Ceuta: mucho presupuesto para tan pocos habitantes

La comparación con otras ciudades de tamaño semejante resulta espectacular. Mérida presupuestó alrededor de 83 millones; Talavera de la Reina, 90; Avilés, unos 92; Gandia, 108; Fuengirola, 114, y Calvià, cerca de 122 millones. Incluso Cartagena, con una población que casi triplica la ceutí, maneja 288 millones en su Ayuntamiento y 348 millones cuando se añaden organismos y empresas dependientes. Ceuta, con poco más de un tercio de sus habitantes, todavía la supera ampliamente.

Pero conviene no precipitarse. Los 424 millones constituyen el presupuesto consolidado, es decir, incorporan las sociedades municipales y los organismos autónomos. Algunas de las cifras anteriores corresponden solamente al ayuntamiento respectivo. Sobre todo, Ceuta no es un municipio ordinario. Desde la aprobación de su Estatuto de Autonomía en 1995 es simultáneamente ciudad y autonomía, una criatura administrativa bastante singular que participa tanto en la financiación de las haciendas locales como en la autonómica.

La Ciudad ejerce competencias en urbanismo, vivienda, servicios sociales, menores, medio ambiente, cultura, deporte, promoción económica y salud pública, entre otras materias. Un ayuntamiento peninsular no tiene que asumir muchas de ellas porque corresponden a la diputación o a la comunidad autónoma. Comparar directamente Ceuta con Talavera equivale, por tanto, a colocar en una columna el presupuesto municipal talaverano y en la otra una parte de los gastos que allí asumen también la Diputación de Toledo y la Junta de Castilla-La Mancha.

La equivalencia tampoco debe llevarse demasiado lejos. Ceuta no gestiona las dos grandes locomotoras presupuestarias de cualquier comunidad autónoma: la asistencia sanitaria depende fundamentalmente del INGESA y la enseñanza pública continúa bajo la administración directa del Estado. Sus 424 millones cubren más funciones que las de un ayuntamiento, pero bastantes menos que las de una autonomía completa.

Hechas todas esas advertencias, el presupuesto por habitante continúa siendo excepcional. Las peculiaridades geográficas explican una parte. Ceuta ocupa un territorio diminuto, está separada de la península y rodeada por Marruecos. Debe mantener infraestructuras y servicios cuyo coste fijo no disminuye proporcionalmente con la población. Necesita desaladora, tratamiento de residuos, bomberos, transporte, equipamientos y redes administrativas propias. Llevar materiales desde la península cuesta dinero; sacar residuos también. Una ciudad de 80.000 habitantes puede ser pequeña para recaudar, pero no lo bastante pequeña como para prescindir de una depuradora.

A ello se añade su condición de frontera exterior de España y de la Unión Europea. La inmigración, la acogida de menores extranjeros, el control fronterizo, el narcotráfico y la vigilancia marítima generan necesidades que no tienen Mérida ni Avilés. Ceuta posee además un régimen fiscal especial: allí no se aplica el IVA, sino el IPSI, generalmente más reducido, y existen bonificaciones importantes en diferentes impuestos. Esas ventajas pretenden compensar el aislamiento y atraer actividad económica, pero también limitan los ingresos tributarios. El Estado cubre una parte de la diferencia mediante transferencias y compensaciones.

No existe una cuenta actual que permita responder con exactitud cuánto cuesta Ceuta al resto de España. La última aproximación oficial fue el Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas del Ministerio de Hacienda, publicado para los ejercicios 2011-2014. Presentaba el inconveniente de agrupar Ceuta y Melilla, pero sus resultados eran inequívocos. Entre 2011 y 2013, ambas ciudades recibieron anualmente entre 650 y 720 millones de euros más de lo que aportaron mediante impuestos y cotizaciones.

En 2012, el saldo favorable conjunto fue de 722 millones: aproximadamente 4 336 euros netos por habitante, equivalentes al 24,5 % de su PIB. En 2014 llegó a representar el 27,9 %. Ningún otro territorio español registraba un saldo receptor proporcional tan elevado. No podemos trasladar aquellas cantidades a 2026 ni dividirlas alegremente por dos, pero sí concluir que Ceuta es una receptora fiscal neta muy destacada.

Nada de ello representa en sí mismo una irregularidad. Los sistemas fiscales modernos existen, entre otras razones, para redistribuir recursos y garantizar servicios semejantes en territorios con capacidades económicas diferentes. Tampoco puede cargarse exclusivamente a los ceutíes el coste de defender una frontera que pertenece a toda España. La pregunta verdaderamente incómoda aparece cuando observamos los resultados obtenidos después de décadas de financiación extraordinaria.

