Y, lamentablemente, sigue lloviendo. Mil días han pasado desde que caducó el mandato del Consejo General del Poder Judicial, renovado por última vez en 2013 gracias al acuerdo del PSOE (entonces en la oposición) con el PP (en el Gobierno con mayoría absoluta en ese momento). Muchas cosas han sucedido y cambiado desde entonces. Para empezar, que los papeles se han invertido y los que están ahora en la oposición (y acumulando derrotas electorales) son los miembros del Partido Popular. Lo que, desafortunadamente, no cambia es la irresponsabilidad del PP en la oposición, que sigue enrocado en el bloqueo sin (querer) entender que la renovación de los órganos constitucionales es una obligación constitucional, no una simple carta de oposición al Gobierno. Y se hacen llamar "constitucionalistas", ahí es nada.

Juan Gómez Egido¹, destacado dirigente del PSOE en el interior, a quien se conocía como “El Abuelo”, “Valladolid” y “El Pintor” (su oficio), redactó -en el año 1965- un informe hasta ahora practicamente desconocido², en el que sometía a “meditación y consideración” de las Comisiones Ejecutivas del PSOE y de la UGT un “esquema político-social” que contenía su “análisis de lo que cada uno de los grupos o partidos políticos de oposición al régimen franquista representan, sus posibilidades y su fuerza efectiva en el interior”.

Al principio de esta crisis, muchos miraban a Europa con serias dudas sobre el papel que iba a desempeñar. Teniendo como referencia principal la Gran Recesión de 2008, no es de extrañar que los europeos dudasen de la capacidad de la Unión para enfrentarse de nuevo a un reto social, económico y esta vez, antes que nada, sanitario. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que Europa ha estado a la altura. En los últimos meses, la maquinaria europea se ha puesto al máximo de sus capacidades para asegurar una salida justa para los ciudadanos y la economía, pero no a expensas del planeta.