La justicia británica abochorna nuestra injusticia real

Sin embargo, no han pasado ni siquiera unos meses desde el sobreseimiento de las investigaciones por parte de la fiscalía española y la de Suiza y semanas desde la segunda carta de la casa real que daban por resueltas las investigaciones de la fiscalía sobre las irregularidades y posibles ilegalidades de los turbios negocios rey emérito. Ambas cuestiones, aparentemente zanjadas con las sucesivas regularizaciones con Hacienda y el prudente mantenimiento del rey emérito al margen y a distancia de la casa y la familia real, cuando ha tenido que ser la justicia británica la que abochorna a la justicia borbónica y desmonta los principales argumentos exculpatorios basados en la inviolabilidad y la prescripción.

Al final, la justicia británica se ha declarado competente para investigar al rey emérito por la acusación de supuesto acoso a doña Corina Larsen por parte de Don Juan Carlos con la intermediación del anterior responsable de los servicios de inteligencia don Feliz Sanz Roldán. Todo ello con el objetivo al parecer de recuperar la importante transferencia de sesenta y cinco millones de euros de Arabia Saudí al entonces rey Juan Carlos, remitida a doña Corina Larsen a modo de testaferro que con la ruptura sentimental se convirtió en un presente por amor de carácter irrevocable.

Algo previsible, ya que los argumentos de la defensa del rey emérito, sobre el mantenimiento de su inmunidad ligada a una supuesta labor de representación con posterioridad a la la abdicación y el mantenimiento de su integración en la casa real, eran poco menos que insostenibles. Sobre todo cuando el decreto de abdicación tan solo contemplaba el aforamiento de don Juan Carlos para cualquier proceso ante el Tribunal Supremo. Además, desde hace dos años y a raíz del conocimiento público de sus irregularidades económicas y fiscales, a todo ello se añade la desvinculación decidida por su hijo, el actual rey Felipe VI, de cualquier retribución y actividad institucional por parte de la casa real.

La que se podría denominar como justicia real en España se ha limitado al conocimiento público de los hechos en los medios de comunicación, a una investigación limitada al mero relato y calificación de los posibles delitos por parte de la fiscalía y finalmente a unas penas restringidas a las de exclusión de la Casa Real, la salida voluntaria de la casa real, junto a las sanciones retributivas con las sucesivas regularizaciones de sus deudas millonarias con la Hacienda Pública. Una justicia real de caso único, que a modo de un mecano que poco o nada tiene que ver con la justicia.

Si el objetivo fundamental de la estrategia de la razón de Estado, puesta en marcha por la casa real, la fiscalía y la Hacienda españolas era que no culminara la investigación de la fiscalía y las regularizaciones con Hacienda con la apertura de juicio penal o civil alguno contra el rey emérito, podemos concluir que, al igual que en el caso de la infanta Cristina, esta estrategia de cortafuegos al día de hoy ya ha fracasado.

Pero es que además, la investigación de la justicia británica ha puesto en evidencia la debilidad de los argumentos de la inviolabilidad y la prescripción de los posibles delitos del rey emérito, al excluir de ellas los actos privados realizados al margen de los actos debidos de la jefatura del Estado, con una lógica aplastante al compararlo con la obligación de la justicia de investigar el atraco a una joyería a la luz del día.

Sin embargo, tal parece que los anuncios de la casa real y del gobierno de incrementar la transparencia, declaración de intereses, incompatibilidades, y sobre todo de acotar la inviolabilidad han quedado, al menos hasta ahora, en papel mojado.

En resumen, la decisión de la justicia británica permite la continuación de la investigación por acoso y la posterior apertura de juicio civil rompen con la estrategia de impunidad, pero además pondrá de nuevo encima de la mesa tanto la abultada donación de Arabia Saudí como la intervención privada de los servicios públicos de inteligencia (CNI).

El Vía Crucis real continúa.