En el artículo de la semana pasada hicimos un pequeño recorrido histórico sobre los modos de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde la primera vez que se reguló por Ley Orgánica en 1980, cuando unas Cortes de composición conservadora entregaron la mayoría de este órgano constitucional a la elección directa de los propios Jueces y Magistrados, dejando en minoría a los Vocales que habían sido elegidos por las Cortes Generales. Vimos también que ese secuestro del CGPJ acabó en 1985 cuando la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial modificó el modo de elección del órgano de modo que pasó a ser íntegramente elegido por el Congreso y por el Senado. Y vimos asimismo como la derecha judicial y la derecha política boicotearon ese cambio por el sencillo procedimiento de no permitir la elección del Consejo cuando en las Cortes hay una mayoría progresista: así lo hicieron en 1995, en 2006 y en 2018.

No hay día en que la prensa no ofrezca una o varias noticias que se refieren al Poder Judicial. En el día de hoy, 20 de diciembre, tenemos una información sobre la paralización cautelar de las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros por parte de la Audiencia Nacional (El País, 19 de diciembre de 2023) y otra noticia que nos cuenta que Jueces progresistas y conservadores no acudirán al Congreso si son convocados por una Comisión de Investigación (La Vanguardia, 19 de diciembre de 2023). Es ya lo habitual y el tema judicial amenaza con convertirse en una crisis político-constitucional muy grave si no se ataja.

El fallo de la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 30 de noviembre que declara la no idoneidad de la Presidenta del Consejo de Estado para ocupar su cargo es otro ejemplo de lo que ya se puede considerar la rebelión del Poder Judicial contra el Gobierno legítimo de la Nación. Si después de la muerte de Franco y hasta mediados de los años ochenta España conoció la rebelión abierta o soterrada de los militares, que querían actuar como un poder del Estado, desde hace algún tiempo estamos contemplando la ofensiva del Poder Judicial que, en alianza con el Partido Popular y con Vox, ha declarado la guerra a un Gobierno legítimo que no se presta a la vieja reivindicación de la derecha judicial que quiere controlar ella sola el Consejo General del Poder Judicial. Hace pocos días conocimos la Sentencia de 21 de noviembre de la misma Sala Tercera que anuló el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal de Sala del Tribunal Supremo (la categoría más elevada de la Carrera Fiscal), Sentencia que se funda en la doctrina de la desviación de poder que construyó el Consejo de Estado francés y asumió nuestra legislación contencioso-administrativa, pero que hoy, como se ve en esa Sentencia, abre demasiados intersticios para la apreciación judicial, incluida la desviación de poder en que pueden incurrir los propios Tribunales con fines políticos espurios. Llueve sobre mojado porque hace meses ya vimos demasiada intencionalidad política y demasiada imaginación jurídica en la Sentencia relativa al cese del Coronel Pérez de los Cobos en un puesto de libre designación donde la libertad que la Ley otorga a la Administración se ha visto constreñida por un interpretación judicial discutible, cuya intencionalidad política, de castigo al Gobierno, también estaba demasiado a la vista.

El pasado 22 de noviembre el Parlamento Europeo debatió, a instancia del Grupo Popular Europeo, la conformidad al Derecho comunitario de la proposición de ley sobre amnistía que el Grupo Parlamentario Socialista había presentado unos días antes en el Congreso de los Diputados. El caso es un buen ejemplo de la intensa ofensiva que el Partido Popular español, que preside Núñez Feijóo, ha montado contra el Gobierno de Pedro Sánchez y es también indicativo de cómo la derecha y la extrema derecha españolas entienden la política, de cómo emplean el “todo vale” para dar salida a su frustración por no haber podido formar Gobierno. Por ello, vamos a glosar el desarrollo de la sesión parlamentaria y, tras ello, el significado profundo de la acción de unos partidos españoles y de unos medios de comunicación que prefieren desprestigiar a España y a sus ciudadanos para vengarse de la afrenta de no gobernar, cuando el Derecho natural, la Historia y hasta los designios divinos les reservaban esa misión.

