Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, Clara Campoamor, Victoria Kent o Federica Montseny, entre otras, mostrarían su satisfacción si pudieran contemplar los avances en materia de género (aunque todavía queda un largo camino por recorrer) que se han producido en nuestro país. Y, con posterioridad, la de tantas generaciones de mujeres, que han trabajado, aun a sabiendas de los riesgos que corrían, en favor de sus derechos.

Los medios de comunicación internacionales se hacen eco regularmente de episodios de violencia sexual, en todo el planeta, que además de causar un sufrimiento irreparable a los involucrados, zahieren profundamente a los ciudadanos de bien que nunca entenderemos como el ser humano es capaz de semejantes maldades hacia personas adultas (particularmente mujeres) y menores que, por el azar de la vida, se ven expuestos a vivir, en primera persona, lo que nunca debería acontecer. Especial prevalencia tiene en los países en conflicto, como detallaremos más adelante.

Hace pocas semanas quedamos consternados por la pérdida de una extraordinaria actriz española, de la que todos hemos disfrutado de sus numerosas actuaciones en películas y series de las últimas décadas. Una mujer de gran talento, merecedora de varios premios Goya, quien nos regalaba en sus apariciones públicas, alegría, amabilidad y una entrañable sonrisa que nunca olvidaremos. Pero detrás de aquella apariencia, se escondía una persona con una sensibilidad exquisita, a la que la vida, tal como ella misma relató, la golpeó, con etapas muy duras, con la que quizá sea una de las más crueles y desconocidas enfermedades: la de la tristeza y la desesperación.

Este extraordinario texto, merecedor del Premio Nacional de Ensayo 2020, además de otros renombrados reconocimientos, es de lectura indispensable para los amantes de la lectura. Su autora, filóloga de formación, hace un detallado repaso, a través de sus más de 450 páginas, por la historia de los libros en el mundo antiguo, con un estilo que recuerda los cuentos infantiles y que ahonda en los detalles más eruditos y exclusivos de su génesis.

La participación política se coliga a la democracia y la perspectiva de la ciudanía política. En 1949 T.H. Marshall ideó un esquema del proceso histórico de evolución del concepto moderno de ciudadanía, asociado a la conquista de tres tipos de derechos: los civiles, los políticos y los sociales. En primer lugar, planteó, que se conquistaron los derechos civiles, relativos a la libertad y a la igualdad (libertad de la persona, libertad de expresión, de pensamiento y de religión, derecho a la propiedad, a cerrar contratos válidos y derecho a la justicia), posteriormente se alcanzaron los derechos políticos referidos al “derecho a participar en el ejercicio del poder como miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de los miembros del tal cuerpo y su extensión fue una de las principales características del siglo XIX…”[1]. En última instancia, se encumbraron los derechos sociales (bienestar económico, seguridad a participar del patrimonio social, vivir de acuerdo a los estándares de la sociedad).

En la llamada Senda Litoral de la Costa del Sol, un paseo a orillas del mar, en la que tuve el privilegio de estar el pasado verano, encontré a personas de todas las edades que disfrutaban de la belleza del Mediterráneo. Junto al bullicio y alegría de los más pequeños, que correteaban con alborozo, había ancianos que disfrutaban de tan excepcional entorno con la calma que ofrecen los años. Los más venturosos caminaban a buen paso, solos o con sus parejas, denotando que la vida les había respetado y los demás se servían de sus familiares o de cuidadores que les regalaban sonrisas de aliento.

El pasado 29 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística hizo públicos los resultados de la Encuesta sobre las Personas sin hogar-Centros 2020. En ese año se alojaron 17.772 personas de media diaria (4.793 eran mujeres) en los dispositivos dispuestos para esta población en todo el territorio nacional, un 1,3% menos que en 2018 (el 86,2%, el 89% en 2018). De los 1.019 centros, el 16,4% estaba orientado a personas migrantes en situación de “sin hogar”, el 7% en la atención a mujeres víctimas de violencia de género y el 76,6% tenían un carácter más generalista o atendían otras problemáticas. Tan solo los recursos especializados en mujeres víctimas de violencia de género eran mayoritariamente públicos (59,2%), pues el 91% de los dedicados a población migrante eran privados y el 75% en el caso de los de más amplio espectro o los centrados en otras cuestiones.

