A Pablo I, caudillísimo de los Círculos de España

Durante esta semana hemos sabido del monumental enfado que florece entre las bases de Podemos a propósito de la decisión que Pablo Manuel Iglesias y sus más próximos acólitos han tomado cambiando, de forma unilateral, los estatutos de su partido, unos estatutos refrendados hace escasos meses por los militantes morados. Este volantazo contra-democrático se erige en 3 pilares básicos: el primero es dotarse de mayor poder disciplinario para sancionar a los militantes; el segundo es facilitar la posibilidad de revocar a direcciones regionales y, en su caso, imponerles una gestora designada por la dirección nacional; y el tercero es restringir la autonomía de las diferentes regiones, una autonomía por la que se peleó en el cercano congreso de Vistalegre II.

Por su parte, y como colofón, el Secretario General de Podemos ha promovido la suspensión de la presidenta del Comité de Garantías, que intentó sin éxito frenar los puntos que, a su juicio, resultaban más lesivos para el partido. Estoy seguro de que algún periodista de la derecha más recalcitrante traerá a colación a Venezuela y la huida de su Fiscal General ante la imposibilidad para ejercer su labor jurídica; pero yo no creo necesario mencionar a ningún otro país para señalar el quebranto que supone relevar de sus funciones a la máxima autoridad jurídica cuando esta quiere emitir un dictamen que haría tambalear a la dirección de Podemos, o, al menos, sus despóticos procederes.

Si los abanderados de la democracia más pura y limpia la pervierten desde sus entrañas, tan solo pueden acabar siendo los abanderados de sí mismos. Podemos llegó como un soplo de aire fresco en un momento en el que la gente clamaba por un cambio, sin embargo, sus líderes han convertido el aire fresco en algo envejecido, caduco y, en ocasiones, casposo. Pablo Manuel Iglesias sirvió como azote de otros partidos en una peregrinación interminable por los platós de televisión españoles, pero no reparó en que ni siquiera entre los más reaccionarios partidos se cambian las normas fundamentales, esto es, los estatutos, con unilateralidad y por la espalda.

En el Partido Socialista, ese del que tanto abominan Iglesias, Montero, Mayoral o Echenique, los estatutos se debaten y enmiendan hasta en la más pequeña de las agrupaciones, y luego se llevan a congresos regionales para, más tarde, hacer una puesta en común a nivel nacional y, en virtud de las aportaciones y el debate entre los militantes y sus representantes, se establece una norma que, en ningún caso, puede ser vulnerada arbitrariamente por dirección alguna. En primero de democracia se aprende que el respeto a las normas es lo que posibilita una sociedad libre y democrática, pero hay quienes, como los déspotas ilustrados del Siglo XVIII, reclaman todo para el pueblo, pero sin el pueblo.

La militancia política ha de ser un compromiso tan respetado como respetable, por ello, obrar contra a la voluntad del grueso de la gente en una pirueta antidemocrática hace inexplicable que un liderazgo puede sostenerse en el tiempo. Pablo Manuel Iglesias ha consolidado su figura y su autoridad, moral y ejecutiva, al modo de un caudillo posmoderno que se esconde tras un discurso que no se corresponde con sus actos; ahora bien, aunque así lo crean, los caudillos no siempre hacen comulgar a los suyos con ruedas de molino, y las más fuertes construcciones pueden derrumbarse como un castillo de naipes si el anhelo de cientos de personas unidas se reúne en torno a una sola reivindicación: la justicia. Y así, cobra renovado sentido el clamor ilustrado: “cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes.”