El pasado sábado 18 de noviembre unos ciento setenta mil manifestantes se concentraron en Madrid para protestar contra la “burla de la amnistía”, según decía la primera plana de El Mundo al día siguiente. Algunos de estos manifestantes llegaron hasta el complejo de la Moncloa, mientras que grupos fascistas siguen manifestándose ante la sede de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en la calle de Ferraz de Madrid. Para animar la situación, un grupo de militares retirados (es decir, sin ninguna vinculación con las Fuerzas Armadas, como ocurre con el resto de los funcionarios jubilados) han lanzado un manifiesto que pide a las Fuerzas Armadas que den un golpe de Estado para cesar al Presidente del Gobierno, si bien el primer firmante del manifiesto ha declarado ulteriormente que el párrafo dedicado al cese del Presidente no estaba en el texto que firmó.

El 13 de noviembre el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados ha registrado una proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Se trata de un texto muy trabajado con dieciséis artículos, dos disposiciones adicionales y otra final, amén de una muy larga exposición de motivos de once folios. Ya se ha conocido la tan esperada proposición de ley y el hecho merece varias consideraciones en relación con: a) la forma jurídica de la iniciativa; b) su constitucionalidad; c) la oportunidad política; y d) su contenido jurídico.

- De cómo la derecha política y la derecha judicial se han levantado en armas contra un Parlamento legítimo -

Hay muchos ciudadanos que empiezan a preguntarse hasta dónde van a llegar el Partido Popular y sus aliados políticos y judiciales en la ofensiva que han lanzado para evitar que Pedro Sánchez sea elegido Presidente del Gobierno. Hay demasiados signos preocupantes, muy preocupantes, que nos muestran una derecha en guerra total para impedir que el Congreso de los Diputados pueda investir a un Presidente del Gobierno de izquierdas.

La intervención de Pedro Sánchez en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE del 28 de octubre ha aclarado la voluntad de este partido de incluir en el pacto de investidura la amnistía por los delitos cometidos por los independentistas durante el proceso de declaración de independencia en Cataluña en el otoño de 2017. La prensa y los políticos llevan semanas hablando de la amnistía y es el pretexto que ha tomado la derecha para aflorar su frustración por los resultados electorales de julio de 2023, resultados que lo alejan del Gobierno que creía tener ya entre las manos. Habrá ocasión de explicar los rasgos jurídicos de la amnistía cuando se hagan públicos sus perfiles jurídicos, aunque ya es hora de adelantar, frente a los juristas que se han puesto al servicio de la derecha, que la Constitución no prohíbe de entrada la amnistía y que el hecho de que no se mencione la amnistía en el texto constitucional no significa que esté vedada: la Constitución tampoco menciona los tomates ni el melocotón en almíbar y no por eso está prohibido su consumo.

Después de la celebración del Día la Fiesta Nacional (no el Día de las Fuerzas Armadas, como dicen algunos comentaristas que olvidan que esa fiesta se celebra a finales de mayo), diarios tan relevantes como El País o La Vanguardia han hablado de clima de tensión en la política española. No les falta razón. Quien siga esta sección se cansará de leer que cuando la derecha española no gobierna se echa al monte, rompe las reglas democráticas y pretende destruir al Gobierno por no considerarlo legítimo. En torno a la Fiesta Nacional estamos acostumbrados desde 2004 a los gritos e injurias contra el Presidente del Gobierno socialista (nunca contra el Presidente popular), pero hoy la tensión es mucho más fuerte y se expresa a través de muchas vías.

El domingo 8 de octubre, el mismo día en que todas las extremas derechas concentraron en Barcelona a cincuenta mil personas traídas de toda España contra una amnistía de la que todavía no se conoce nada, ABC publicó un artículo de un colaborador nada afín al nacionalismo catalán, Salvador Sostres (“Se rompe España”), que aportaba consideraciones muy lúcidas sobre la situación que se está viviendo en España.

