La IA aterriza en los ayuntamientos: el nuevo desafío está en ponerle reglas

La inteligencia artificial empieza a abrirse camino en la administración local. Puede contribuir a mejorar procesos municipales como la atención ciudadana, la gestión documental o la monitorización urbana, pero también exige definir previamente cómo debe utilizarse, con qué límites y bajo qué mecanismos de supervisión.

En este contexto, Utopiq, agencia especializada en comunicación, estrategia y consultoría de procesos de cambio, defiende la necesidad de que las administraciones locales ordenen el despliegue de la IA antes de que su uso avance de forma fragmentada. La agencia ha trabajado junto al Ayuntamiento de Terrassa en la elaboración integral de su Plan Director de Inteligencia Artificial, aprobado por el Pleno Municipal y concebido como una hoja de ruta para el periodo 2026-2028. Terrassa se convirtió así en el primer municipio de la región en contar con un instrumento de estas características aprobado democráticamente.

«El debate ya no es si los ayuntamientos van a utilizar inteligencia artificial, porque eso ya está ocurriendo. La cuestión es si lo harán con una estrategia clara o si la IA irá entrando por usos aislados, sin criterios comunes y sin una gobernanza adecuada», explica Ignasi Llorente, CEO de Utopiq. «La IA puede ser una palanca para mejorar los servicios públicos, pero sin una hoja de ruta, el riesgo es que avance de forma dispersa. Con una estrategia bien definida, ayuda a construir una administración más preparada, eficiente y garantista».

Un modelo de gestión aplicable a cualquier municipio

El trabajo desarrollado junto al Ayuntamiento de Terrassa combinó diagnóstico interno, participación de equipos municipales, definición estratégica, criterios de protección de datos y diseño de una gobernanza propia para incorporar la IA de manera progresiva, segura y responsable.

El diagnóstico inicial permitió detectar un interés elevado por parte del personal municipal, pero también un uso todavía básico, autodidacta y sin gobernanza, con riesgos en materia de protección de datos. Una situación que puede resultar reconocible para muchas administraciones locales que empiezan a explorar el uso de la IA sin contar todavía con criterios comunes. A partir de ahí, el Plan Director se planteó como un marco para pasar de iniciativas puntuales y descoordinadas a una integración más consciente y estructurada de la IA en los procesos municipales.

El proceso incorporó también una dimensión participativa y formativa, con una jornada de alineación directiva dirigida a 180 directivos y mandos del consistorio, un webinar preparatorio y grupos de trabajo. El plan contempla estructuras de supervisión como el Comité de IA y la Oficina Municipal de Datos, mecanismos de coordinación interdepartamental y un sistema de seguimiento con indicadores.

El reto para la administración local en España

A partir de esta experiencia, Utopiq considera que la incorporación de la IA en las administraciones públicas debe abordarse como una transformación organizativa, y no solo como una decisión tecnológica. Por ello, el despliegue institucional no debería empezar por la elección de herramientas, sino por una fase previa de diagnóstico, formación y gobernanza.

El siguiente paso pasa por ordenar el despliegue a través de una hoja de ruta progresiva. En lugar de incorporar soluciones de forma inmediata o aislada, la propuesta metodológica para cualquier municipio consiste en avanzar por fases: primero, sentando las bases de gobernanza y la capacitación del personal después, probando casos de uso en ámbitos concretos y de bajo riesgo y, finalmente, ampliando aquellas soluciones que hayan demostrado su eficacia y retorno social.

La cuestión, por tanto, no es solo qué herramientas de IA puede utilizar un ayuntamiento, sino cómo prepara a la organización, cómo protege los datos, cómo forma a los equipos y cómo garantiza que el despliegue responde a criterios públicos. Solo desde esa base la IA puede integrarse en los servicios municipales sin comprometer la confianza ciudadana ni la seguridad jurídica de las instituciones.