Amnistía o clemencia

Para entenderlo bien conviene tener en cuenta que, para el pagano aristotélico o epicúreo, o estoico, como en este caso, “la virtud” es un “arte de vida” que nos ayuda a ser más felices en la tierra. Ser prudente, justo, moderado y fuerte, por ejemplo, son virtudes cardinales ya formuladas por Platón y consideradas por este como fundamentales en la consecución del bien individual y colectivo en la república. En este mismo sentido considera Séneca a la clemencia como una importante virtud del gobernante que afecta, por tanto, al buen gobierno.

La posterior ética cristiana de las virtudes asumió básicamente la herencia clásica, bautizándola, por así decirlo, y no hay duda de que la virtud de la clemencia, que, por otra parte, encaja muy bien con el mensaje evangélico de mansedumbre y perdón, no quedaba excluida. Por eso resulta sorprendente que, preguntado el portavoz de los obispos españoles por su opinión sobre una posible amnistía a los independentistas del procés, optase por un rigorismo mucho más cercano al legalismo farisaico que Jesús de Nazaret combatía que a la misericordia evangélica que este predicaba.

Estamos hablando, lógicamente, de clemencia, no de amnistía. Pero lo que pasa es que la amnistía es una de las figuras legales previstas por nuestro sistema político, junto con otras, como el indulto, para ejercer la clemencia, articulando jurídicamente una remisión o abolición ad hoc de la pena a quienes han cometido delitos castigados o castigables, en este caso, en relación con lo que se ha venido llamando el procés. Y de lo que yo no dudo es de que cabe en nuestro ordenamiento jurídico. Controversias de leguleyos aparte, en un sistema democrático liberal representativo, si la constitución no lo prohíbe, al menos el parlamento, que es quien tiene la capacidad de crear la norma, que es lo más, tendrá, sin duda, también la capacidad de limitar su aplicación ad hoc, que es lo menos. En este caso es la vía para que el gobernante haga ejercicio de esa virtud de buen gobierno que se llama “clemencia”. Para ello lo único que se necesita, lógicamente, es disponer de la necesaria mayoría parlamentaria. Aplíquese, pues, la amnistía en los términos y condiciones que la técnica jurídica y la ocasión aconsejen.

De lo que yo ya tampoco dudo es de que, en estos momentos, en España, la ocasión lo aconseja. Y, sin embargo, la derecha oficial no sólo se opone a ella, sino que, por boca de Núñez Feijóo, dice incluso, sin conocer los detalles, que es una inmoralidad. Dadas las tragaderas que está demostrando nuestra sociedad ante las mentiras, bulos, malévolos juicios de intenciones o actos de corrupción en ciertos políticos esto podría parecer una acusación menor. Pero, como toda inmoralidad, no lo es. Lo que pasa es que no es cierto.

¿Una inmoralidad un acto de clemencia que no hace daño a nadie (¿a quién?) y que se aplicaría a delincuentes que provocaron, de hecho, poco más que unos disturbios callejeros, donde no murió nadie y hubo unos pocos heridos? ¿Una inmoralidad un acto de clemencia a unos dirigentes que no pusieron mucho más de su parte que convocar un referéndum ilegal, asegurar su logística y hacer declaraciones de independencia inanes, estando muy lejos de poner medios medianamente efectivos o violentos para alcanzarla?

Hace ya cinco siglos, y después de un levantamiento en armas, Carlos V, aunque castigó a los cabecillas, extendió un perdón general a los comuneros, que afectaba incluso a delitos de sangre, con el fin de apaciguar Castilla. "¿Qué se opone, pues, a la clemencia?” – dice Séneca, y responde: – “La crueldad, que no es otra cosa que la dureza de alma en la aplicación de castigos."

Cuando yo mismo, ante la petición de extradición a Alemania de Puigdemont, leí a juristas alemanes que, en el caso en cuestión, no se podía hablar de rebelión porque, ni de lejos, se pusieron los medios efectivos para ello, confieso que no lo entendí y pensé (y seguro que no sólo yo): ¡pues sólo faltaría que, bien sea en rebelión o sedición, los medios hubieran sido los adecuados y lo hubieran conseguido! Pero ahora, con la distancia, después de todo lo que hemos visto y vivido en estos años (y gracias a Séneca), sí lo entiendo.

Lo entiendo porque, mientras tanto, ha quedado claro para la historia que, medido por los objetivos que cada una de las partes, independentistas y gobierno, pretendía alcanzar, todo fue una chapuza que merece más condescendencia que castigo.

Por parte del Gobierno de Rajoy porque no supo prevenir el referendum ilegal, cuando llegó reaccionó torpemente y complicó más la situación (¡Las imágenes de votantes pacíficos golpeados por la policía recorrieron el mundo!) y, luego, para más inri, dejó escapar al extranjero al protagonista de la asonada. Por parte de los líderes independentistas porque, en efecto, la declaración de independencia fue “un brindis al sol” y, después de todas las expectativas creadas entre sus seguidores, resultó que, como al final del famoso soneto con estrambote Al Túmulo de Felipe II de Cervantes, “no hubo nada”.

