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El Gobierno busca un pacto por la ciencia con 2.700 millones más en tres años


El pacto por la ciencia y la innovación que quiere impulsar el Gobierno recoge un aumento regular de la financiación pública en I+D+i -excluyendo las partidas financieras- hasta que esta alcance el 1,25 % del Producto Interior Bruto (PIB) en 2030, lo que supondría llegar al 0,75 % del PIB antes de 2024.

Esto equivaldría a un incremento aproximado de casi 2.700 millones de euros en los próximos tres años y de unos 8.800 millones en 2030, según cálculos con el PIB actual.

La Comisión Europea ha marcado recientemente como meta para 2030 que los estados miembros inviertan en total, entre público y privado, el 3 % del PIB en I+D+i, y que la inversión pública represente el 1,25 % del PIB; en 2018, último dato consolidado, la inversión pública en esta materia en España fue del 0,52 % del PIB.

El aumento de los recursos es uno de los objetivos incluidos en el "Pacto por la ciencia e innovación" que promueve el Ministerio que dirige Pedro Duque, quien en estas últimas semanas se ha reunido con representantes de sociedades y asociaciones científicas, rectores, empresas y sindicatos para consensuarDuque un texto que presentará a las comunidades autónomas y al Parlamento.

El documento, con varios compromisos reunidos en tres puntos, es fruto de las conversaciones del Gobierno con todos los agentes implicados en el sistema español de investigación, desarrollo e innovación, a los que se les ha enviado para una última revisión.

En el texto, al que ha tenido acceso Efe, se explica que este pacto nace en una especial situación de crisis social y económica, frente a la que la Unión Europea plantea un programa de reconstrucción y España "apuesta con firmeza por la ciencia y la innovación como valor estratégico y pilar del bienestar y del crecimiento".

"Es el momento de hacer explícito el acuerdo existente de la sociedad civil española sobre el papel central de la ciencia y la innovación", apunta el escrito, que añade: "Proponemos un pacto sucinto que contempla, únicamente, los aspectos básicos y evaluables que ha de asumir la acción política en cuanto a recursos, organización del sistema y personas".

El propósito principal es incrementar de forma razonable la inversión pública necesaria para alcanzar la media de inversión de la UE en I+D+i, "objetivo de mínimos ampliamente consensuado entre todos los actores económicos, sociales y políticos".

Además del incremento de recursos, el pacto menciona la necesidad de asegurar el relevo generacional y la atracción y retención de talento, así como garantizar el principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

El primero de los puntos a cumplir es el relativo a la financiación acorde con las prioridades del país. En este apartado también se habla de la importancia de reforzar las políticas públicas de transferencia de conocimiento y de innovación empresarial, con especial atención a las pymes.

Y se añade: "en caso de reducción del gasto público, que la financiación en I+D+i no se reduzca en valor absoluto".

El apartado dos señala la autonomía y coordinación de las entidades financiadoras de I+D+i y el punto tres está dedicado a las personas; en él se apuesta por consolidar una carrera pública estable y predecible para el personal investigador y técnico equivalente a las de los países más avanzados.

"Que los investigadores cuenten desde el inicio con los medios materiales y administrativos necesarios. Que se doblen los recursos públicos actuales para la incorporación y formación de personal de I+D+i en las empresas".