Persiste la ofensiva judicial contra el Presidente del Gobierno

Ya se han perdido hasta las apariencias. ¿Es neutral un Juez al que se ha denunciado por prevaricación? ¿Se puede permitir que ese Juez replique a la denuncia con dos nuevas imputaciones? Si el Poder Judicial funcionara con normalidad, y no como brazo armado de la oposición de la derecha, habría apartado al Juez acusado para evitar que éste se vengue de la denunciante. Pero ha ocurrido todo lo contrario: gracias a la Audiencia Provincial de Madrid y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que de consuno actúan como guardia pretoriana o escudo del Magistrado Peinado, un procedimiento diabólico que un Juez de buena fe hubiera desestimado de inmediato, se está convirtiendo en una montaña cada vez más elevada que no sabemos cómo va a acabar.

Ante lo que está ocurriendo se me ocurren dos interrogantes. En primer lugar, ¿cómo va a actuar el Consejo General del Poder Judicial? En su toma de posesión la nueva Presidenta del Consejo pidió “a los políticos”, con aplauso de la prensa de la derecha, que no interfieran en lo judicial. ¿No estamos ante una clara interferencia de lo judicial en la política con el fin de derribar al Gobierno legítimo? ¿No tiene nada que hacer el Consejo General del Poder Judicial para preservar la imagen de un Poder Judicial que hoy aparece ante la opinión pública como el instrumento más eficaz y más destructivo de oposición contra el Gobierno?

El segundo interrogante se refiere a la respuesta de la izquierda. Ahora que está a la vista la operación judicial de derribo del Gobierno, ¿qué van a hacer los partidos de la izquierda, los que dentro y fuera del Gobierno, que lo apoyan? La semana pasada me referí en estas mismas páginas (“Presión judicial y presión política. La hora de los partidos”, Sistema Digital, 23 de octubre de 2024) a la conveniencia y urgencia de cambiar por completo el régimen de la acusación popular, de modo que no sea un instrumento de desestabilización política. La vía para aplicar el cambio no era muy compleja, residenciar las denuncias en el Ministerio Fiscal y no de manera directa en el Juez de lo penal. Y el procedimiento podría ser una proposición de ley de los Grupos Parlamentaros progresistas para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal mediante lectura única.

Si no se reacciona con rapidez ante la ofensiva judicial, el deterioro del Gobierno puede ser irreversible. Actuaciones como las sucesivas imputaciones contra Begoña Gómez no sólo son un peligro contra ella misma, sino que desprestigian al Gobierno ante la opinión pública que, sin especiales conocimientos jurídicos, tiende a la fácil reflexión de que algo habrá hecho la imputada. La opinión pública progresista pide una actuación rápida y contundente.