Así que, amnistiado ya de facto el Gobierno de Rajoy por su incompetencia en la defensa del Estado, amnistiemos también a los demás implicados en aquellos infaustos sucesos. Lo que hicieron, humanitariamente, no merece la persistencia del castigo y, sobre todo, como se ha demostrado ya con los indultos, ello contribuirá a la paz social y a la normalización política en Cataluña y en España. Por cierto, razones humanitarias y de paz social son, en resumen, también los motivos fundamentales que Séneca aduce para recomendar la clemencia. Pero sigamos.

A partir de ese mutuo fracaso se puede explicar que, en la derecha, siga aún vivo un cierto sentimiento de venganza; y que entre los líderes independentistas persista cierta necesidad de reafirmarse ante sus bases enfatizando que “lo volverían a hacer”. Por cierto, ¿qué valor tiene, en el fondo, que un delincuente que solicita gracia diga que “no lo volverá a hacer” si puede hacerlo? No estamos en la iglesia ni en el parvulario.

Pero lo cierto es que, de hecho, estos independentistas no lo volverán a hacer. Bromeaba Stalin diciendo que los alemanes no hacen la revolución porque lo prohíbe la policía. Eso es lo que pasará en Cataluña ante una hipotética nueva declaración de independencia. No tendrá lugar por mucho tiempo. Y no tendrá lugar porque el sistema, gobierne quien gobierne, por la vía legal no lo permite y, por la fuerza, no es posible. En mi último libro “Entender la política” he dedicado tres artículos al tema y lo he explicado en detalle. Los políticos lo saben y ahora, después del fracaso y de todos los (previsibles e inútiles) daños sufridos de orden económico, político y social, lo sabe o intuye también, mayoritariamente, la sociedad catalana.

La parte vasca que, en su día, a diferencia de la catalana, lo intentó por la vía de la fuerza, también lo sabe y, consecuentemente, se ha puesto ya en modo envidiablemente racional. Pero los independentistas catalanes parecen haber perdido el famoso seny y sigue siendo incluso posible que un golpe de irracionalidad haga fracasar la investidura de Pedro Sánchez. En ese caso, no sólo se habría perdido, probablemente, la oportunidad de otros cuatro años de gobierno progresista y la versión euroescéptica representada por Polonia y Hungría habría salido reforzada en Bruselas. Cataluña habría perdido también una oportunidad única de normalizar su situación y el Estado español la oportunidad de ir perfeccionándose institucionalmente, avanzando así en el reconocimiento de la real diversidad del país. Y, como esto es así, en caso de que esa irracionalidad se produjese y fuésemos a una repetición de elecciones, los partidos que apoyan la amnistía, y particularmente el PSOE, deberían llevarla en su programa electoral.

Porque de eso, fundamentalmente, se trata. Si Pedro Sánchez no tuviese en cuenta el interés general ni fuese a respetar el marco constitucional, como le atribuyen malévolamente sus críticos, y cediese a las presiones de los independentistas sólo para asegurarse la investidura, estaría cometiendo efectivamente una inmoralidad. Pero no es el caso.

Puede que resulte, para unos, extraño, aunque, para otros, obvio, que lo que se le puede con justicia reprochar a un político se ventila, en cada caso, dentro de los parámetros de las leyes y costumbres vigentes en nuestra sociedad (la moral dominante) y en el marco del sistema político que nos hemos dado.

Y nuestro sistema político, que ha resultado ser el sistema históricamente más apto para gestionar la diversidad dentro de la libertad es, técnicamente hablando, además de democrático y liberal, también representativo.

Eso significa que, si la ley electoral no es demasiado injusta, el demos, el pueblo soberano, está representado por los diputados reflejando la diversidad de intereses, deseos y aspiraciones de la sociedad. Y eso supone, en la práctica, como podemos ver en todos los parlamentos democráticos, que, si las mayorías no vienen dadas, lo habitual es que hay que negociar y transigir, reclamar y ceder entre los diferentes grupos parlamentarios para llegar a acuerdos y formar las mayorías necesarias.

En ese proceso, reclamar y conceder es lo habitual. Respetar el marco legal, lo ineludible. Que ello no dañe el interés general es lo requerido. Que, incluso, lo favorezca, como hemos visto en este caso, es lo virtuoso. Un acto de buen gobierno.

¿Cómo se explica entonces tanta y tan enconada oposición? ¿Es que acaso la amnistía no respondería al interés general, contribuyendo, como hemos visto ya con los indultos, a la normalización en Cataluña y en España?

Está en la lógica de nuestro sistema político no sólo que la oposición critique al gobierno, sino también que lo critique ya en la antesala de la investidura en vistas a su programa. Pero la verdad es que lo único serio que he oído decir a la oposición al respecto es que la amnistía es inconstitucional. Todo apunta a que no lo es, pero, si persistieran las dudas, el Tribunal Constitucional acabará dilucidándolo. De hecho, hay pocas dudas de que las dudas se seguirán sembrando y el PP y/o Vox llevarán el tema al alto tribunal.

