Mucho se ha hablado de la controvertida sentencia del Tribunal Constitucional en que éste considera el confinamiento como una verdadera anulación y no solo como una restricción de la movilidad, y que por ello concluye que debería haberse dictado el estado de excepción por el parlamento y no el estado de alarma por parte del gobierno, declarando en consecuencia su inconstitucionalidad. Sin embargo, se ha hablado menos sobre la trascendencia de esta desafortunada sentencia del TC sobre la salud pública, tanto sobre las medidas como el confinamiento domiciliario como con respecto a su cobertura legal, en el caso de futuras pandemias o catástrofes, por otra parte cada día más probables.

Al final no hubo cuarta ola como tal en el conjunto de España, las medidas de control y sobre todo la vacunación funcionaron en la mayoría de las CCAA que lograron mantener una incidencia sostenida a la baja, si bien todavía superior al objetivo enunciado de los cincuenta casos por cien mil en catorce días. No cumplíamos pues el objetivo de incidencia acumulada previsto para flexibilizar las medidas de control, a diferencia de la primera ola en que la incidencia llegó a ser prácticamente inapreciable.

Continuamos inmersos en los maniqueos populistas, incluso en el seno del Tribunal Constitucional, esta vez cuestionando la declaración del primer estado de alarma en favor del estado de excepción, con el aval de una mayoría pírrica del órgano. Y todo por una cuestión de grado, en relación al momento en que el nivel de la limitación se convierte en anulación de la movilidad. Una interpretación dogmática que elude el contexto de una pandemia sin precedentes en el periodo de vigencia de la actual Constitución y por tanto de la consiguiente urgencia en la respuesta.

Desde un inicio, fue la desconfianza. Porque si algo ha caracterizado el curso de esta pandemia ha sido la desconfianza, primero en los precedentes y el origen del virus, luego en los organismos internacionales y el gobiernos encargados de contenerla y ahora, en su tramo final, en la disponibilidad y seguridad de las vacunas.

En estos tiempos populistas, los partidos dedican ya la mayor parte de su actividad a sí mismos: a la difusión y agitación de su relato, a la defensa y la disputa del espacio electoral propio o a sus movimientos internos, las más de las veces de adhesión personal, dejando las propuestas, la negociación y el gobierno de las cosas en un segundo plano. La derecha parece haberlo entendido en la Comunidad de Madrid mejor que nadie, con su refundación trumpista y radical.

Asistimos a la crisis de los partidos populistas originarios en este segundo año de pandemia. De lo que fueron Podemos como de Ciudadanos, que después de una sangría progresiva de su importante número de votos con su aterrizaje en las instituciones, ahora se enfrentan a un declive, es verdad que de distinta intensidad, junto a la práctica implosión de su modelo de nuevo partido.

Pablo Iglesias se presenta hoy ante ustedes como salvador del proyecto en Madrid, generoso y valiente al abandonar su responsabilidad como vicepresidente del gobierno, convencido feminista, designando su relevo en la persona de Yolanda Díaz, eficaz ministra de trabajo, y ante todo como humilde y unitario en la izquierda para arrebatarle Madrid al fascismo. Épica, ética y estética populista en estado puro.

Sostiene el gobierno conservador de la comunidad de Madrid que piensan acatar, pero al tiempo recurrir ante los tribunales de justicia la orden ministerial derivada del acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud sobre el cierre perimetral y otras restricciones de horarios y aforos ante la próxima semana santa y el puente de San José. Al parecer, su razón es doble, por una parte de contenido: la inutilidad de los cierres perimetrales y por otra de forma: que para el gobierno madrileño el acuerdo solo y exclusivamente debería ser por consenso y no un acuerdo mayoritario, cosa que precisamente es debida a su oposición.

El mismo Tribunal Superior de Justicia de Madrid que en Octubre negó que la ley de cohesión y calidad, utilizada por el ministerio de sanidad y las CCAA para el cierre perimetral de Madrid, tuviera habilitación, en base a las medidas de coordinación en salud pública, para limitar el derecho a la mera movilidad, ahora por el contrario, acaba de avalar la decisión de la delegación del gobierno de prohibir el derecho fundamental de reunión y manifestación de las mujeres madrileñas en el ocho de Marzo, aduciendo razones de preservación de la salud pública.

Se ha convertido en un lugar común que la violencia política no tiene sentido. Pero, vaya si tiene sentido, otra cosa es que sea moralmente reprochable y penalmente punible. La reciente violencia política de la extrema derecha populista en el Capitolio tenía como objetivo evitar la alternancia en la presidencia en los EEUU, pero sobre todo consolidar la imagen de una legitimidad patriótica, al margen de la legalidad y de las instituciones democráticas. La degeneración violenta, una vez más, en las calles de Barcelona, está vez con la excusa de la libertado de expresión, pretenden cerrar el paso a un gobierno transversal, como mensaje constructivo de las recientes elecciones y al tiempo consolidar la imagen de una España como régimen postfranquista frente al cual es legítima la desobediencia, la independencia unilateral al margen de la legalidad e incluso la violencia. En eso estamos.

A lo largo de esta pandemia, además de los habituales negacionistas y profetas del apocalipsis, como en tantas pestes del pasado, hay también quienes nos imparten una doctrina infalible, nunca se equivocan y siempre ven el error en el ojo ajeno y nada en el propio.