Los 140 ahogados y los más de 80.000 africanos, la mayoría marroquíes jóvenes –y también menores– que entraron en Ceuta desde Marruecos a finales de julio, han supuesto una gran tragedia.

Los que llegaron no son invasores, pero tampoco son inmigrantes; son personas que seguramente fueron inducidas y/o manipuladas por el sátrapa que gobierna Marruecos. Sea como fuere, en su mayoría son gente con carencias y necesidades que merecen el máximo respeto y ayuda. Pero no más que los millones de seres humanos que viven pobres y mueren de hambre y penurias en el resto del mundo. Porque toda persona humana, sea marroquí, africana o asiática, tiene derecho a vivir con dignidad, igual que los ciudadanos de Ceuta, que, de un día para otro, han visto ocupados sus espacios para la convivencia local y el ocio, que ahora no pueden disfrutar con tranquilidad.

El pasado lunes, 9 de junio, estuve viendo y escuchando los testimonios y resto de parlamentos del acto organizado por la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) para pedir perdón a las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, que en algunos casos regentaban monjas de distintas órdenes religiosas durante el régimen franquista y también estando ya en democracia.

En 2023 aparecieron una serie de documentos secretos que ya apuntaban la implicación del rey Juan Carlos y el gobierno de Arias navarro que, mediante las cloacas del Estado, organizaron la agresión de un conglomerado internacional de la ultraderecha neonazi contra el acto carlista de Montejurra en 1976.

Llegado a este punto cabe recordar quiénes eran los que se enfrentaban a los carlistas en los orígenes de ese capitalismo peninsular. Por un lado, tenemos a los militares profesionales, es decir, al Ejército español, con generales liberales de diversas tendencias: unos moderados, otros más exaltados, pero todos beneficiarios de la revolución burguesa y las consiguientes expropiaciones de todo tipo. Por otra parte, y para defender las ciudades de los ataques carlistas, «la lucha recaía sobre unos milicianos —propietarios armados pueblo a pueblo— que defendían algo más que el trono de una niña». Efectivamente, tal y como nos dice Pérez Garzón refiriéndose a la ciudad de Zaragoza, la «junta revolucionaria» de las milicias armadas estaba formada «por los mayores contribuyentes» que se autodefinían como «clases acomodadas» (Pérez, 1997, 90, 92), que en muchos casos manipulaban al incipiente proletariado en beneficio propio y en contra de un enemigo transformado en el imaginario popular como los causantes de la guerra y de las penas que les tocaba vivir.

Por otra parte, es interesante la opinión de la época, concretamente la del progresista George Villiers, embajador británico en Madrid, que se reunía frecuentemente con Álvarez Mendizábal, cuando en diciembre de 1835 escribía a uno de sus hermanos lo siguiente: «La mayoría de la gente es honesta, pero es carlista, odian lo que se llama gobierno Liberal, instituciones liberales, y hombres liberales [...] La gente se gobierna ella misma a través de algunas antiguas costumbres; tanto les hace la ley o los decretos reales [...] Todo lo que quieren es que el Intendente no les robe tanto, y que el alcalde no les moleste demasiado. Si esto se diera, la gente sería completamente feliz [...] Es un engaño suponer que el clero regular es detestable. Esto es verdad en las grandes ciudades, pero no lo es en el campo. Los monjes son los propietarios residentes, los caballeros del campo de España. Ellos alimentan, dan trabajo y consuelan a la gente; son, además, la aristocracia de los pobres». (Rodríguez, Concha, 1989, 29).¹

La insurrección carlista se extendió por todas las Españas, pero fundamentalmente por la mitad norte, donde existe la pequeña y mediana propiedad y no tanto estas élites potentadas, las grandes oligarquías y grandes terratenientes aliados con los burgueses progresistas, que son los que apoyan el liberalismo y que se hallaban fundamentalmente en la parte sur de la Península. Aquellos son lugares donde la pequeña y mediana propiedad agrícola estaba más arraigada y no las zonas del sur, en expresión de Joaquín del Moral, de «consolidación del latifundio andaluz» (del Moral, 1979, 13) lo cual no quiere decir que los carlistas no recibieron también apoyo de esta geografía meridional como se demostró con las expediciones de columnas carlistas por toda la Península y demuestra Fernando García Villarrubia (1979) en su estudio sobre el primer carlismo andaluz. En cualquier caso lo mismo en el norte como en el sur, «ninguna de las más grandes casas del reino se inclinó por la causa carlista, pese a haber apoyado a Fernando VII en sus anhelos de gobierno personal», tal y como nos recuerda Salvador de Moxó (1965, 155).

De una forma más general, para Josep Carles Clemente, «el fenómeno carlista significó en parte, en sus inicios, un movimiento popular y anti-oligárquico, incluso anti-aristocrático; un movimiento vertebrado, de hecho, por el resurgir del espíritu, que muy bien puede calificarse como de sentimiento comunitario, de democracia foral o regional; un sentimiento que, como es sabido, tuvo profunda vigencia en los diversos estados de la monarquía plural de la España de los siglos XVI y XVII (como herencia de las anteriores realidades soberanas independientes); un espíritu que el centralismo trataba de ir ahogando a lo largo de los siguientes períodos, es decir, en el XVIII y en los primeros decenios del XIX» (Clemente, 1979, 35).

El carlismo ha sido visto y analizado de muchas formas, incluso contradictorias y, como en otras cuestiones históricas, tampoco los historiadores se ponen de acuerdo, y esto a pesar de que la Historia está considerada como una ciencia. Pero es que en cada época de la historia existe una revisión del pasado y un cambio de paradigmas que trastoca las visiones de la Historia en función de la cultura dominante. Ahora tenemos en las Españas el ejemplo con la «Ley de Memoria Democrática» donde el Estado fija —o fijará cuando se apruebe la ley— los criterios que determinan cuál es la verdad y la virtud, y lógicamente pocos se atreverán a cuestionarla para no perder popularidad o ser perseguidos, pues, como creo que dijo Bertand Rusell «los intelectuales aman la verdad, pero sólo el diez por ciento prefiere la verdad a la popularidad».

El pasado día 3 de septiembre la jueza argentina María Servini tomó declaración por videoconferencia, en el consulado argentino, al ex ministro de los primeros años de la monarquía franquista, Martín Villa, acusado de varios asesinatos cometidos por la policía que él dirigía como ministro Gobernación, o por grupos parapoliciales de la extrema derecha al servicio del Estado en aquellos años de la transición política.

Me llama poderosamente la atención que, ante la actitud de los tribunales europeos de reconocer la elección como eurodiputados de unos independentistas catalanes —presos políticos condenados o exiliados—, se alcen voces como las de ciertos partidos políticos de la derecha constitucionalista, pidiendo a los ciudadanos españoles que se rebelen ante una Europa a la que se la acusa de meter la nariz en España apelando a la soberanía nacional, reclamando el derecho a pegar una patada a Europa y reclamando la independencia de España respecto a Europa. Sin embargo, adoptan una actitud completamente diferente cuando es la justicia española la que mete mano en Cataluña, a la que le niegan el mismo derecho a la soberanía y, por tanto, el derecho a la autodeterminación de este pueblo.