Mientras la economía mundial se recuperaba de la crisis causada por la pandemia del coronavirus, el Fondo Monetario Internacional arrojó otro jarro de agua fría sobre las perspectivas financieras globales indicando que la guerra en Ucrania desacelerará el crecimiento económico y avivará la inflación.
España cuenta hoy con un sistema público sostenible, actualizado y robusto y no es precisamente gracias al Partido Popular. El pasado día 22 de diciembre, el Senado dio luz verde a la 'Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones', un proyecto que nace de un amplio consenso en la comisión permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, que fue refrendado en la Mesa de Diálogo Social con los agentes sociales y las organizaciones empresariales y que cuenta con el visto bueno de la Unión Europea, en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Un acuerdo que se fragua después de 10 años del anterior y necesario para modernizar y actualizar nuestro sistema público de pensiones.
Algunos medios de comunicación y economistas liberales, desde mi punto de vista, parten de un argumento equivocado, o más bien, con la intención de equivocar al lector, de crear incertidumbre o desconfianza, porque parten del concepto equivocado de querer tratar o comparar la Seguridad Social con una empresa privada. La Seguridad Social es un derecho, contemplado en el art. 49 de nuestra Constitución Española, y como tal, debe garantizarse. Por eso no comparto el término “sostenibilidad” dentro del Sistema Púbico de Seguridad Social, porque los derechos no deben estar sujetos a la sostenibilidad ni a la suficiencia económica, es como pretender que la educación o la sanidad sean sostenibles.
Nuestro actual sistema público de pensiones se sustenta al amparo del artículo 41 de la Constitución Española, el cual determina que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.
