Después de tres años, en los que tan solo se han escuchado insultos y descalificaciones al Gobierno y a su Presidente por parte del Partido Popular, parece que, por fin y a modo de inauguración del reciente liderazgo de Núñez Feijóo, este partido va a poner sobre la mesa una propuesta política: bajar los impuestos con carácter general.
Mis conocimientos de economía andan algo justos, pero, en cambio, se me dan bastante bien los números. Unos sencillos cálculos nos pueden ayudar a entender y a afrontar mejor los difíciles momentos por los que atravesamos los países europeos —entre ellos, el nuestro— como consecuencia de la horrorosa guerra en que nos ha metido el criminal Putin.
En el verano de 1965, se hizo popular el pegadizo baile de La Yenka, cuyo estribillo —que iba acompañado por los correspondientes pasos de baile— decía así:
izquierda, izquierda
derecha, derecha
delante, detrás
un, dos, tres
Desde enero de 2021 hasta hoy, el precio del gas se ha multiplicado por cinco en los mercados internacionales y, el del petróleo, por dos. Como consecuencia, y debido a una irracional regulación de la fijación del precio de la electricidad en el mercado mayorista, el megavatio hora ha pasado de 50 Euros a 200, llegando alcanzar los 500 durante algunos días. Su repercusión en la factura de la luz es muy dependiente del tipo de tarifa, pero en términos generales y considerando las bajadas de impuestos decretadas por el Gobierno, su importe se ha aproximadamente duplicado. Las consecuencias para las economías europeas están siendo devastadoras, pero además, en nuestro país las reacciones de diversos colectivos sociales y políticos las están agravando.
Mal ha empezado su andadura Alberto Núñez Feijoo al frente del “nuevo” PP, permitiendo la entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León. Como queda dicho en una entrada anterior, se trata de una decisión de enorme trascendencia para el futuro y también para la imagen de España en Europa. El Partido Popular Europeo les ha llamado la atención diciéndoles que “han claudicado” ante la extrema derecha. En estos días, dirigentes del PP se afanan en Bruselas tratando de justificar el hecho en base a no desestabilizar un comunidad autónoma en unos momentos delicados debidos a la agresión rusa en Ucrania y a la escalada de precios de la energía. ¿Por qué esta decisión en tan trascendente?
Sólo cinco países de los casi doscientos que formamos las Naciones Unidas han apoyado la agresión de Vladimir Putin a Ucrania —es decir, la guerra de Putin, no lo que algunos llaman indebidamente “la guerra de Ucrania”— y todos ellos son dictaduras semejantes a la que él mantiene en Rusia. Esta agresión, inconcebible a las alturas el siglo XXI, está sirviendo para dibujar una precisa radiografía de las convicciones democráticas de nuestros partidos nacionales.
La etapa de Pablo Casado se cierra. Solo queda por ver si en su partido le despiden de mala manera o preservando mínimamente su dignidad, pero ya está claro que no seguirá al frente del mismo. Al PP se le abre ahora la oportunidad de decidir si prefieren persistir en el error de querer parecerse a Vox o si eligen comportarse como el partido con visión de estado y de gobierno que nuestra democracia necesita.
Hay momentos en la historia en los que el destino nos alcanza, por mucho que lo hayamos estado rehuyendo hasta entonces. En esa situación se encuentra el Partido Popular tras las elecciones de Castilla y León. En Murcia, Andalucía y Madrid ha podido ir esquivándolo bajo la fórmula de no incluir a Vox en los gobiernos, aunque sí recabar su apoyo parlamentario cada vez que ha sido necesario para aprobar presupuestos o leyes importantes. Pero, ahora, el sí de Vox es imprescindible para investir un gobierno de derechas en Castilla y León y Vox exige a cambio formar parte de él.
El espectáculo del 3 de febrero en el Congreso, con motivo de la votación sobre el decreto de reforma laboral, ha sido la gota que ha colmado el vaso del hartazgo ciudadano. A partir de ahí, las cosas solo pueden ir a mejor, porque a peor es casi imposible.
La derecha y la ultraderecha de nuestro país se refieren con frecuencia al gobierno de coalición PSOE-UP como un gobierno social-comunista. Lo declaran ilegítimo porque, en su opinión, UP es un partido comunista y antisistema, con visos autoritarios e inspirados en dictaduras como la de Venezuela. La Presidenta Ayuso planteó las pasadas elecciones de 2019 de la Comunidad de Madrid como un dilema entre votar comunismo o votar libertad. La prensa conservadora y Vox se refieren a menudo a la Vicepresidenta Yolanda Díaz como la ministra comunista. En todas estas manifestaciones, es evidente la intención de utilizar la palabra “comunista” como una descalificación, cuando no como un insulto. El objetivo es sembrar temor y desconfianza en los ciudadanos hacia el Gobierno. ¿Está justificado este temor? En el reverso de la moneda, está el término “fascista”, también empleado como insulto dirigido a la ultraderecha. ¿Es apropiado su uso?