En mis paseos habituales por el centro de la ciudad en la que resido, he observado que, a lo largo de tiempo, ha ido cambiando el perfil de las mujeres que ejercen la prostitución y que, a buen seguro muchas de ellas, han sido objeto de trata de seres humanos. La prostitución, como fenómeno sociológico, es consustancial a la sociedad dónde se inscribe. Sus formas de manifestarse, su tipología y las personas que la ejercen varían en función de las particularidades de cada momento histórico.

Tras año y medio azotados por un virus letal, que en España ha dejado cerca de 90.000 fallecidos y heridas profundas derivadas de la tristeza por la pérdida de los seres queridos y por los estragos causados en la salud de muchos de los contagiados (86.463 en el momento de escribir estas líneas), la vida va retomando su cotidianeidad (no así en los países menos desarrollados). Las calles de nuestras ciudades se llenan de personas, que compareciera quisieran recuperar el tiempo perdido. Vuelven los atascos, los ruidos, las aglomeraciones, el bullicio, … En ocasiones, me da la impresión de que el tiempo se hubiera detenido desde un ayer, a la par que muy lejano, cercano, y parafraseando la letra de una famosa canción de Julio Iglesias: “Unos que nacen otros morirán. Unos que ríen otros lloraran. Aguas sin cauces ríos sin mar. Penas y glorias guerras y paz… La vida sigue igual”. Pero, ¿sigue igual realmente?, ¿sigue igual para todos?

Según el informe Trabajo infantil: estimaciones mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir, de la OIT y UNICEF[1], publicado en junio pasado 160 millones de niños trabajan en todo el mundo, con un aumento de 8,4 millones desde 2016. Además, varios millones de niños más están, en estos momentos, en situación de riesgo a consecuencia de los efectos de la pandemia de la COVID-19.

La población de la Unión Europea en 2020 alcanzó la cifra de más de 448 millones de personas, si bien disminuyó un 13% tras la salida del Reino Unido. De éstas, 167 millones eran menores de 29 años, a diferencia de las cohortes de personas mayores de 65 años, que se incrementan progresivamente. Desde 2005, en el contexto de los países europeos, hay más personas con más de 65 años (20,3% del total) que menores por debajo de los 14[1]. Según datos del INE, los ciudadanos entre los 20 y los 29 años rozan los 5 millones. Por su parte, 9,1 millones (el 19,7% de la población) tiene una edad superior a los 65 años (el 16,8% en 2010).

La familia, como institución social, ha merecido objeto de numerosas reflexiones a lo largo de la historia del pensamiento social. Desde el mundo clásico hasta la segunda mitad del siglo XIX, los estudios sobre este grupo primario, se enmarcaban dentro de la más pura tradición filosófica e histórica. A partir de ese momento, coincidiendo con el surgimiento de la Sociología y el desarrollo de otras Ciencias Sociales, muchos han sido los trabajos que se centrado en su estudio y evolución. Profundizar, desde una perspectiva científica en la familia y su futuro, es tarea complicada, puesto es una construcción cultural, ideológica, histórica y política.

Los actos delictivos provienen de la violación de las normas sociales-legales-morales establecidas por la sociedad para su funcionamiento. De ahí el control formal que descansa en la propia organización social. Se ejerce cuando el ciudadano desacata una norma de obligado cumplimiento establecida en aplicación de un código, una ley, un reglamento, etc. Hay una responsabilidad de los que las transgreden y, consecuentemente, una responsabilidad de las autoridades públicas en la aplicación del principio de justicia, definido por John Ravis como “… la primera verdad de las instituciones sociales, como la verdad es de los sistemas de pensamiento”[1].