Las organizaciones de interinos registran en el Congreso sus “Líneas Rojas Innegociables” para resolver el abuso de temporalidad

Las organizaciones de empleados públicos temporales registran en el Congreso de los Diputados el documento “Líneas Rojas Innegociables”, dirigido al Grupo Parlamentario Socialista, en el que recogen las condiciones mínimas que, a su juicio, debería cumplir cualquier reforma legislativa destinada a resolver el abuso de temporalidad en el sector público español.

El documento llega en un momento de especial relevancia jurídica e institucional, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de abril de 2026, asunto Obadal, que ha vuelto a pronunciarse sobre la situación del personal temporal en abuso en las Administraciones públicas españolas.

Desde el despacho Araúz de Robles, se aclara que cualquier respuesta legislativa debe partir de una premisa clara: el problema ya no puede abordarse como una cuestión de oportunidad política, sino como unaobligación jurídica derivada del Derecho de la Unión Europea.

“El legislador español no tiene margen para aprobar una solución meramente formal o parcial. La sentencia Obadal exige medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias, capaces de sancionar el abuso cometido y de eliminar sus consecuencias. Cualquier norma que deje fuera a colectivos afectados, que mantenga la precariedad o que se limite a indemnizaciones tasadas volvería a situar a España en un escenario de incumplimiento”, señala Javier Araúz.

Sin margen a las soluciones parciales

La sentencia Obadal ha descartado que las soluciones aplicadas hasta ahora en España puedan considerarse suficientes para cumplir la Directiva 1999/70/CE. En particular, el TJUE ha cuestionado la figura del indefinido no fijo, las indemnizaciones tasadas, los procesos selectivos o de estabilización y el régimen de responsabilidad previsto por la Ley 20/2021, cuando estas medidas no permiten sancionar debidamente el abuso ni reparar sus efectos.

Para Araúz, este pronunciamiento obliga a revisar de forma integral la situación de funcionarios interinos, personal estatutario y personal laboral temporal que durante años han ocupado plazas estructurales en la sanidad, la educación, la justicia y la administración general.

“No estamos ante una reivindicación corporativa, sino ante la necesidad de dar cumplimiento a una doctrina europea vinculante. Durante más de dos décadas, miles de empleados públicos han prestado servicios permanentes bajo vínculos formalmente temporales. Esa situación no puede resolverse con una compensación limitada ni con procesos que no distinguen adecuadamente entre quienes han sido víctimas del abuso y quienes no lo han sido”, añade.

El documento registrado por las organizaciones pretende fijar los mínimos que debería respetar una futura norma para no reproducir los errores ya señalados por el TJUE. Entre ellos, la inclusión de todos los colectivos afectados, la reparación real de quienes han sufrido el abuso, la adopción de una sanción efectiva frente a las Administraciones incumplidoras y la garantía de que la temporalidad abusiva no vuelva a convertirse en una práctica estructural.

La cuestión tiene además una dimensión institucional inmediata. La Comisión Europea abrió el pasado 29 de abril un dictamen motivado contra España, paso previo a un posible recurso ante el TJUE, al considerar que el ordenamiento español sigue sin ofrecer una respuesta adecuada al abuso de temporalidad en el sector público. Asimismo, la resolución de este problema condiciona el desbloqueo de fondos europeos vinculados al cumplimiento de los compromisos asumidos por España.

Araúz subraya que corresponde a las Cortes Generales, a iniciativa del Gobierno aprobar la solución legislativa, pero advierte de que esa solución debe ajustarse necesariamente a los parámetros fijados por Europa.

“El Parlamento es quien debe legislar, pero debe hacerlo dentro del marco jurídico europeo. La sentencia Obadal no permite volver al punto de partida ni aprobar una solución que nazca ya como insuficiente. Lo que está en juego es la tutela efectiva de los derechos de miles de empleados públicos, la credibilidad del Estado español en el cumplimiento del Derecho de la Unión y también el riesgo de pérdida de 625 millones de euros de fondos comunitarios, además de una eventual sanción económica de la Comisión Europea que terminaríamos pagando todos los españoles”, señala Javier Araúz.

En este sentido, Araúz advierte de que el Gobierno debe decidir si quiere cumplir con Europa o seguir acumulando reproches del TJUE; si quiere combatir la precariedad laboral o mantenerla; y si quiere proteger a sus empleados públicos o proceder a un despido masivo de quienes llevan años sosteniendo servicios esenciales.

“Acabar con esta lacra de precariedad laboral pública no es una opción política. Es una obligación jurídica, social, moral y democrática”, concluye.