Pocas cuestiones suscitan tantas pasiones como el agua, y en muy pocas se produce mayor demagogia y desinformación. No cabe extrañarse: el agua es un bien tan necesario para la vida y para la actividad económica, que se ha convertido en un oscuro objeto de deseo y de uso partidista.
Gobernar es decidir, conscientes del impacto de las decisiones sobre la gente; significa asumir responsabilidades, evitando imputarlas a otros, incluso cuando se dan circunstancias absolutamente ajenas a la voluntad de los líderes. El gobierno de Pedro Sánchez es un buen ejemplo de esta asunción de responsabilidades, en contextos extraordinariamente complejos.
Mi experiencia personal en relación con las decisiones del Tribunal Constitucional (TC) había sido, hasta ahora, muy satisfactoria –a pesar de que, en algunos casos, el Alto Tribunal no había aceptado parte de nuestros argumentos: por ejemplo, respecto del contenido de la reforma de la Ley Costas llevada a cabo durante el mandato de Rajoy–.
Hace unos días, la Internacional Socialista (IS) eligió a Pedro Sánchez como su nuevo presidente: por primera vez, un español lidera esta organización, en un momento especialmente crucial para el conjunto de la humanidad. A escala global, los riesgos de la emergencia climática y ambiental son cada vez más evidentes, así como también el retroceso en la defensa de los derechos humanos y de la democracia. Y a esas peligrosas tendencias –que impulsan un número creciente de conflictos y de estallidos de violencia en todos los continentes–, hay que sumar el avance de un renovado fascismo, de una auténtica “Internacional de la extrema derecha”, nutrida del malestar social y de las desigualdades, que generan desafección hacia las instituciones públicas ante su insuficiente incapacidad para mitigarlas. Dichos partidos comparten asesores, financiadores y ‘relato’; y van incrementando su presencia en las instancias a las que desacreditan, gracias también a la condescendencia, la complicidad… y a veces la alianza –como ya sucede en España– con los partidos conservadores de centro derecha.
Con motivo del aniversario de la victoria electoral de Felipe González en 1982, Pedro Sánchez se refirió al profundo sentimiento europeísta del pueblo español: un sentimiento que ha resistido incluso a la decepción provocada a causa de las medidas de austeridad impuestas por las instituciones comunitarias durante la crisis económica de 2008. Y entre las razones mencionadas en su intervención, el presidente señaló la importantísima influencia de la vivencia de los emigrantes españoles, que durante los largos años del franquismo descubrían, más allá de nuestras fronteras, sociedades libres y prósperas, muy diferentes de su país natal.
Dice Feijóo que eso de hablar de ricos y pobres… es “antiguo”. El líder del PP se ubica en una supuesta modernidad. A continuación, afirma que hay que reorientar la política energética, dilatando el proceso de descarbonización, para erradicar la “ideología” en esta materia: ¿el líder de un partido político considera la ideología como algo no deseable…?
La comparecencia del presidente del Gobierno en el Senado, para explicar el Plan Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética, ha facilitado el primer debate de cierta envergadura entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
Desde que Putin decidió invadir Ucrania, se ha hablado reiteradamente de los riesgos geopolíticos derivados de esta guerra, y en particular de sus graves consecuencias en términos de seguridad energética y de seguridad alimentaria, primero a escala europea y ahora ya a escala global.
Hace unos días se celebró en el Senado el primer Congreso Internacional sobre el Trienio Liberal (1820-1823). Ese periodo en el que, tras el alzamiento de Riego, se instauró un gobierno dispuesto a cumplir y hacer cumplir la Constitución de 1812, exigiendo al rey Fernando VII la obediencia a la misma.
Hace unos días asistimos –con más indignación que sorpresa– a la enésima provocación del presidente de una de las compañías eléctricas más poderosas de España (y de Europa), que calificó como “tontos” a más de diez millones de ciudadanos que pagan su recibo de la luz según la “tarifa regulada”, con el argumento de que pagarían menos si se acogieran al “mercado libre”.
La “receta estrella” (prácticamente la única) de la política económica del Partido Popular –y por supuesto de Vox– es la bajada generalizada de impuestos. Incluso hemos asistido, durante estas últimas semanas a afirmaciones sorprendentes por parte del nuevo líder del PP, a propósito del destino de los impuestos sobre los carburantes, acusando de “forrarse” al Gobierno de la nación, cuando más del 50% del importe de dichos tributos corresponden a las Comunidades Autónomas (incluida Galicia, hasta ahora gobernada por Feijóo).
Los primeros pasos del largo camino que ha conducido hasta la actual Unión Europea (UE) fueron los acuerdos de seis países (Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo) para crear la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA) en 1951, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM) en 1958. En un continente en plena reconstrucción económica, tras dos devastadoras guerras, la disponibilidad de energía y de las materias primas indispensables para la recuperación, resultaba crucial.
En 2015, cuando más de 190 gobiernos se adhirieron a la Agenda 2030 en la Asamblea General de Naciones Unidas, comprometiéndose a cumplir 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), resultaba difícil imaginar que, pocos años más tarde, algunos partidos de ultraderecha calificarían dicha Agenda como una herramienta perversa, al servicio de oscuros intereses y contraria al bienestar de los habitantes del planeta… Esa –sorprendente– interpretación de la Agenda 2030, diseñada precisamente para garantizar un progreso más justo, más seguro y más duradero, tanto a las generaciones actuales como a las futuras, puede ganar adeptos gracias a la capacidad de diseminar desinformación entre los ciudadanos, en su mayoría con insuficiente formación. Seguramente, incluso en los países con mejores sistemas educativos, para muchas personas la Agenda 2030 apenas se identifica con un pin de colores, que algunos de sus dirigentes lucen en la solapa. No cabe olvidar tampoco que entre los ODS se incluye la igualdad de género y la lucha contra el cambio climático, objeto de posicionamientos negacionistas por parte de la extrema derecha.
