La resaca consecutiva a la salida de España de Juan Carlos de Borbón retrae al primer plano de la actualidad un hondo dilema. ¿Es preciso restaurar la monarquía o bien España necesita instaurar la República? Cui prodest, se preguntaban los romanos: ¿a quién beneficiaría más una u otra fórmula? ¿Qué sector social se verá en mayor medida beneficiado por cada una de ellas? En política, que tiene sus leyes propias, a veces, inextricables, hay que formular la pregunta de otra forma: ¿cuál es la actual relación de fuerzas que permite optar por una u otra alternativa? He aquí la entraña del dilema. A su solución cabrá aplicar, al menos, dos miradas formalmente distintas: una pragmática y la otra ideológica. La pragmática preconiza restaurar la monarquía para estabilizar el sistema. Para perfeccionarlo, la ideológica opta por la instauración republicana. A grandes rasgos, una puede ser considerada conservadora, la otra progresista; una oportunista, la otra doctrinaria; la primera podría parecer realista y utópica la segunda. Ambas presentan ventajas.

Acta est fabula. Con esta frase los romanos definían que la función teatral había terminado. Pero en el siglo XIX, el pueblo llano que lograba asistir a una ópera decía, por su parte, que la función no termina “mientras no salga la gorda”. ¿De cuál función hablamos hoy? ¿Quién sería aquí “la gorda”? La función es, aquí y ahora, la escenificación representativa de un poder simbólico atribuido, por convención, a un hombre al que se singulariza designándolo rey: en España lo era, desde 1975 hasta 2014, Juan Carlos de Borbón. Sobre su cabeza colocó el dictador Francisco Franco, simbólicamente, la corona, que deviene en institución cardinal de la sociedad política mediante la cual se representa a la familia como célula primigenia de la comunidad. Y, por ende, se le asigna la rectoría simbólica de esa comunidad política que a tal institución corresponde. Se situó pues al titular de la Corona al frente del Estado, construcción política suprema, que se guía por la llamada Razón de Estado. Este artificio establece cuáles son los intereses invariantes del Estado, los que velan por la permanencia de la nación en el espacio territorial y en el tiempo histórico. Tal mecanismo se rige por dos vectores, a saber, legalidad y legitimidad. Es decir, por un cuerpo de leyes determinadas y por aquello que acredita a tales leyes de manera que generen obediencia y conformidad al principio estatal. En su fase más profunda, se rige asimismo por el secreto.

¿Queda un átomo de sentido común en alguno de los principales poderes que configuran los nexos entre la gran empresa y el Estado en España? Responder sí a esta pregunta implica superar importantes obstáculos. El más prominente de los surgidos en los últimos días concierne a la incorporación –fichaje- por la compañía eléctrica Iberdrola de quien fuera hasta junio de 2019 director del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, teniente general Félix Sanz Roldán. Este conquense de 71 años, que ha sido durante la última década y hasta su jubilación en junio de 2019 principal gestor de la Razón de Estado en España –los secretos intereses estratégicos de la nación - se integrará como consejero internacional del presidente de la compañía eléctrica vasca, Ignacio Sánchez Galán. Se trata de la misma empresa que fichó al policía, luego ex policía, José Manuel Villarejo Pérez durante 13 años seguidos para realizar distintos asuntos investigados por la Justicia. Villarejo y Sanz Roldán se enfrentaron a propósito de la vinculación con el ex policía de Corina Larsen Zu Wittgenstein, ex amante del rey emérito Juan Carlos. La empresaria germana recurrió a Villarejo en una supuesta búsqueda de protección contra presuntas amenazas contra ella del entonces director del principal servicio secreto español. Villarejo permanece en prisión desde 2017.

Por primera vez en mucho tiempo, entramos en una coyuntura esperanzadora de la mano de una Europa que ha decidido no suicidarse, sino seguir apostando por sí misma como espacio de libertades y de colaboración solidaria. España ha hecho valer la importancia de su peso estratégico como vivero del europeísmo más sensato, sobre la base de pugnar por conseguir una Europa social que reequilibre las derivas neoliberales que tan dañinamente han golpeado al continente en las últimas décadas. Lo acontecido tiene más mérito, aún, por surgir en un contexto político interior agitado por la irresponsabilidad de alguno de los principales líderes de la oposición.

Las cifras de audiencias en televisiones generalistas, pocos se atreven a decirlo, resultan inéditas. Para una población de 46.700.000 habitantes como la que actualmente tiene España, la horquilla no supera diariamente los tres millones de telespectadores en los máximos de audiencia por programa. Y eso que sus perfiles, a efectos estadísticos, han descendido hasta los de los niños de cuatro años de edad. Los jóvenes no la ven, utilizan los ordenadores o los teléfonos en una incesante sangría. La gente adulta da poco a poco la espalda a la televisión. La publicidad, que parecía crecer cuando se decidió sacarla de la televisión pública para entregarla a las cadenas privadas, se ha reducido drásticamente. ¿Qué ha sucedido, cuando hace décadas, se daban audiencias de entre 18 y 25 millones de telespectadores? ¿Dónde encontrar algunas de sus numerosas causas?