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Fracaso y abandono escolar en España


(Tiempo de lectura: 3 - 5 minutos)

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, amparándose en el Objetivo 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas apuesta por “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

Plantea en el Preámbulo que:

“Las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que de ella dependen tanto el bienestar individual como el colectivo. Mientras que para cualquier persona la educación es el medio más adecuado para desarrollar al máximo sus capacidades, construir su personalidad, conformar su propia identidad y configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica, para la sociedad es el medio más idóneo para transmitir y, al mismo tiempo, renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social”[1].

Consecuentemente, una educación inclusiva es indispensable para el buen funcionamiento de la sociedad, es constructora de ciudadanía y un mecanismo clave a la hora de favorecer la igualdad de oportunidades, minimizando las barreras físicas, sensoriales/cognitivas, sociales y culturales que se presentan las nuevas generaciones (Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA))[2].

El abandono escolar es una realidad en los países más desarrollados (qué decir tiene en los menos avanzados, en los que ni siquiera acuden a la escuela). Es un hecho social multifactorial, en el que intervienen factores familiares, sociales, académicos, … Resultando inexcusable que desde instancias institucionales se implementen actuaciones eficaces y eficientes que frenen o, en el mejor de los casos, den fin a una realidad que asola particularmente a los estudiantes con mayores dificultades. Sería preceptivo trabajar en red entre los propios involucrados, los centros escolares, las familias, los profesionales del sector, los grupos de pares…, con una perspectiva comunitaria.

Si España hace 20 años uno de cada tres jóvenes (entre los 18 y 24 años) abandonaba sus estudios, hace diez la tasa de abandono ascendía al 22%. En 2024, según el Ministerio de Educación y Formación Profesional: 13,6 % (15,8 % los varones y 11,3% las mujeres). Un mínimo histórico, aunque nos posicionemos por encima de los países de la Europa Comunitaria (11,8 %) y tan sólo seamos superados por Rumanía.

Los programas implementados de refuerzo en los centros educativos y el aumento de las plazas públicas de Formación Profesional han favorecido este cambio de tendencia. Interesante que la COVID-19 supusiera la permanencia en el sistema educativo de jóvenes poco cualificados, pues las restricciones de movimiento les impidieron emplearse en la hostelería y muchos retomaron sus estudios. --La historia escolar del alumnado (particularmente el fracaso escolar y la repetición de curso) es un factor de riesgo, además de la segregación del programa formativo al que asistan o del aula. Además, estos jóvenes suelen presentar desmotivación hacia los estudios (especialmente si perciben un desfase respecto a sus compañeros de clase), valoran negativamente el sistema educativo, y presentan cuadros de minusvaloración personal, circunstancias que pueden llevarlos a comportamientos indisciplinados.

La mayor incidencia del fracaso escolar se da entre los que viven en hogares en situación de exclusión social, y particularmente –según el INE− entre los extranjeros del resto del mundo (32,8%). Por comunidades autónomas, las que presentan mayor incidencia fueron en 2023: Ceuta (21,2%), Melilla (20,4%) y la Región de Murcia (19,2%), en el otro extremo: la Comunidad Foral de Navarra (6,5%), el País Vasco (6,7%) y Cantabria (7,3%). Observándose que es en las áreas pobladas intermedias donde está más presente (15,0%).

¿Cuáles serían las principales medidas que harían factible reducir este problema tan significado y con tantas repercusiones para los afectados y la sociedad?

  1. Acometer políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social de corto-medio-largo alcance.
  2. Fomentar políticas educativas inclusivas, mejorando las infraestructuras, la cualificación del profesorado y creando programas de apoyo para los sectores sociales más vulnerables.
  3. Potenciar programas de apoyo y acompañamiento hacia los jóvenes con riesgo de abandonar su formación.
  4. Crear programas, desde el ámbito escolar, que favorezcan la implicación de las familias en la educación de sus hijos.
  5. Trabajar la flexibilidad curricular, ofreciendo alternativas de formación profesional y técnica, puesta la mirada en el ámbito laboral.
  6. Desarrollar iniciativas comunitarias, en las que los jóvenes se involucren en actividades extracurriculares y de voluntariado que les arrojen un sentido identitario y de pertenencia.

Desde sociedades democráticas maduras toda iniciativa en este sentido es forzosa, puesto que uno de los pilares de la igualdad de oportunidades pasa por la educación: una educación para tod@s inclusiva y que promueva valores como el esfuerzo, la solidaridad, la comunidad… En definitiva, que construya ciudadanos en mayúscula, comprometidos con su tiempo y su sociedad.

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[1] Véase, https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-17264

[2] Véase, https://www.recursosdua.com/que-es-dua

 

Nacida en Ingolstadt Donau (Alemania). Doctora en Ciencias Políticas y Sociología. Catedrática de Sociología de la UNED. Es autora de un centenar de publicaciones sobre los impactos sociales de la Biotecnología, exclusión social, personas “sin hogar”, familia, juventud, inmigración, etc.

Es miembro y secretaria del equipo de investigación del Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales (GETS) de la UNED. Ha participado en una treintena de proyectos de investigación. Es evaluadora habitual de revistas de Ciencias Sociales españolas e internacionales.

Desempeña tareas de gestión en la UNED desde el año 1996. Ha sido secretaria del Departamento de Sociología III (Tendencias Sociales) y subdirectora del mismo. Asimismo, coordinadora del Máster en Problemas Sociales y del Programa de Doctorado en Análisis de los Problemas Sociales de la UNED.

En el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha sido coordinadora y evaluadora de becas dentro del Área científica Ciencias Sociales.

Miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (1997-2010), vocal de la Comisión de Bioética de la UNED y Vocal Titular del Foro Local de “Personas sin Hogar” del Ayuntamiento de Madrid.


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