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La iglesia, como juez y parte


(Tiempo de lectura: 2 - 4 minutos)

Después de resistirse durante décadas, la iglesia española ha decidido encargar una auditoría externa sobre los abusos sexuales en su seno a un conocido bufete por su trabajo con demandas colectivas. Un informe que se anuncia como independiente y exhaustivo encaminado a conocer los hechos, sus responsables y la reacción de sus superiores para establecer la verdad y un protocolo de actuación en el futuro.

Antes de todo esto, tuvo que llegarle al papá Francisco el dossier elaborado por el diario El País, donde se documentaron cientos de casos de abusos sexuales a más de mil niños por parte de miembros de la iglesia, ante el que la Iglesia española respondió inicialmente con el silencio y más adelante, a instancias del papa, encargando el estudio de los abusos a cada una de las respectivas diócesis y órdenes religiosas. Una patada a seguir o una larga cambiada, según se mire, en contraste con la iglesia de otros países de nuestro entorno como Francia, Alemania o Portugal.

Solo a partir del momento en el que inicialmente los grupos parlamentarios de la izquierda y luego el presidente del gobierno se reunieron con personas abusadas y anunciaron sendas propuestas de investigación, los primeros en sede parlamentaria y el segundo en el marco de la defensoría del pueblo, provocando que a continuación la fiscalía general del Estado haya recabado los casos abiertos en cada una de las CCAA, solo entonces la iglesia española se ha replanteado su decisión inicial de diluir la investigación y ha anunciado el encargo de la auditoría externa mencionada. las conclusiones de las investigaciones realizadas en Alemania y Francia denuncian determinantes sistémicos que son caldo de cultivo para los abusos sexuales, entre los que se encuentran la institución del celibato sacerdotal obligatorio y algunos elementos de la doctrina sexual de la Iglesia relativos a la homosexualidad.

En el informe francés se calcula la barbaridad de más de doscientas mil víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes desde mediados del pasado siglo, ante los que la jerarquía hizo caso omiso dando la espalda a las víctimas y en que los curas pederastas aprovecharon el secreto de confesión para silenciar los abusos de los niños con práctica impunidad. Ante las reacciones de sorpresa de los medios de comunicación y el excepto mismo de las víctimas, la Conferencia Episcopal se ha apresurado a afirmar que dicha auditoría no es la alternativa a las investigaciones previamente anunciadas, ni mucho menos impide su colaboración activa con las mismas para el esclarecimiento de los hechos, sino que la jerarquía la considera complementaria de las mismas. Lo que no han explicado el presidente de la Conferencia Episcopal Juan jose Omella es en qué estriba la necesidad de sumar una auditoría externa a la investigación interna que dicen que tienen ya en marcha las órdenes y las diócesis, junto a la de la fiscalía sobre los casos aún activos y la propiamente institucional que has ido anunciada. De pronto, cuatro investigaciones simultáneas sobre idéntica materia, ni más ni menos.

Por otra parte, resulta cuanto menos sospechoso que esta auditoría sea a iniciativa de la institución que hasta ahora silenció las denuncias y amparó a los pederastas y no promovida por parte del colectivo de las víctimas. Aunque no sería ésta la primera vez que tal cosa ocurriera, más en un papel de obstrucción de la acción de la justicia, que en el de facilitar la investigación, como también que dicha auditoría surja además como respuesta a regañadientes a las iniciativas político-institucionales anunciadas, pero sobre todo que en la máxima dirección del bufete se encuentren personas de conocida fidelidad a la iglesia y más en concreto a sus sectores más conservadores como el Opus Dei. Algo que a priori plantearía al menos la dificultad de servir al menos a dos señores: de un lado la independencia de su investigación en defensa de las víctimas y como consecuencia el mantenimiento del prestigio del bufete, y de otra parte el encargo de la jerarquía eclesiástica y la respuesta a la institución, aunque en este caso lo sea pro bono, y el alcance de su fidelidad como miembros conocidos de la iglesia española. Porque, aunque se menciona el ejemplo del estudio de la iglesia de Munich, que incluso se atrevió a desvelar el papel del papa emérito provocando su carta de disculpa, la auditoría en España no parece orientada en el mismo sentido inquisitivo, aunque pensándolo bien cabría decir aquello de que lo que abunda no daña y que lo verdaderamente importante es que se haga la luz, más luz.

 

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.


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