El juicio penal al Fiscal General del Estado (reflexiones previas a la sentencia)

En primer lugar, es la primera vez en la Historia de España (esto sí que es histórico y no las banalidades de Núñez Feijóo para quien todo es histórico) que un Tribunal juzga al Fiscal General del Estado. Y puestos a juzgarle, cualquiera pensaría que por un delito muy grave. Pero, ya nos hemos acostumbrado a banalizar los delitos, siempre en la órbita del Gobierno y de su Presidente. Ya nos hemos acostumbrado a delitos sin víctimas que se inventan a partir de recortes de prensa que ciertos Jueces capturan como si fueran el asunto profesional más importante de su vida y que instruyen como instruiría la Santa Inquisición. El delito, si es que existe, es insignificante y sólo una mente diabólica ha podido transformar un comunicado oficial en un delito de revelación de secretos. Pero, ese es el nivel de la Justicia que tenemos hoy en España, con la alianza de Jueces y políticos de la derecha.

En segundo lugar, es pertinente preguntarse sobre algunas cuestiones. ¿El Cuerpo Nacional de Policía ha dejado de actuar como Policía Judicial? ¿Por qué en los asuntos que rozan o afectan al Gobierno o al PSOE el Poder Judicial encarga las funciones de Policía Judicial a la Guardia Civil y, dentro de ésta, a la UCO? Visto el testimonio de los miembros de la UCO en la vista contra el Fiscal General y en el registro del despacho de éste, ¿la UCO instruye con plena imparcialidad? Si los supuestos delitos han ocurrido en áreas urbanas, ¿por qué interviene la Guardia Civil y no el Cuerpo Nacional de Policía? Igual que hay un principio constitucional sobre el Juez predeterminado por la Ley, ¿no hay un principio relativo a la Policía Judicial predeterminada por la Ley o ésta está a disposición de lo que determine cada Juez instructor?

En tercer lugar, ¿qué le debe el decano del Colegio de Abogados de Madrid a Díaz Ayuso para prestarse a actuar en un juicio altamente politizado que rompe la neutralidad política de una Corporación de Derecho Público que defiende intereses profesionales?

En cuarto lugar, ¿por qué el entonces Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo designó instructor de un asunto intrascendente o inflado artificialmente al Magistrado más escorado a la derecha de toda la Sala? Más que el affaire García Ortiz, el Supremo ha juzgado el affaire Hurtado, una creación procesal de un instructor que ha seleccionado a su gusto los testimonios y las pruebas con el fin de inculpar, nada menos, al Fiscal General del Estado del Gobierno del Presidente Sánchez. Otro instructor hubiera archivado este caso falso que nunca hubiera debido llegar al Pleno de la Sala.

En quinto lugar, en relación con el punto anterior, ¿por qué la desconfianza del Poder Judicial hacia la prensa? Desde el comentario del Presidente a propósito de las dudas de uno de los testigos, hasta el desprecio del Magistrado Hurtado a todas las declaraciones que podrían exculpar al Fiscal General.

En sexto lugar, ¿por qué la prensa de la derecha (ABC, El Mundo, La Razón) ha narrado el juicio con informaciones, comentarios y valoraciones que no concuerdan con lo que se ha podido oír en los vídeos que se han difundido? Los lectores de la prensa de la derecha han recibido una información falsa sobre la actuación de los testigos.

En séptimo lugar, ¿no tiene consecuencias judiciales la declaración del Director del Gabinete de la Presidenta Díaz Ayuso que reconoció que como no es notario no está obligado a decir la verdad?

En octavo y último lugar, ¿qué seguridad pueden tener los ciudadanos cuando se lleva a juicio a todo un Fiscal General del Estado sin un solo indicio directo? ¿En qué medida estamos todos los ciudadanos a merced de las decisiones que, con fines políticos o de otro tipo (buscar un minuto gloria, por ejemplo), ponen a una persona en la mira de un Juez?

Todos estos interrogantes son independientes de la decisión final del Tribunal, de su sentencia absolutoria o condenatoria porque el Fiscal General ya ha sufrido la pena de sentarse en un banquillo como un delincuente, porque ha sufrido un humillante registro a cargo de una unidad de Policía Judicial, porque el novio de Díaz Ayuso y su escudero, MAR, ha podido difundir su victimismo y hacer creer que estaba siendo perseguido. Todo eso ha ocurrido y una sentencia absolutoria restablecerá un principio mínimo de Justicia, pero no borrará la operación de acoso y propaganda contra el Gobierno (en la persona de García Ortiz) que las derechas prepararon con la complicidad de algunos Jueces.