La paradoja es, sin duda, uno de los rasgos más característicos del momento político presente y una definición bastante fidedigna para su reflejo mediático.
Abascal es más bruto que Feijóo, sí. Olona es más descarada que Gamarra, también.
El Presidente del Gobierno calificó de “política malsana” el comportamiento de los grupos parlamentarios que intentaron tumbar este jueves las medidas decretadas para proteger a la población española frente a las consecuencias de la guerra de Putin.
De Almeida a Piqué, de Ayuso al duque de Feria. Todos aseguran que el cobro de comisiones millonarias por mediar en contratos es “lo normal”, “perfectamente legal”, “el mundo en que nos movemos”, “acorde al mercado”…
Fue Karl Popper quien alertó sobre los límites de una sociedad tolerante. Tolerar a los intolerantes pone en riesgo nuestra supervivencia como sociedad. Por eso en Europa se reclama un cordón sanitario ante el avance de los intolerantes. Y por eso en España denunciamos al PP de Feijóo cuando intenta normalizar el acceso de los intolerantes al poder.
En los primeros días de este mes de abril han sido asesinadas tres mujeres.
Ninguno de estos asesinatos fue primera, segunda o tercera noticia en los medios de comunicación. Tampoco fueron objeto de iniciativas o declaraciones políticas relevantes, reservadas casi siempre para la guerra de Ucrania, la inflación, el conflicto del Sáhara…
La crisis del PP es de proyecto, no de caras. Por eso el congreso de Sevilla deja insatisfechos a sus votantes.
La derecha asegura cada día que cuantos menos impuestos haya, mejor. De hecho, ante cada problema, en cualquier ámbito, la primera propuesta que plantea es siempre la de reducir los impuestos.
El barómetro del mes de marzo del CIS incluye un dato que dice mucho acerca de los valores predominantes en la sociedad española: el 97,4% de la ciudadanía está muy o bastante de acuerdo con enviar la ayuda posible a la población ucrania. Se trata del mayor porcentaje de apoyo registrado a este respecto en el conjunto de los países europeos.
Este último viernes la agencia internacional de prensa REUTERS dedicaba a España uno de sus titulares más llamativos.
Ellos nunca tienen dudas.
Jamás titubean.
Siempre tienen las cosas claras.
Dicen lo que piensan, a diferencia de los demás políticos, temerosos de las consecuencias de sus palabras.
Piensan lo que piensan muchos y no se atreven a decir, sobre las mujeres, sobre los homosexuales, sobre los inmigrantes…
Nos creíamos a salvo de tiranos o, al menos, a salvo de tiranos con capacidad para amenazar la civilización e incluso nuestras vidas.
Pensábamos que el riesgo de la guerra se situaría siempre en lugares remotos, con estados fallidos, alimentada por conflictos tribales o de fanatismos religiosos, muy alejados de nuestra existencia reglada y garantista.
Hablemos claro. La derecha no ataca al CIS porque entienda que falsea las encuestas. Jamás han podido mostrar prueba alguna de lo que no existe. Ninguna denuncia de su sicariato prosperó jamás. Mienten y saben que mienten.
Vox es una fuerza política peligrosa para la convivencia democrática, y la estrategia del líder del Partido Popular le ha hecho más influyente. Esta es la principal conclusión de la jornada electoral del 13 de febrero.
El pasado día 3 de febrero debía ser un buen día para el parlamentarismo en España. Los representantes de la ciudadanía debatíamos la convalidación de una norma que mejoraba las condiciones de trabajo de millones de españoles y de españolas. Sin embargo, la sensación al final de la jornada fue en buena medida de bochorno.
Ya está bien.
La economía española no se ha dado un “batacazo”, sino que ha crecido durante el año 2021, y no al 1%, ni al 2%, ni al 3%, sino al 5%.
Porque la decisión que tienen que adoptar los grupos parlamentarios el próximo 3 de febrero es tan fácil como esto. O se está a favor o se está en contra de elevar el salario de miles de trabajadores y trabajadoras, a los que, gracias a la reforma laboral, se les aplicará ahora un convenio sectorial más ventajoso.
No es fácil hacer oposición.
Cada día sufres porque la mejor de tus propuestas tiene menos repercusión que cualquier iniciativa del gobierno. Resulta casi imposible influir en la agenda mediática. Da igual sobre qué quieras hablar hoy, porque te obligarán a pronunciarte sobre aquello de lo que prefieres no hablar.
En este comienzo de año, las principales fuerzas políticas se enfrentan a la decisión de respaldar o rechazar el acuerdo alcanzado por trabajadores y empresarios a fin de mejorar la regulación del mercado de trabajo en España. Se trata de una decisión trascendente, con consecuencias muy relevantes para el desarrollo económico y los derechos de trabajadores en el presente y en el futuro, sobre la que cabe reclamar responsabilidad y altura de miras.
No está en mi ánimo reeditar aquella pesadilla antes de navidad que nos regalaron los geniales Selick y Burton, pero puede resultar interesante en estos días imaginar qué hubiera ocurrido durante los dos últimos años si el modelo ejercido por Ayuso en Madrid se hubiera aplicado desde el Gobierno de España.
No es cierto que haya una pandemia de crispación en la política española. Ni en la política, ni en los políticos, ni en el Parlamento. Hay crispación y hay crispadores, sí, pero pueden identificarse y circunscribirse perfectamente, sin generalizar: están en la derecha.
El Partido Socialista pone en marcha en estos días su Agrupación Socialista de la Ciudad de Madrid, y esta iniciativa responde a dos apuestas muy importantes.
A menudo no se valora debidamente lo que se tiene hasta que se pierde, o hasta que se ve de cerca el riesgo de perderlo. Viajar también ayuda.
En el año 2015, el gobierno del PP impuso una ley para reprimir la contestación ciudadana a sus recortes de derechos y libertades. La llamamos “ley mordaza”.
