La Junta birmana acusa a comunidad internacional de afirmaciones “inmorales”

En un comunicado publicado en el Global New Light of Myanmar, periódico controlado por los militares, el Ministerio de Exteriores birmano rechazó "categóricamente los comunicados fraudulentos, partidistas y unilaterales" de "algunos países y algunos cargos con mandato de Naciones Unidas".

"Algunos cargos con mandatos de la ONU que se exceden en sus funciones y países que se entrometen en los asuntos internos de Birmania fracasan claramente en el cumplimiento de los objetivos y principios de Naciones Unidas", reza el comunicado de la junta.

Las afirmaciones del Ministerio de Exteriores se producen después del aluvión de críticas de la comunidad internacional a la junta en el segundo aniversario del golpe, incluida enviada especial de la ONU para Birmania (Myanmar), Noeleen Heyzer, quien acusó a la junta de "dañar a sus propios ciudadanos".

La junta también respondía a las críticas de países vecinos en los últimos días y al requerimiento de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que en una cumbre de Exteriores concluida el sábado llamaban a la puesta en práctica de un plan de pacificación consensuado de cinco puntos que exige como condición el fin de la violencia.

Los militares acusan a la comunidad internacional de "engañar" a la opinión pública al "cubrir los crímenes brutales" de los que acusa a la disidencia democrática de "crímenes brutales" y le pidieron que se sume a sus "esfuerzos en el proceso de democratización", en referencia a las elecciones anunciadas para este año.

Los comicios, sujetos a una draconiana ley de partidos políticos, iban a celebrarse antes de agosto, pero la prolongación del estado de emergencia por seis meses más anunciada el pasado miércoles pone en duda que lleguen a tener lugar este año.

Los militares, encabezados por el general Min Aung Hlaing, tomaron el poder por la fuerza el 1 de febrero de 2021 y encarcelaron a la depuesta líder Aung San Suu Kyi bajo el pretexto de que las elecciones celebradas apenas tres meses antes habían sido fraudulentas.

El golpe sumió al país en una profunda crisis económica política y social acompañada de una espiral de violencia que exacerbó los conflictos ya existentes con minorías étnicas y creó uno nuevo con las llamadas Fuerzas de Defensa del Pueblo, un Ejército alternativo bajo el paraguas del gobierno paralelo prodemocrático.

Desde el golpe al menos 2.951 personas han muerto por la represión de las autoridades mientras que otras 13.825 están detenidas, según la Asociación para la Asistencia de los Presos Políticos.