Asociaciones de afectados y sindicatos piden a los grupos parlamentarios que apoyen en el Senado la exención fiscal para las indemnizaciones del fondo de compensación de las víctimas del amianto

El próximo 9 de septiembre se votará en el Senado una enmienda presentada por el PNV al proyecto de Ley que modifica la legislación de discapacidad, que propone extender esta exención al conjunto del Estado. Desde nuestras organizaciones pedimos al conjunto de los grupos parlamentarios de la Cámara Alta el apoyo a la iniciativa del PNV para acabar de una vez por todas con esta injusticia y, en especial, a los Grupos que respaldan al actual Gobierno.

La aprobación de la exención fiscal sería un primer indicador de interés por parte del Gobierno en solucionar el maltrato institucional que las víctimas del amianto vienen sufriendo. Como vienen denunciando nuestras organizaciones, tanto la Ley 21/2022 como, sobre todo, su Reglamento de desarrollo presentan graves deficiencias que no permiten al fondo de compensación cumplir con el objetivo de “evitar los largos procesos judiciales” fijado en la propia Ley. Buena prueba de ello son las escasísimas solicitudes de indemnización presentadas por las personas afectadas en el año que lleva en vigor el Fondo.

Hasta tal punto ha llegado el incumplimiento de la Ley que, a fecha 4 de septiembre de 2026, tan solo 106 víctimas han sido resarcidas, a falta de dos semanas para cumplir un año desde que, el pasado 18 de septiembre del 2025, entró en vigor el Reglamento de la Ley.

El montante económico desembolsado hasta ahora alcanza la cifra de 6.344.794,76 euros, cifra que queda muy lejos de los 25 millones asignados anualmente por los PGE, siendo además el quinto año consecutivo que el dinero asignado quedará en las arcas del Estado.

El retraso de años en la tramitación legislativa de la normativa del fondo de compensación, las escasas cuantías establecidas para las indemnizaciones, restringir la posibilidad de presentar las solicitudes exclusivamente a las personas que tengan ya reconocida una incapacidad permanente por contingencia profesional o la ya citada falta de exención fiscal han contribuido a desanimar a las víctimas en optar por este recurso, extendiendo una sensación de abandono entre el colectivo y a convertir en ineficaz un dispositivo que se creó para compensar a una parte de la ciudadanía cuyas vidas se vieron afectadas por el retraso del Estado español en prohibir el uso de una sustancia cancerígena, a pesar de la existencia de una evidencia científica sólida sobre sus efectos nocivos para la salud y que exigía su erradicación.