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La investigación también es un asunto nuestro


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El Consejo de Ministros acaba de aprobar el proyecto de ley de ciencia que reforma la vigente que data de 2011. Los incrementos presupuestarios y los ambiciosos objetivos que los ponentes previmos en aquel período quedaron anulados por la crisis económica y las políticas de austeridad, afectando de forma brutal a la investigación española con un recorte presupuestario de más del sesenta por ciento que en conjunto supuso la pérdida de al menos cinco mil empleos de investigador. Todo con una escasa respuesta social.

Sin embargo, la pandemia ha puesto en evidencia de forma dramática la importancia vital de la ciencia y de la investigación y de su transferencia en innovación económica y social. En este sentido tanto los más de 3.880 millones de euros de los fondos europeos New Generation como en particular la reforma laboral, la ley orgánica del sistema universitario y la ley de ciencia que ahora comienza su andadura parlamentaria, serán los instrumentos esenciales para una paulatina pero decidida equiparación de la financiación y las condiciones de ejercicio de la ciencia tanto laborales como de prestigio de la ciencia española en la línea de nuestros pares europeos. A diferencia de hace una década, en los últimos tiempos, no solo los científicos afectados, sino que muchos sectores de la sociedad española han demandado un compromiso con la ciencia y dicha equiparación laboral y presupuestaria.

Esperemos que el ruido ensordecedor de la política espectáculo, entendida por algunos como un juego de tronos cuando no de guerra, no oculte la política más concreta como es el contenido del proyecto de ley de ciencia, mucho más discreto pero más importante, ya que tiene que ver con la mejora de las condiciones de vida y con el futuro de la sociedad española.

El nuevo texto pretende, en palabras del proyecto del gobierno, mejorar la carrera profesional investigadora haciéndola más estable y atractiva que hasta ahora, reducir las excesivas cargas administrativas que soporta a la hora de las justificaciones y asimismo de reforzar la transferencia del conocimiento a la sociedad reforzando su relación con el tejido empresarial en general y también en concreto su presencia en la sanidad pública. Además se pretende afrontar los lastres del envejecimiento, pero ante todo superar la brecha de género e introducir la perspectiva de género en la investigación española.

Para ello se pone en marcha un nuevo tipo de contrato indefinido asociado a las líneas de investigación que sustituye al contrato precario de obra y servicio y se establecen condiciones más favorables para los contratos pre y postdoctorales con el objetivo añadido de rejuvenecer el sector y además se reforma la figura de investigador distinguido para la atracción del talento que se ha visto obligado a trabajar en el extranjero, facilitando las condiciones para su vuelta teniendo también en cuenta sus trienios acumulados al mismo nivel que el de los investigadores de los centros públicos de investigación. En relación a las cargas administrativas se relajan los trámites burocráticos, que han venido lastrando la gestión de los investigadores. También se favorece la transferencia del conocimiento a un tejido empresarial mayoritariamente de pequeña empresa que dedica a la investigación un esfuerzo aún menor que el sector público. Ese ha sido el principal motivo de la baja ejecución de los créditos presupuestarios. Por otra parte el gobierno ha incluido en la ley una disposición con el compromiso de elevar el presupuesto público de investigación hasta el 1'25 para el año 2030, encaminado junto con el sector privado a converger en materia presupuestaria con la media del tres por ciento de la Unión Europea.

El problema es que los mencionados objetivos estaban ya presentes en la ley vigente y no solo no se han conseguido sino que en algunos de ellos hemos retrocedido. Por eso no basta con mejorar la ley en el trámite parlamentario, ni siquiera con cumplir los compromisos de convergencia presupuestaria con Europa, sino que es necesario que la cultura científica se traslade al conjunto de la sociedad, en particular al sector privado, y que se mantenga el compromiso social y político con la ciencia.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.