se les había realizado la prueba y el 29% afirmó tener su estatus migratorio vencido. Con esta data dura y critica, la investigadora de la Universidad del Pacifico menciona las medidas que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe aplicar a corto plazo para atender al éxodo del país caribeño.

“Se debe llegar a los 250 000 venezolanos que están en situación vulnerable”, señala Feline. “Y tratar de incluirlos dentro de las actividades de reactivación económica”, añade. Eso conlleva a que tengan facilidades para ser contratados y les sean validados sus títulos profesionales ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) para ejerzan sus carreras en el Perú. En la formula también se incluye la regularización del estatus migratorio para evitar las campañas de xenofobia. Todo este esfuerzo –recalca Feline– se debe articular con los organismos internacionales, ONG y demás actores clave en la entrega de asistencia.

“Ponemos en vigencia, una vez más, el drama de la violencia contra la mujer”, reflexiona la historiadora María Emma Manarelli a El OBRERO. Para tratar de cerrar la brecha de este problema, la también ex directora de la Biblioteca Nacional trabajó con las investigadoras feministas Angélica Motta, Carmen Yon, Erika Figueroa y Katherine Soto. “La violencia se trasladó al espacio doméstico”, enfatiza Manarelli. “Allí, el Estado no ha querido intervenir los hogares donde predominan los patriarcas domésticos”.

Manarelli también hace referencia a la política que el Gobierno aplicó para señalar que días salían las mujeres y los hombres a las calles. “Su eliminación fue error porque ha demostrado esa desigual división del trabajo doméstico en casa”, argumenta. Entre las recomendaciones que han llegado a concluir en su grupo de trabajo se encuentran descentralizar la línea 100 para que haya más cobertura a las denuncias de violencia contra la mujer.

Además, extender la infraestructura de las casas refugios, utilizar tecnología de punta para monitorear los hogares donde se denunció violencia contra la mujer, comprometer a las autoridades en la necesidad de establecer redes comunitarias para buscar a las desaparecidas, apoyar a las madres que crían solas a sus hijos, así como proteger a los integrantes de la comunidad LGTBI.

“Buscamos reflejar lo que viven en una situación vulnerable”, menciona el historiador Manuel Burga a El OBRERO. Con este objetivo, el también ex director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) trabajó junto a los investigadores Adriana Urrutia, Ricardo Cuenca y Pilar Collantes sobre cómo afecta la pandemia a los niños/as y los adolescentes.

“La parte más crítica es que en los hogares se ha dado violencia contra esta población”, explica Burga. “Y eso se puede ejemplificar en que muchos niños y niñas tiene una dependencia emocional y económica de sus padres”, acota. Según el Ministerio de Trabajo, hay 1,7 millones de jóvenes entre 15 y 24 años que laboran de manera dependiente. El 78% de estos trabajadores dependientes tienen empleos informales.

Bajo ese panorama, el grupo de trabajo que encabezó Burga recomendó que se refuerce la atención de salud mental desde los municipios para no agudizar la precarización de la condición laboral y el incremento de la carga familiar que aumenta la ansiedad, el estrés y la depresión. Además, se refuercen campañas y acciones de prevención de embarazo adolescente, así como usar el programa “Aprendo en casa” como una plataforma de lucha contra la violencia.

“Debemos echarle una mirada a lo que ocurre en la Amazonía”, considera la antropóloga Norma Correa a El OBRERO. En efecto, la pandemia del coronavirus ha evidenciado que 20 comunidades indígenas se han visto expuestas a esta letal enfermedad. Según el Ministerio de Salud (Minsa), hay un total de 43 indígenas infectados por Covid-19. Sin embargo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) considera que la cifra es mayor. “El Estado empezó tarde su lucha por ellos”, señala Correa. La investigadora de la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP) se refiere así a los protocolos que recién se publicaron el domingo 10 para atender a los pueblos indígenas.

Correa enfatiza que debe haber una agenda integral por parte del Estado con estas comunidades. En esta emergencia del Covid-19 se tiene, por ahora, ejecutar algunas medidas inmediatas. “La promulgación de un decreto de urgencia para atenderlos de manera diferenciada”, expone. “Crear una comisión de alto nivel para supervisar la respuesta sanitaria que se les brindan”, agrega. “Establecer protocolos para la entrega de alimentos, los paquetes de apoyo comunitario y las transferencias de los bonos para que eviten las aglomeraciones”, acota.

Sin embargo, superada esta pandemia, Correa zanja con tres pilares que deben trabajar con las comunidades indígenas: recursos naturales y extracción, estrategias para la reparación de la pobreza y un control territorial para atacar problemas como la trata de personas, la tala de árboles y la minería ilegal.

“Lamentablemente, la alta rotación de los altos cargos directivos impide una reforma penitenciaria”, refiere el sociólogo José Luis Pérez Guadalupe a El OBRERO. El ex director del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) desarrolló una serie de medidas para solucionar la situación en las cárceles del país. “En los últimos cinco años hubo cinco directores del INPE”, explica. “Eso se complementa con que no se tuvo una buena gestión por desconocimiento del sector”, añade.

El ex ministro del Interior recomienda revisar la política criminal del Estado respecto a la prisión preventiva, masificar el uso de grilletes electrónicos, ampliar y aplicar las penas alternativas a la pena privativa de libertad, retomar la política de construcción de penales para atacar el problema del hacinamiento, entre otros puntos.

Actualmente, a estas realidades, también se enfrenta la complicada situación de no tener garantizada una vacuna contra la Covid-19 que, al cierre de este reportaje, había provocado la infección de 1.1 millones y la muerte de 37 mil en Perú. Cifras que, sin duda, podrían agravarse más con una segunda ola del virus.