El IPC de noviembre confirma la subida de las pensiones para 2023 en el 8,5%

La subida tendrá un coste aproximado de 13.700 millones de euros y se aplicará a las pensiones contributivas y a las de las clases pasivas, mientras que las pensiones no contributivas se incrementarán el 15 % conforme a lo acordado por el Gobierno con EH Bildu en el marco de la negociación presupuestaria en el Congreso.

De acuerdo con la nómina de noviembre, hay 9,9 millones de pensiones contributivas y 690.790 pensiones de las clases pasivas (personal militar y personal civil de la Administración General del Estado, Justicia, Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales).

De acuerdo con la reforma de 2021, la revalorización anual de las pensiones se calcula con la media de las tasas interanuales de inflación de los doce meses anteriores hasta noviembre.

En declaraciones remitidas a los medios, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha valorado que la fórmula de la que resulta el alza del 8,46 % garantiza el poder adquisitivo todos los años de una manera más estable.

"Es irrenunciable que se cumpla todos y cada uno de los años para garantizar a los pensionistas su poder adquisitivo", ha destacado.

Hasta 2011, año en que se congelaron todas las pensiones menos las mínimas y no contributivas, las pensiones se revalorizaban cada año conforme a la inflación prevista y luego se abonaba una paga compensatoria si el índice de precios de consumo (IPC) de noviembre era mayor a la subida fijada.

En 2013 se estableció un mecanismo de revalorización ligado a la situación financiera de la Seguridad Social, que establecía una subida mínima del 0,25 % mientras estuviera en déficit.

En 2018 se derogó de facto ese mecanismo con la recuperación de la denominada "paguilla" que se calculó con la media de las tasas interanuales de IPC de los últimos doce meses, en lugar de con el IPC de noviembre como era tradicional.

Esta fórmula se adoptó legalmente en la reforma de las pensiones de 2021 para calcular la revalorización anual, después de que la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo recomendara volver a ligar las pensiones al IPC.