Por lo demás, si el avisado lector analiza los argumentos que se esgrimen en los medios en contra de la amnistía, se dará cuenta de que casi todos son de carácter formal, no van al grano.

Se dice, como hemos visto, que la amnistía, en España, es inconstitucional. Y, aunque no se conocen aún los detales, se dice también que se desautoriza a los jueces, que se borra el delito, etc. Pero hay dos casos en que, reseñablemente, no es así, que se va ad rem.

Se dice o, más bien, se insinúa y se supone que la amnistía es mala para el país. Pero no se dice por qué. Es decir, ahora se está utilizando la amnistía, incluso por parte de viejos socialistas, como antes el sanchismo, como melón sin abrir. Algo que se supone malo, muy malo, sin especificar, y se utiliza como piedra arrojadiza, pero que, cuando te tomas la molestia de abrir el melón, resulta que este es bueno y sabroso.

Y también se ha dicho que la amnistía podría socavar la autoridad del Estado. Yo creo que más bien lo contrario. Olvidan estos críticos que el Estado (ya lo decía también Séneca) sólo es clemente con los “vencidos” y, en ese mismo acto, exhibe su fuerza y superioridad. El estado es fuerte – se lo recordaba también ya Ortega a Cambó, que volvía de Italia fascinado por el “estado fuerte” de Mussolini – no cuando el poder ejecutivo exhibe músculo y dureza, sino cuando tiene un amplio apoyo popular. Y el reflejo del apoyo popular, en una democracia, es el parlamento.

Ante estos y otros argumentos yo me pregunto si no serán un cierto sentimiento de venganza, que aún sigue vivo después de la incompetencia del Gobierno de Rajoy en la gestión del problema catalán, más el deseo de impedir como sea la formación de un gobierno progresista, los verdaderos móviles y, a la vez, la clave hermenéutica del confuso argumentarlo de la derecha en contra de la amnistía.

De hecho, las críticas más habituales, al margen de las formales, son o juicios de intenciones del orden de “lo que pretende Sánchez es…”, incluso sin conocer aún los términos de la posible amnistía, o insidias como “¿por qué no nos dice de lo que está hablando?”, obviando el hecho de que las negociaciones son discretas y, aunque el resultado se sabrá, habrá que esperar hasta el final. O bien se trata de gruesas mentiras, incluso ventiladas irresponsablemente por el principal partido de la oposición, como la que atribuía negociaciones directas sobre la amnistía entre el abogado de Puigdemont y el Presidente del Tribunal Constitucional. Y mayormente se agotan en “lo malísismo” que es hablar con este o aquel. Por ejemplo, con Bildu. O con ERC o con Junts (aquí ya con matices), obviando el hecho de que todos los grupos parlamentarios son legítimos y legales representantes de los electores y que son como son porque la realidad de la sociedad española es diversa y el sistema los protege. Porque ser independentista, como algunos partidos catalanes y vascos, es constitucional, y estar en contra del Estado autonómico, como Vox, es constitucional y aspirar a una república es constitucional. Y que el estar en el parlamento y hablar, y negociar, es, precisamente, aceptar el marco legal vigente y cumplir la Constitución. Paradójicamente el único partido que, de hecho, no la cumple a ojos vistas es el PP al bloquear la elección del Consejo General del Poder Judicial. Y esto, a la vez que se le llena la boca de constitucionalismo. Pero parece que buena parte de la ciudadanía no es consciente de ello o, polarizada, no lo quiere censurar.

Finalmente, tengamos en cuenta que las medidas de gracia de distinto orden para solucionar conflictos políticos han sido utilizadas muchísimas veces a lo largo de la historia, en España y en Europa, tanto, en su día, por parte de las monarquías absolutas como también por parte de los gobiernos liberales y democráticos. Son expresión de la clemencia, una virtud de buen gobierno que, como si ya lo hubiera previsto Séneca, ha dado buenos frutos a lo largo de la historia. De hecho, he preguntado a la IA si había alguna medida de gracia en la historia de Europa conocida por sus malos frutos y me ha respondido que no. Pero, eso sí, me ha recordado que “las medidas de gracia son una herramienta poderosa y deben ser utilizadas con precaución”. Sea. Y, para ello, ténganse muy en cuenta las críticas y sugerencias de buenos juristas y de políticos experimentados en el mundo independentista como Odón Elorza, que ya ha señalado algunas, y Salvador Illa, sobre todo si la investidura prospera y el proyecto de amnistía exige ya una implementación próxima.

Pero, sea como sea y aunque la investidura fracase y haya que ir a nuevas elecciones, el tema de la amnistía ha entrado ya de lleno en el escenario político y ahí seguirá. Y ni siquiera la política frentista de la derecha podrá obviarlo. Hay cuestiones que acaban madurando con el tiempo. Esta es una de ellas.