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La ley Rider cumple un año con avances, choque de empresas y frentes judiciales


(Tiempo de lectura: 2 - 4 minutos)

La denominada “ley Rider” cumple esta semana un año de su efectiva entrada en vigor, un periodo en el que se han logrado avances en la protección laboral del colectivo en un sector con intereses cruzados y frentes judiciales abiertos.

Tras meses de negociaciones, el Ministerio de Trabajo, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme lograron cerrar a principios de marzo del año pasado un acuerdo para sacar adelante una ley que establecía la presunción de asalariados de los repartidores autónomos en plataformas.

La ley, publicada en el BOE en mayo y que recogía lo ya sentenciado por los tribunales, daba tres meses de plazo a las empresas para adaptarse a la nueva situación, un hito ante el que las reacciones fueron diversas.

Glovo anunció que mantendría a la mayoría sus repartidores como autónomos bajo un nuevo modelo de relación y Ubereats apuntó a un modelo de terceros, mientras que Just Eat (LON:JE) negociaba con CCOO y UGT un convenio laboral y Deliveroo avanzaba su salida de España.

Un año después, la valoración del impacto de la norma difiere entre las partes, mientras que los "riders" siguen transitando en el complicado día a día de un sector donde las empresas compiten por quedarse con un mercado en auge.

"Se ha conseguido que la mayoría de las empresas cumpliera", resume a Efe el profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, Adrián Todoli, quien subraya la excepción de Glovo.

"Hay conflictos judiciales abiertos pero lo más urgente se ha conseguido en la mayoría: que tengan un mínimo de derechos laborales y dejen de ser falsos autónomos", añade.

Ninguna de las fuentes consultadas -Gobierno, sindicatos, empresas- ha podido facilitar una cifra de cuántos repartidores habrían pasado de autónomos a asalariados en este año.

La última estimación del empleo en el sector es de la patronal Adigital y lo cifraba en 29.300 trabajadores, en un negocio que, según los últimos datos de The NPD Group difundidos por AECOC, factura en España 2.600 millones de euros con 400 millones de pedidos de comida a domicilio al año.

POCOS CAMBIOS EN EL DÍA A DÍA DE LOS REPARTIDORES

"Seguimos prácticamente igual", lamenta a Efe un "rider" que trabaja a las afueras de Barcelona, prefiere no revelar nombre y apellidos y que tras trabajar como autónomo para Glovo y estar contratado a través de un tercero para Stuart ahora está a la espera de juicios por demandas contra ambas empresas.

"Los avances son lentos", apunta este repartidor que recuerda además lo duro del trabajo -repartos en horas de máximo calor, bajas retribuciones, problemas de espalda- y los constantes cambios en las empresas que van invirtiendo y saliendo y entrando de los países.

Durante la negociación de la norma, hubo colectivos de "riders", en gran parte extranjeros, que protestaron contra la ley y reclamaron seguir siendo autónomos.

AVANCES, POSTURAS ENCONTRADAS Y FRENTES JUDICIALES ABIERTOS

"La valoración un año después es positiva: ha permitido ordenar y regular derechos de los trabajadores, aunque queda mucho por recorrer", señala a Efe el secretario de Estudios y Formación sindical de CCOO, Carlos Gutiérrez.

"Estamos en el camino de equiparar sus derechos pero no es sencillo", reconoce el coordinador de plataformas de UGT, Rubén Raz.

Los dos son críticos con la postura de Glovo, que sigue operando con autónomos y que también se ha encontrado con el rechazo de Uber (NYSE:UBER) Eats, que en marzo pasado remitió una carta al Gobierno denunciando competencia desleal.

"Más de seis meses después de su entrada en vigor, las empresas que cumplimos la ley nos encontramos con una situación paradójica. Nuestras flotas colaboradoras no encuentran repartidores porque éstos prefieren ser autónomos, de manera que trabajan con Glovo", recogía la misiva.

Glovo ha alegado que las modificaciones que ha llevado a cabo en su relación con los "riders" son suficientes para cumplir con la norma.

La patronal Adigital mantiene su postura de que la normativa debería haber sido fruto de un proceso de diálogo más amplio con el sector, dando cabida a la realidad de estos servicios y "a la opción de que estos se realicen por trabajadores por cuenta ajena y cuenta propia" y piden una evaluación de su aplicación.

Y desde el Ministerio de Trabajo también destacan que la norma española haya sido pionera en Europa y señalan al trabajo de la Inspección vigilante para que todas las empresas cumplan con la norma.

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