Los ahorros del rey y el patrimonio del emérito

Con ello, el rey se sitúa como jefe de Estado al mismo nivel de transparencia exigible a los miembros de resto de las instituciones, si acaso todavía se mantiene la asignatura pendiente de las declaraciones patrimonio, de intereses y de incompatibilidades del conjunto de los miembros que componen la Casa Real.

En todo caso, se trata de un nuevo paso en la dirección adecuada, que aunque tan solo incorpore al decreto los compromisos ya conocidos y a pesar de que falta algún otro, no se puede ni se debe minimizar ya que transforma sus compromisos personales en ley y con ello culmina el gesto de renuncia a beneficiarse de los fondos de origen irregular y de la herencia de su padre, sujeto a una declaración periódica de patrimonio personal que la dota de un mayor contenido.

Desde una posición republicana hay que saludar toda medida que como ésta suponga un avance en la transparencia y la dación de cuentas por parte de la jefatura del Estado, independientemente si ésta es monárquica o republicana. Ello no obsta en mi caso para seguir defendiendo la idoneidad de la forma de estado republicana, pero al mismo tiempo para respetar a la forma de Estado que establece la Constitución, hasta tanto se pueda promover su reforma.

Lo que no tiene justificación alguna es que el Jefe del Estado, de acuerdo o no con el gobierno, discrimine a los partidos republicanos, excluyéndolos del constitucionalismo, primando a otros que como Vox cuestionan derechos constitucionales a las mujeres, las minorías y los pueblos, pero ante todo ignorando que la Constitución española no es militante. Esta discriminación deja en mal lugar la voluntad inclusiva e integradora de la Casa Real.

Por otra parte, ante los escándalos que han afectado al rey emérito y a otros miembros de la familia real, en tiempos del rey Juan Carlos se decidió extender una espesa cortina de silencio en los medios de comunicación y en el resto de las instituciones del Estado sobre la jefatura del Estado, sus cuentas y sus actividades irregulares, lo que garantizó su impunidad. Más tarde, ante la indignación de la opinión pública por el carácter sistémico de la corrupción se rompió la omertá y a continuación Ia estrategia de defensa de la monarquía, tratada aún como razón de Estado, pasó a ser la denominada de cortafuegos, que aunqe no logró salvarla del banquillo, evitó la condena de la infanta Cristina. Sin embargo, a pesar de todo, no pudo impedir dejar un rehén en la persona de Iñaki Urdangarín, hasta ahora el único que ha sido sentenciado y que, aunque en condiciones de privilegio, ha cumplido pena de cárcel.

Por último, ya en el reinado de su hijo Felipe VI, ha sido necesario pagar un tributo, si bien parcial, por los ingentes fondos defraudados a Hacienda, asumir a regañadientes las medidas de exclusión de la Casa Real y del país por parte de su hijo, junto a la investigación de la fiscalía, y el bochorno del juicio público, todo al objeto de evitar el juicio penal a la figura de anterior Jefe del Estado y por extensión a toda su ejecutoria política desde la Transición. Sin embargo, se mantiene el interrogante sobre cómo puede terminar el proceso civil que aún permanece abierto en Gran Bretaña contra el rey emérito por acoso a Corina Larsen y la eventualidad de la aparición en paraísos fiscales de nuevas cuentas opacas para el fisco.

Estas medidas de adaptación de la monarquía de Felipe VI a sus obligaciones de transparencia y dación de cuentas se han producido a lo largo de su reinado en respuesta a las exigencias de la coyuntura y sin un proyecto claro y unos plazos definidos. Pero sobre todo, la pregunta fundamental es si la adopción de estás sucesivas medidas de transparencia pueden evitar que se repitan en el futuro las irregularidades e ilegalidades del rey emérito y además su impunidad. La respuesta es que mientras se mantenga la inviolabilidad en el texto constitucional, y los términos actuales de su interpretación jurídica, de manera que dicha inviolabilidad se extienda a todos los actos públicos y privados del rey, incluso a aquellos que nada tienen que ver con su responsabilidad institucional como Jefe de Estado, la impunidad del rey seguirá siendo posible.

En todo caso, de no modificarse, continuará constituyendo un anacronismo y un agujero negro de nuestra democracia en cuanto a la exigencia de responsabilidades y a la igualdad de todos los españoles ante la justicia.