En 2024, la tasa AROPE —que mide el riesgo de pobreza o exclusión social— alcanzaba en Ceuta el 40,8%, frente a aproximadamente el 25,7% nacional. Cuatro de cada diez residentes se encontraban afectados por la pobreza relativa, la privación material y social severa o la baja intensidad laboral de sus hogares. La renta media por persona apenas superaba los 13 400 euros, 1.404 euros menos que los 14.807 euros del conjunto de España.

El mercado laboral tampoco ofrece demasiado consuelo. Según la EPA, en el segundo trimestre de 2026 la tasa de desempleo ceutí era del 22,4%, más del doble de la española. Entre las mujeres rondaba el 29 % y entre los menores de 25 años se aproximaba al 48%. Las estimaciones trimestrales deben manejarse con precaución porque la muestra ceutí es pequeña, pero el paro estructural lleva demasiado tiempo siendo elevado para atribuirlo a una extravagancia estadística.

El INE situó el PIB por habitante de Ceuta en 23 228 euros en 2024, el segundo más bajo de España después de Melilla. Además, su economía solo creció un 1,1% en términos reales, el menor avance de todos los territorios españoles. El enorme caudal de gasto público ha sostenido el consumo y los servicios, pero no ha conseguido generar una economía privada suficientemente vigorosa.

La mejor demostración se encuentra en el empleo público. En el primer trimestre de 2025 había unos 29 200 ocupados en Ceuta y algo más de 10 000 empleados públicos. Eso significa que aproximadamente el 34,3% de quienes trabajaban —uno de cada tres— lo hacía para alguna Administración. En el conjunto de España, utilizando el mismo método de cálculo, la proporción era del 14%, aproximadamente uno de cada siete. El peso relativo del empleo público ceutí era, por tanto, dos veces y media mayor.

También aquí hace falta una aclaración. La mayoría no depende del Gobierno de Ceuta: unos 8 500 de aquellos 10 000 empleados estaban adscritos a la Administración central. La ciudad concentra militares, policías nacionales, guardias civiles, docentes, sanitarios, funcionarios de justicia y personal penitenciario. Su peculiar posición geográfica explica buena parte de esa presencia.

Las cifras policiales son especialmente llamativas. En 2022 Ceuta tenía 581 policías nacionales y 604 guardias civiles, cerca de catorce agentes estatales por cada mil habitantes. Sumados aproximadamente trescientos policías locales, la proporción se aproximaba a dieciocho por mil, frente a menos de cuatro en el conjunto de España. Naturalmente, no todos protegen únicamente a los vecinos: muchos vigilan una frontera europea, el puerto y las aguas del Estrecho. El problema no es que Ceuta reciba demasiado ni que tenga demasiados empleados públicos.

El problema es que, pese a todo ese esfuerzo, persisten una pobreza extrema, un desempleo elevadísimo, una débil actividad privada y una acusada dependencia de las transferencias. Buena parte del dinero parece destinada a hacer soportables las consecuencias del modelo sin alterar sus causas. Las ayudas sociales evitan situaciones aún peores; los planes de empleo proporcionan ingresos temporales; las empresas municipales conservan puestos de trabajo y las inversiones mantienen la ciudad. Todo ello resulta necesario, pero no constituye una transformación económica.

Ceuta recibe mucho porque objetivamente lo necesita. Lo inquietante es que, después de recibir mucho durante décadas, continúa necesitándolo casi todo. Esa es la paradoja que debería discutirse: no si debemos abandonar a una ciudad española situada en una frontera difícil, sino si estamos empleando una cantidad extraordinaria de recursos para construir su futuro o simplemente para financiar, año tras año, la continuidad de sus problemas.

Cabe también preguntarse si Juan Jesús Vivas es víctima o es responsable de la situación de Ceuta. Conviene recordar algo básico cuando se ejerce un mandato autonómico: gobernar también significa asumir responsabilidades. No parece coherente que un presidente autonómico se presente únicamente como víctima de una situación que afecta directamente a su territorio y que, ante cualquier problema, señale exclusivamente al Gobierno central. Las competencias pueden estar repartidas, pero la responsabilidad política también existe en el ámbito autonómico.

Criticar al Gobierno central es legítimo. Pero gobernar no consiste solamente en señalar al responsable de enfrente. También consiste en responder por lo que ocurre bajo tu mandato, explicar qué se hizo, qué no se hizo y qué se podría haber hecho mejor. Un presidente no puede reclamar las competencias cuando le convienen y rechazar las responsabilidades cuando llegan las consecuencias.

Quien gobierna debe asumir tanto las competencias como la responsabilidad política que lleva aparejada.