Es imprescindible reforzar las medidas de control de precios de los combustibles y las ayudas para las personas con menos ingresos

Las principales causas de este repunte son el incremento de los combustibles para vehículos personales y los precios del gasóleo para calefacción. El indicador de inflación subyacente, que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos, se ha mantenido en el 2,7%. Esta estabilidad indica que el repunte general de precios responde sobre todo a componentes volátiles como la energía y los carburantes, que quedan excluidos del cálculo de la tasa subyacente.

En la primera semana que operan las medidas de deducción fiscal en los combustibles que aprobó el Gobierno, se evidencia que las empresas no repercuten esta ayuda plenamente a los precios. La previsión del Ejecutivo era que a partir de las ayudas fiscales del pasado domingo, la gasolina bajaría 29 céntimos y el diésel 23. En cambio, la gasolina solo ha bajado 23 céntimos y el diésel, 18. “Esta diferencia está financiando los márgenes empresariales por la falta de control efectivo de los precios al sector, impactando en las economías de las familias”, según Javier Pacheco, secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas.

“Por este motivo se hace imprescindible por un lado reforzar las medidas de control de precios de los combustibles y también, en la línea que proponemos desde CCOO, las ayudas y deducciones fiscales directas a las personas con menos ingresos para hacer frente a los repuntes de los precios”, argumenta el dirigente sindical.

Estamos en la fase inicial de los efectos económicos de una crisis bélica en oriente medio que debemos monitorizar de manera continua “y evitar que las ayudas públicas para paliar los efectos económicos no sirvan como en la crisis de Ucrania, para que algunos grandes sectores incrementen sus beneficios imputando a precios los costes y apropiándose de las ayudas fiscales”, advierte.

Son las familias las que padecen en primer orden las consecuencias del conflicto y por eso “es fundamental darles respuesta a sus necesidades básicas, transporte gratuito, limitación de los precios de la vivienda y ayudas directas y fiscales a las personas que cobran menos de 23.000 euros”, remacha.