La promulgación de leyes de memoria democrática constituye un deber moral para aquellas sociedades que han conquistado la democracia tras sufrir regímenes dictatoriales. Se trata de una obligación ética ineludible para valorar debidamente lo conquistado, para evitar el olvido y para neutralizar los intentos de reversión.
La derecha en la oposición comete una y otra vez el mismo error. Hablan mal de España con la intención de desgastar a su Gobierno.
Nuestras sociedades, pretendidamente avanzadas en la defensa de los derechos humanos, conviven con un enorme agujero negro de explotación sexual cotidiana con miles de mujeres y niñas como víctimas.
Vivimos una paradoja curiosa en la percepción de la ciudadanía respecto de las relaciones entre los diferentes actores políticos en España.
No ha sido solo el 40 congreso socialista. Ni los triunfos electorales en Alemania, en Italia, en Portugal y en los países nórdicos. O el giro de 180 grados en los postulados antes liberales de los gurús económicos en el FMI, el BCE y la OCDE. O la rectificación de la Comisión Europea respecto a la crisis de 2008. O el giro doctrinal que se demuestra en el perfil de los últimos premios Nobel de economía…
Ser joven nunca fue fácil. Sin embargo, casi siempre se mantuvo en vigor una especie de contrato generacional implícito. Ese pacto no escrito aseguraba cierta proporcionalidad entre el esfuerzo que el joven estaba dispuesto a desarrollar, el nivel de su formación y la calidad del empleo al que podía acceder. La disposición de un empleo garantizaba razonablemente también una vida digna e independiente.
En la semana de su convención nacional, el PP se ha opuesto a la subida de las pensiones conforme al coste de la vida, a pesar del acuerdo social cerrado con trabajadores y empresarios.
En estos días estamos asistiendo a una inequívoca escalada en el activismo ultraderechista, que se manifiesta tanto en las instituciones democráticas como en la propia sociedad española.
Nada hay tan antiguo en la filosofía moral como la dialéctica entre universalistas y relativistas. Siempre ha habido defensores de una moralidad objetivable, universal y de legítima imposición. Y siempre se ha escuchado a quienes esgrimen que, en realidad, cada valor moral resulta válido para un lugar y una circunstancia concreta, pudiendo ser diferente e igualmente legítimo para otro sitio y otro tiempo.
Cada vez en mayor medida, la acción política se está convirtiendo en una especie de cacería, en la que los éxitos no se miden en función de los problemas resueltos, sino en función del número de enemigos heridos y abatidos.
La socialdemocracia alemana ha sido tradicionalmente fuente de inspiración para el conjunto de los socialistas europeos. Y en estos tiempos de transformaciones líquidas, de significantes sin significados y de tartufismo político sin medida, el candidato del SPD a la cancillería se ha atrevido a centrar su campaña en una idea revolucionaria: el respeto.
Todo parece indicar que afrontamos la fase final de la mayor crisis sufrida en nuestro país desde la recuperación de la democracia. Los daños ocasionados por la pandemia han sido muy graves, pero la sociedad española ha reaccionado con un grado encomiable de entereza, civismo y solidaridad.
El nivel de desencuentro y confrontación que se está alcanzando en la política española no tiene parangón en nuestra historia reciente ni en el contexto europeo más cercano.
Porque fueron 450 mil las vidas que salvó el Estado de Alarma durante las fases más cruentas de la pandemia.
Se veía venir. Según el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, las agresiones relacionadas con los delitos de odio han aumentado un 45% desde el año 2013.
En estos días se convoca el 40 Congreso del PSOE y centenares de miles de hombres y mujeres socialistas reafirman el orgullo de formar parte de un proyecto político importante.
La derecha se empeña en dibujar un panorama de inestabilidad e ingobernabilidad que no se corresponde con la realidad del país.
La violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres existe. Lo llamamos violencia de género, y negar su existencia no solo es muestra de ignorancia, sino causa de complicidad en su persistencia.
El conflicto catalán ha ocasionado demasiados destrozos ya en nuestra convivencia. Se han malgastado ya demasiadas energías en defensa del “procés” y en su contra.
El caso Kitchen no es un caso más de corrupción del PP. Su gravedad afecta a la legitimidad misma de nuestro Estado de Derecho. Por eso, Casado no puede despacharlo con un “eso es cosa de otro tiempo”.
Patriotismo es buscar el bien común por encima de intereses propios y cálculos partidistas.
Y patriotismo no es agitar las emociones patrias para sacar partido propio o ajustar cuentas con el adversario.
En Ceuta vivimos una crisis que no es solo migratoria, y que va más allá del conflicto diplomático o de la amenaza a nuestra integridad territorial.
Buena parte de los comunicadores de la derecha están empeñados en mostrar cada día un panorama caótico, desolador y terriblemente pesimista para nuestro país.
Las elecciones de Madrid eran innecesarias, y su resultado no ha producido cambio relevante alguno.