Cualquiera que haya seguido las sesiones de control al Gobierno del Congreso de los Diputados, habrá acumulado sobradas razones para desconfiar de la política y de los políticos de este país. Según detallaba recientemente el diario El País, tras analizar más de 300 preguntas (domingo, 2 de enero de 2022), allí predomina el insulto, las mentiras, el trazo grueso, la descalificación del adversario, la exageración y las acusaciones sin pruebas, casi siempre a cargo de los dos partidos mayoritarios de la oposición: PP y Vox. Desde el minuto uno de la investidura del Gobierno de coalición PSOE-UP, en enero de 2020, ese ha sido el clima político, tanto dentro del Congreso, como en las declaraciones públicas de estos dos partidos. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos contra esto? ¿Hay razones que justifiquen este clima?¿Tiene remedio esta situación, a todas luces indeseable?
La política tiene muchos aspectos desagradables, que son los que suelen destacar los periodistas y los que hacen que la mayoría de los ciudadanos se distancien de ella.
Tras el acuerdo del 23 de diciembre alcanzado por la patronal, los sindicatos y el Gobierno, sobre la reforma de la reforma laboral del PP de 2012, corrí a consultar la prensa generalista, sobre todo para observar cómo evaluaba la derecha mediática y política dicho acuerdo.
El artículo 18.4 de nuestra Constitución considera la protección de datos y la privacidad de los mismos como un derecho fundamental. Como tal también lo considera el artículo 8 de la Carta de Derechos fundamentales de la UE. Nuestra Ley de Protección de datos (05/12/2018) traspone las directivas emanadas del Parlamento Europeo entre 2016 y 2018. En ella, se regulan numerosos aspectos tales como el deber de confidencialidad de todos los agentes que intervengan en el tratamiento de nuestros datos, la necesidad de un consentimiento expreso cuando una entidad privada vaya a recopilarlos, los derechos de acceso, rectificación y supresión de los mismos, el de oposición a ciertos usos, etc. También crea la Agencia Española de Protección de Datos, que es la encargada de velar por el cumplimiento de todos estos aspectos.
Miura 1, el primer cohete español, llegará al espacio en 2022 y podrá transportar cargas de hasta 100 kilogramos a una altitud de 150 kilómetros, valores suficientes para poder poner pequeños satélites en órbita. Su sucesor, el Miura 5, podrá multiplicar por cinco dicha carga útil.
Que en un partido político de amplio espectro electoral, como son el PSOE y el PP, existan discrepancias entre sus líderes debería aceptarse como algo normal e incluso deseable. Un viejo adagio sufí dice que “la verdad es un espejo roto en mil pedazos”, por lo que debemos suponer que cada dirigente discrepante aporta su pequeño pedazo a la verdad colectiva. Pero, lo que está sucediendo estas semanas en el PP dista mucho de deberse a discrepancias ideológicas o a la búsqueda de la verdad: se trata de una lucha descarnada por el poder, de una lucha de egos.
En un divertido pasaje de Los vencejos —la última novela de Fernando Aramburu, el autor de Patria—, el protagonista y su amigo deciden confeccionar una lista de certezas. Pero solo admiten como tales aquellas en las que coincidan ambos. La lista empieza así:
La señora Díaz Ayuso ha dado pruebas más que suficientes del modo —tan dañino para la democracia— en que entiende la actividad política. Los partidos de la oposición y los medios de comunicación deberían idear un plan para contrarrestar y bloquear lo que podríamos con todo derecho llamar la “estrategia de la provocación”.
Entre las lecturas de este verano, he conseguido digerir las casi 500 páginas del reciente libro del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que lleva por título un curioso oxímoron [1]. Está escrito durante la presidencia de Donald Trump y, aun así, contiene muchas reflexiones que son aplicables tanto a los Estados Unidos como a España.
El 14 de septiembre el Gobierno aprobó un decreto-ley de medidas urgentes para mitigar el impacto en el recibo de la luz del precio de la electricidad, fijado por el mercado mayorista. Las reacciones de la oposición, tildando de chapuza y de parche dicho decreto, expresan una vez más el estado de indigencia política en que se han instalado estos partidos.
Como muchos españoles, he pasado las vacaciones de verano en una playa del levante español. Regreso de allí deprimido y un tanto horrorizado de los comportamientos humanos que he tenido la desdicha de padecer.
Según el refranero español, nadie se acuerda de Santa Bárbara —patrona de los artilleros— hasta que truena. Eso es lo que ha venido sucediendo con nuestro sistema eléctrico desde hace más de 20 años. Exactamente desde 1997, año en que el gobierno de José María Aznar promulgó la Ley del Sector Eléctrico, que liberalizó la generación de energía y estableció el sistema de subastas por el cual se fija el precio de la electricidad. Por dicho sistema también se rigen esencialmente el resto de países de la UE.
Parafraseando a la genial Mafalda del fallecido Quino, “como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante”. Lo urgente parece ser saber si el Partido Popular sube o baja en las encuestas, si Ciudadanos se hunde definitivamente, si los secesionistas catalanes van a reconocer de una vez que han perdido su pulso con el Estado, o si seguirán con el raca-raca de la amnistía y el referéndum de autodeterminación. Los medios dedican cada día abundantes recursos a seguir estos asuntos.
Es sabido que, en una guerra, la primera víctima es la verdad. Con una ligera adaptación, podríamos decir que, en la lucha partidista, la primera víctima es el lenguaje. Quien mejor se apropie de las palabras en su beneficio, tendrá ganada de antemano una considerable ventaja sobre sus oponentes. Para muestra, un botón: la señora Díaz Ayuso en las elecciones de Madrid y su apropiación de la palabra libertad.
