Negras tormentas nos agitan

Además, es significativo que las dos modificaciones traigan causa de exigencias internacionales pues la de 1992 modificó el artículo 13.2 en cumplimiento del Tratado de Maastricht para el ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en las elecciones municipales y la de 2011 el artículo 135 para incorporar el requisito de estabilidad presupuestaria y el límite de déficit estructural.

Un tema permanente de debate es el de cuales podrían ser las nuevas modificaciones de la Constitución para la mejora de la calidad democrática. Se plantea por derecha e izquierda cómo reformar el poder judicial y el sistema legislativo, pero las diferencias son todavía insalvables. Desde la izquierda, con especial interés, se propone la constitucionalización de los derechos sociales y una mayor federalización de la organización territorial, incluso desde sectores más radicales un proceso constituyente que podría dar lugar a la sustitución de la Monarquía por la República. En la derecha la novedad es que la aparición de la extrema derecha ha traído la propuesta de suprimir el Estado de las Autonomías, lo que supondría una modificación del mismo calado que cambiar Monarquía por República.

La experiencia de los últimos años nos ha confirmado que existe un foso casi insalvable entre los electorados de izquierdas y de derechas, o dicho de otro modo que no hay apenas votantes que pudiéramos calificar de centro o bisagra entre ambos bloques. En momentos de crisis del PSOE o del PP se han podido flotar partidos como UPyD y Ciudadanos pero sus dirigentes pronto se han topado con una realidad hostil consistente en que las posibilidades de maniobra son escasas pues los votantes llevaban un ADN muy marcado de derecha o de izquierda. Terminan sus políticas convirtiéndose en clones de las de los partidos tradicionales y con ello se avocan a la desaparición pues los votantes prefieren los originales.

Caso distinto es el de VOX pues sus fundadores no sólo vienen del PP sino que, a diferencia de UPyD y Ciudadanos, han buscado refugio ideológico en principios, ideas y políticas que lo fueron del franquismo, captando así, al menos, a un 30% de la tradicional base electoral del PP; y la cuestión se complica si tenemos en cuenta que la mayoría del 70% restante, que en principio sigue fiel al PP, no ve con malos ojos que su partido pacte con VOX incluso compartiendo gobiernos, como ya ha ocurrido en Castilla y León.

De la crisis económica, acentuada por la pandemia, se beneficia la derecha populista como demostró la victoria de Díaz Ayuso con un discurso simplón, esto es, vacío de ideas hasta el punto de decir que la libertad es beber cañas, comer calamares y estar en un atasco, y VOX poniendo el punto de mira en la inmigración ilegal y en el sistema autonómico, discursos que, además, cuadran perfectamente entre sí.

En efecto, en Castilla y León lo comprobamos y nos indica que no es descartable que tengamos en Moncloa un Gobierno PP-VOX, lo que podría conllevar un retroceso preocupante en los derechos y libertades de los ciudadanos y agudizar las tensiones políticas en nuestro país, hasta el punto de que hubiera un retorno a la vía de hecho de las fuerzas independentistas en Cataluña y el País Vasco.

En la izquierda lo relevante ha sido, y sigue siendo, el primer gobierno de coalición entre el PSOE, Podemos e Izquierda Unida, con el apoyo externo de otros partidos como el PNV o Esquerra Republicana. Para su equilibrio necesita de un diálogo constante lo que, por una parte, es muy positivo pero, por otra, facilita regularmente choques como, por ejemplo, los causados por las decisiones del Presidente Pedro Sánchez de acercarse a Rabat, con lo que se aleja de la tradicional política española sobre el Sahara, o de mandar armamento a Ucrania, que tampoco está en la línea histórica de nuestra política exterior.

Precisamente la guerra de Ucrania requiere una reflexión por parte de la Unión Europea pues hasta el momento se ha adoptado sin apenas matices la hoja de ruta marcada por EE.UU., lo que a medio y largo plazo traerá consecuencias notoriamente negativas para Europa pues sus intereses geoestratégicos y económicos no sólo no siempre coinciden con los de EE.UU. sino que con frecuencia son opuestos.

Precisamente, sin contar con Europa, se firmó el 1 de septiembre de 2021 la Declaración Conjunta sobre la Asociación Estratégica entre Estados Unidos y Ucrania, que facilita que este país ingrese en la OTAN. Esta Declaración es continuación de la política iniciada en 1998 por Bill Clinton anulando el compromiso que hizo George H.W. Bush de no ampliar la OTAN hacia el Este.

Una Declaración poco amistosa no es la política adecuada para acabar con la guerra; la paz no se conseguirá sin la neutralidad de Ucrania. Las cuestiones teóricas y, a veces meramente propagandistas, sobre “exportar la democracia” o la “guerra justa”, ocultan peligrosamente el riesgo que para la propia existencia de la humanidad puede tener una guerra nuclear.

Volviendo a nuestro país, parece evidente que las tensiones políticas propias de nuestra idiosincrasia, la pandemia y la guerra de Ucrania están empobreciendo de forma alarmante las economías de los ciudadanos más vulnerables, entre los que están los jóvenes, hasta el punto de que podríamos estar ante un nuevo 15 M, una repetición agravada del mayo de 2011, y ante la llegada de un Gobierno a nivel nacional mediatizado por la extrema derecha.

En consecuencia, consideramos necesario que haya un acuerdo amplio entre las fuerzas democráticas de izquierdas y de derechas que se plasme en una reforma constitucional que refuerce los derechos y libertades, incluidos los sociales, así como que los Partidos progresistas configuren y ejecuten políticas que no lleven a los ciudadanos más desfavorecidos a escorarse hacia formaciones políticas nostálgicas de tiempos que creíamos ya superados.