(Una ley de punto final a la renovación del Consejo General del Poder Judicial)

El año 2022 será recordado por la invasión y la guerra de Ucrania. Aunque continúen también otras formas de guerra política como la del nacional populismo, aprovechándose las debilidades de la democracia representativa, y la del machismo contra la vida, los derechosy la igualdad de las mujeres.

Ante el escenario de un año electoral, primero en el ámbito local y autonómico y finalmente en las próximas generales, las últimas encuestas muestran el rápido debilitamiento del llamado efecto Feijóo en la intención de voto del Partido Popular, tanto en el apoyo de los propios como de su inicial atracción entre los anteriores votantes de ciudadanos y de Vox dentro de la derecha y sobre todo de los sectores templados del PSOE seducidos por la moderación proclamada por Núñez Feijóo. Lo cierto es que hechos como la alianza con la ultraderecha en el gobierno de Castilla y León y en general la vuelta a la estrategia de deslegitimación, la oposición sistemática a las medidas frente a la inflación y el bloqueo institucional lo han acabado desmientiendo. Algo que ya está generando inquietud entre los sectores económicos, políticos y mediaticos que creían haber apostado por un caballo ganador.

La negativa a responder a la impugnación de los dos magistrados con mandato caducado y la resolución de medidas cautelares para evitar su propia renovación, mediante la paralización preventiva del proceso legislativo en el parlamento, ponen en evidencia no solo su dramática división interna degradado a órgano de parte, sino también su subversión como oposición política y el consiguiente deterioro de la ya escasa credibilidad y la autoridad propias de un Tribunal Constitucional.

Como se temía, el Tribunal Constitucional situado ante la disyuntiva de dividir y deteriorar aún más la imagen de la institución para hacer oposición política al gobierno de la izquierda o consolidar el clima de consenso, que apenas se había iniciado a raíz del acuerdo para su reciente renovación, sin embargo ha preferido la división, la polarización interna y la confrontación institucional.

El enfrentamiento entre el tribunal constitucional y el parlamento ha llegado al límite con el intento de la derecha de que el TC adopte medidas cautelarísimas para paralizar preventivamente la tramitación de la proposición de ley reforma del código penal relativa a la secesión y la malversación, junto a las enmiendas para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional actualmente en tramitación, escudándose en la incongruencia de las enmiendas con el texto inicial y por tanto en una supuesta limitación al derecho a la participación política de sus grupos parlamentarios.

La profecía de la recesión y la ruina, anunciada y agitada por parte de la derecha, no acaba de cumplirse. Por eso, llega ahora el apocalipsis aprovechando las reformas en marcha del Código Penal.

En esta legislatura se ha producido un salto cualitativo en el nivel de polarización política y crispación del debate en el Congreso de los Diputados, hasta el límite de que la agresividad y el insulto se han impuesto en el imaginario colectivo a su papel fundamental en la democracia representativa como marco para la deliberación, el diálogo, la negociación y el acuerdo político y como consecuencia se ha incrementado el deterioro de su funcionalidad e imagen pública y con ello se viene favoreciendo el caldo de cultivo de la antipolítica entre la ciudadanía.

A la reforma de la sedición, actualmente en marcha, con objeto de homologar con penas proporcionadas el tipo delictivo con nuestro entorno europeo como se ha visto con el rechazo de las extradiciones, se le ha añadido ahora la enmienda de ERC sobre rebaja de penas a la malversación sin obtención de lucro propio, con el objetivo de desmontar la reforma del código penal promovida en su momento por el gobierno Rajoy como estrategia penal frente al primer referéndum de independencia de Cataluña. Una estrategia que como hemos comprobado fracasó estrepitosamente.

Se cumple un nuevo cumpleaños de la Constitución del setenta y ocho en el que de nuevo nos encontraremos en un deja vu, atrapados entre la exégesis nostálgica de la Transición, el veto de la derecha a cualquier reforma y también con las posiciones constituyentes de máximos de algunos nacionalismos y de una parte de la izquierda.

