Sin principios ni responsabilidad en el Sáhara

El presidente Sánchez acaba de alinearse en solitario con los EEUU del pacto de Abraham de Donald Trump y la realpolitik de la administración Biden, mediante el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara y el sucedáneo de la autonomía, calificándola como la alternativa más seria y viable, y situándose así al margen de los compromisos adquiridos con el derecho internacional, con el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y su expresión a través del referéndum, previstos por resoluciones de las Naciones Unidas reiteradamente desoídas por el reino de Marruecos.

Un cambio radical y unilateral de la posición de los gobiernos de España que desde la marcha verde ha venido manteniendo la defensa del derecho internacional en relación al Sáhara durante las más de cuatro décadas de democracia, incluso a raíz de la presentación en 2007 por el reino de Marruecos del plan de autonomía como alternativa a las previsiones de desarrollo del referéndum por parte los representantes de la MINURSO y el fracaso de los planes Baker I y II, recurriendo desde entonces a una calculada ambigüedad de valorar la propuesta pero haciendo depender en su caso su respaldo a la misma del marco ineludible del derecho internacional y de un más que improbable acuerdo entre las partes. Dando también con ello continuidad a una posición contradictoria entre la teoría y la práctica, al eludir cualquier compromiso efectivo como potencia administradora y al adoptar una dudosa neutralidad activa consistente en contemporizar siempre con los intereses marroquíes en relación la soberanía sobre los recursos naturales del territorio del Sáhara y con las correspondientes relaciones comerciales con la Unión Europea. En definitiva, una actitud hipócrita que ha convivido durante más de cuatro décadas con la expresión sincera de la solidaridad, la acogida y la ayuda humanitaria del pueblo español y la mayoría de sus instituciones hacia el pueblo saharaui.

Sin embargo, el presidente Sánchez ha comprometido con su reciente actuación personal al conjunto del gobierno, al parlamento y al pueblo español en el abandono de la política y los compromisos tradicionales de España con el pueblo del Sáhara Occidental y con la legalidad internacional, todo a cambio de una ambigua, frágil y hasta ahora parcial recuperación de las relaciones diplomáticas y de vecindad con Marruecos y con respecto al reconocimiento de la soberanía española en Ceuta y Melilla. Por el momento, tan solo la desescalada de las medidas unilaterales decididas previamente por el reino de Marruecos, primero el cierre de las fronteras de Ceuta y Melilla y más recientemente, con la excusa del ingreso hospitalario de Brahim Gali, la instrumentalización como mecanismo de presión de la política migratoria y de fronteras, hasta culminar con la ruptura unilateral por parte de Marruecos de las relaciones diplomáticas.

Un ejercicio de cinismo y pragmatismo malentendido: la cesión al chantaje marroquí y a la realpolitik norteamericana en Oriente Medio y el Magreb mediante el señuelo de la autonomía como coartada para el reconocimiento de una supuesta soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, a sabiendas de que ésta incumple la legalidad internacional y que la propuesta de autonomía no ha dado hasta ahora ninguna muestra de ser una alternativa mínimamente creíble, seria, ni viable, ya que no ha tenido ningún avance concreto ni ha facilitado el acuerdo con la contraparte saharaui después de transcurrida década y media de su presentación. Muy por el contrario, desde entonces las relaciones del reino de Marruecos con el Frente Polisario no han hecho más que deteriorarse hasta el extremo de la declaración de hostilidades, unida a la reciente ruptura de relaciones diplomáticas con su vecino argelino. Por otra parte, la única iniciativa de autonomía dentro de Marruecos, como ha sido la de la región del Rif, se ha frustrado antes de nacer, demostrando la incompatibilidad del actual régimen autocrático marroquí con el pluralismo territorial, la descentralización y aún más con un mínimo reconocimiento de la identidad del pueblo saharaui como la autonomía anunciada. Un realismo geoestratégico que contrasta con la defensa de la legalidad internacional que se proclama para Ucrania ante la invasión rusa, haciendo bueno aquello del realismo de las zonas de influencia para lo que ocurre a la puerta de casa y el idealismo de la defensa de los valores democráticos cuando el conflicto surge en casa ajena.

Sin embargo, el voto de la mayoría del Congreso de los diputados reafirmando la política tradicional española en el Sáhara Occidental precisamente el mismo día de la visita del presidente del gobierno a Marruecos, ha puesto en evidencia el carácter personal y si acaso de partido de la defensa del sucedáneo de la autonomía frente al mantenimiento por parte de la representación de la soberanía popular del apoyo al principio de la autodeterminación del pueblo saharaui. Porque ante todo, nada dentro de la política general y tampoco en la política exterior puede ser una excepción al carácter parlamentario de la democracia española que responde del conjunto de la gestión política ante la soberanía popular representada en las Cortes Generales. No existe artículo alguno de la Constitución española en que se reserve la política exterior al ámbito exclusivo de decisión del gobierno y mucho menos a la mayoría de un gobierno de coalición ni a su Presidente, a partir de una supuesta reserva de las llamadas políticas de Estado dentro de los acuerdos del gobierno de coalición, que no pueden vincular, si acaso, más que a sus firmantes. Aunque tampoco conviene engañarse sobre el rechazo en las formas pero la coincidencia básica en los contenidos por parte del partido popular en relación a las concesiones del gobierno a costa del pueblo saharaui, sobradamente conocida en los gobiernos de Mariano Rajoy y también más recientemente en la posición beligerante de Casado de parte del régimen marroquí frente al ingreso hospitalario de Brahim Gali y a la avalancha de jóvenes marroquíes en la frontera de Ceuta. La discrepancia, si acaso, sería solo de formas.

Por otra parte, la respuesta de rechazo de Argelia con la retirada de su embajador al mismo tiempo que se producía el retorno de la embajadora marroquí y más recientemente el anuncio de la relación preferente con Italia y la revisión al alza del precio del gas, resumen las primeras muestras de las consecuencias imprevisibles para la política exterior y los intereses estratégicos de España de tan grave decisión. En resumen, el presidente del gobierno, en aras de un supuesto pragmatismo en política migratoria y en las relaciones de vecindad con Marruecos, ha provocado un retroceso político sin precedentes, no solo con respecto a los principios constitucionales y el derecho internacional sino también con respecto a nuestra responsabilidad en el Sáhara y en el Magreb de imprevisibles consecuencias. Una situación sin precedentes que debería conllevar la inmediata reconsideración por parte del gobierno, y entre tanto, una activa diplomacia parlamentaria en pro del derecho internacional y los legítimos derechos del pueblo saharaui.