La Comisión Europea ha ampliado hasta el 21 de enero la consulta sobre su propuesta de incluir la energía nuclear y el gas entre las energías ‘verdes’, susceptibles de ser objeto de apoyo financiero nacional o comunitario por su contribución a la descarbonización. La polémica está servida: no hay unanimidad en torno a dicha propuesta, contra la que ya se han pronunciado varios gobiernos, incluido el español.
El tamaño importa, sin duda. A veces para bien –por ejemplo, el tamaño de nuestro sistema público de salud, para atender con eficacia y equidad necesidades sociales crecientes–. Otras veces, el tamaño importa, pero para mal: por ejemplo, cuando refleja el tamaño de la ignorancia, de la soberbia o de la mala fe. Quienes leen este artículo pueden imaginar ejemplos, pero no creo que entre ellos se encuentre… el tamaño de la lechuga.
Tras apagarse las luces de la Conferencia de las Partes del Convenio de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (la COP26), se suceden los análisis sobre sus resultados. La sensación dominante es la de la frustración por la lentitud del avance en la adopción de las medidas necesarias para combatir un proceso que, como resulta evidente, se está acelerando y que afecta ya a todos los países del mundo, y muy en particular a los ciudadanos más vulnerables… Mi opinión es que las conclusiones de la COP26 van en la dirección correcta pero son insuficientes, y que corresponde ahora a todos los gobiernos (y a todos los ciudadanos, en especial a las empresas) desarrollar y reforzar los compromisos alcanzados.
“Solo sé… que no sé nada”, decía el filósofo griego Sócrates, hace casi 2.500 años. No parece que por el paso del tiempo esta reflexión haya perdido vigencia, a pesar de los extraordinarios avances científicos y tecnológicos; es más, actualmente la Humanidad se enfrenta a riesgos en gran medida inéditos, ante los que no caben certidumbres absolutas.
Nunca me ha parecido apropiada la tan reiterada expresión de la “España vaciada”, porque me resulta poco respetuosa con las personas que siguen habitando en nuestro medio rural, y que merecen, cada una de ellas, poder acceder a los derechos y oportunidades que se disfrutan en la “España abarrotada”… En realidad, deberíamos hablar de una “España llena”: llena, por ejemplo, de espacio y de naturaleza, tan valiosos ambos en tiempos de pandemia, y cada vez más deseables frente a la congestión y la contaminación de las ciudades. De una España llena, también, de los anhelos, sueños y necesidades de sus habitantes, que exigen una acción pública hasta hoy a todas luces insuficiente. Y ahora, gracias a los fondos Next Generation UE, podemos hablar de una España llena de proyectos viables para acelerar las necesarias transiciones social, ecológica y digital, que pueden ser financiados por dichos fondos.
Dice el tango… Pero en estos últimos días hemos tenido ocasión de analizar la relevancia de lo sucedido durante las últimas dos décadas, desde el ataque a las torres del World Trade Center de Nueva York, que dio inicio a la denominada “guerra contra el terror”.
Luz verde para el acceso de España a los nuevos fondos europeos: 140.000 millones de euros, de los que 69.000 serán subvenciones. Estas cifras se suman a todos los demás recursos ya definidos para la política agrícola común, la política de cohesión, de investigación…, así como a los préstamos del Banco Europeo de Inversiones, por mencionar sólo algunos de los instrumentos comunitarios de financiación para los países miembros.
Si la pandemia ha dejado algo absolutamente nítido, es la interdependencia irreversible entre todos los seres humanos, y entre ellos y los ecosistemas de nuestro planeta. Cualquier tentación de abordar los desafíos de nuestro tiempo desde una perspectiva exclusivamente local, nacional…o economicista, resulta no sólo fruto de la ignorancia o de la ingenuidad, sino la manifestación de una grave irresponsabilidad.
Pocas horas después de cerrarse las urnas y de proclamarse los resultados de las elecciones en la Comunidad de Madrid, he tenido la oportunidad de intercambiar opiniones con un alto cargo del gobierno francés –por lo tanto, nada sospechoso de “socialcomunista”–…; y he vuelto a comprobar la sorpresa que causa en otros países europeos la creciente convergencia entre el Partido Popular y Vox.
Hace unos días oí en la radio a una tertuliana comentando que los madrileños valoraban positivamente a la presidenta Ayuso porque les ofrece “posibilidades para ser felices”, frente al mensaje lanzado desde la izquierda, que propone más restricciones a la movilidad, ante los pésimos datos de la pandemia en nuestra Comunidad. Curiosamente, la tertuliana no mencionó que –en concreto el candidato Gabilondo– estaba planteando ese endurecimiento de las restricciones en las zonas con mayor incidencia de la Covid-19, pero a cambio de ayudas directas a los hosteleros afectados. Ayudas directas que el gobierno regional no ha transferido a este colectivo, a pesar de contar en el Fondo de Contingencia de sus Presupuestos prorrogados, con más de cien millones de euros disponibles.