Recientemente, en el contexto de la aprobación de los terceros presupuestos que garantizan la gobernabilidad durante un último año de la legislatura eminentemente electoral, dentro del gobierno de coalición se han precipitado una serie de conflictos afectando a varias de las carteras ministeriales, que corren el riesgo de distorsionar su imagen en un momento decisivo, pero que remiten también al contexto populista y a su modelo de cogobierno o gobierno compartido acordado al inicio de la legislatura, que es urgente corregir.

El tramo final del periodo ordinario del Congreso de los Diputados ha puesto en evidencia la estabilidad del gobierno progresista y la solidez de la mayoría de investidura en el ámbito de la política socioeconómica, al mismo tiempo que sus debilidades, en particular en el terreno identitario o de la guerra cultural. Por contra, las derechas han mostrado una vez más su debilidad para la alternativa a la situación económica en el ámbito europeo y para el acuerdo parlamentario, y sin embargo la fortaleza de sus expectativas basadas en el endurecimiento de la estrategia de deslegitimación y desestabilización del gobierno de la izquierda, sobre todo en materias relativas a la identidad, apoyándose para ello en los medios de comunicación afines y en su mayoría conservadora en la judicatura y en el poder judicial.

Recientemente hemos sobrepasado la cifra redonda de los ocho mil millones de seres humanos en el planeta, y para la mayoría de los expertos y medios de comunicación estamos lisa y llanamente ante la tan anunciada como incumplida bomba demográfica frente a la que aseguran que es urgente tomar medidas de control. Una valoración alarmista que esconde el dato de la fuerte reducción de la velocidad de crecimiento de la población mundial durante estos últimos años, con la única excepción del África subsahariana, que aunque en menor medida, también ralentiza su crecimiento. Por eso mismo, las últimas proyecciones prevén una población mundial que alcanzará los nueve mil millones en 2037, diez mil millones en 2058 y finalmente se estabilizará en diez mil trescientos millones en 2100.

Hace más de medio siglo, la asistencia sanitaria se repartía entre una asistencia pública domiciliaria (APD) en decadencia en el ámbito rural y los ambulatorios masificados en el medio urbano, en un contexto de intenso desarrollo de un moderno sistema hospitalario.

Acabamos de enredarnos tanto en los anuncios y sugerencias de reforma como en las consecuencias de la última reforma del Código Penal. Primero fue la voluntad del gobierno de suprimir el delito de sedición, luego entre la mayoría de investidura y casi por sorpresa se sugirió la reforma, dicen que quirúrgica, de la pena de malversación de fondos públicos. Ahora, por si fuera poco, arrecia el debate de la aplicación de la ley de solo sí es sí.

Primera tesis:

Lo que ocurre en Madrid nunca se queda en Madrid, es algo que siempre le pasa también al conjunto de España.

La enorme movilización en defensa de la sanidad pública por las principales calles del centro de Madrid ha sido un gran éxito, no solo por su magnitud con cientos de miles de asistentes, sin precedentes cercanos, sino también por su carácter transversal en lo social con la presencia de trabajadores y clases medias, así como de los barrios  y de la zona rural y en lo profesional con la suma de todo tipo de centros y de categorías.

Con el final de los efectos más dramáticos de la pandemia, emerge con más fuerza el síndrome postcovid. Un conjunto de signos y síntomas entre los que han padecido la enfermedad, en particular en su forma más grave. 'Mutatis mutandis' también podríamos decir que los sistemas sanitarios han sufrido y sufren todavía ahora los efectos de la pandemia y su propio síndrome postcovid.

Con la ruptura de la negociación para la renovación del CGPJ, habéis vuelto a atribuir la responsabilidad del fracaso al presidente del gobierno socialcomunista acusándole a su vez de mentiroso, traidor, mal socialista y mal español, recuperando con ello la línea quebrada de las lindezas más clásicas de los tiempos de Pablo Casado como traidor, felón y ególatra.

"Que se hunda España, que nosotros la levantaremos". Montoro. A pesar de la campaña catastrofista de la derecha sobre la economía española, dando continuidad a la ya agotada contra la gestión de la pandemia, los datos recientes tanto de crecimiento del empleo, de mantenimiento a la baja del crecimiento económico como de contención de la inflación, en el dramático contexto de la salida de la pandemia y de la guerra de Ucrania, dibujan un panorama de evolución todavía favorable, es cierto que con unas previsiones de desaceleración económica y de extrema incertidumbre.