Tras el fracaso de Núñez Feijóo, el Rey ha tenido otra ronda con los representantes de los partidos que han querido acudir a entrevistarse con el Jefe del Estado y ha propuesto a Pedro Sánchez como candidato a acudir al Congreso a solicitar la investidura de la Cámara. Se abre un nuevo horizonte político que puede desembocar en la elección de Sánchez como Presidente del Gobierno o en la convocatoria de elecciones. Todavía faltan algunas semanas para la nueva sesión de investidura y habrá tiempo de comentar cómo se presenta ésta, pero hoy quizá pueda tener interés comentar aspectos constitucionales de la especial situación que vive España entre dos investiduras. Vamos a examinar, pues, I) la equívoca expresión que utilizan algunos medios que hablan del encargo que ha hecho el Rey; II) cómo está cambiando, para mal, el sentido de la investidura; III) los riesgos que sobre la investidura tienen los intentos del Partido Popular de comprar Diputados de otros partidos; y IV) el riesgo de prescindir del ordenamiento constitucional a la hora de negociar los apoyos parlamentarios a la investidura.

Como estaba previsto, el debate de investidura de Núñez Feijóo ha acabado con el rechazo parlamentario del candidato propuesto por el Rey. Era lo esperado y probablemente era también esperado el discurso plano del Presidente del Partido Popular, pero el debate de los días 26, 27 y 29 de septiembre permite algunas glosas sobre el acontecimiento.

Pocas veces se ve en la vida política un fenómeno tan curioso y hasta esquizofrénico en el que un mismo político quiere jugar dos papeles antagónicos. Pocas veces ocurre, de modo que hay que fijarse con mucha atención en la conducta de Núñez Feijóo cuando le veremos, con muy pocas horas de diferencia, desempeñar el papel de líder de la protesta callejera y a continuación, casi sin cambiarse de ropa, acudir al Congreso de los Diputados para transformase en candidato a Presidente del Gobierno. Se me dirá, con razón, que todo líder de la oposición que se precie quiere ser Presidente del Gobierno y para ello moviliza a su partido para convencer de sus cualidades gubernamentales al cuerpo electoral. Ello es cierto, pero el papel de líder de la posición se inicia DESPUÉS de que un Parlamento otorgue su confianza a un candidato; es decir, se trata de una secuencia temporal en la que el Parlamento otorga la confianza a un candidato y a continuación otro líder de otro partido, al constatar que no ha sido elegido presidente del Gobierno, se erige en líder de la oposición. Pero, no es usual que una figura política practique ambos roles con muy pocas horas de diferencia.

El artículo “Felonías políticas”, que el antiguo director de El País Juan Luis Cebrián publicó el 11 de septiembre en ese diario, me da pie a comentar un fenómeno que se está dando en España y que debería dar pie a alguna reflexión en los medios de comunicación. No voy a glosar el artículo de Cebrián, aunque llama la atención que acuse de ágrafo al Presidente Sánchez como escaparate de su calidad moral e intelectual. ¿Cuántos libros y artículos publicaron los anteriores Presidentes del Gobierno antes de cesar? Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero son los únicos Presidentes del Gobierno que son doctores y Sánchez es el único que llegó a La Moncloa hablando inglés y francés, pero se le acusa de ágrafo para destacar su poca altura moral e intelectual. Es un ejemplo de lo que está pasando en la derecha española y de lo que se han impregnado personas que antes se situaban en el centro o en la izquierda.

El jueves 7 de septiembre inaugurará el Rey el año judicial. Elegido en diciembre de 2012, el actual Consejo General del Poder Judicial entró en prorrogatio en diciembre de 2018, por lo que en la apertura del año judicial de septiembre de 2019 ya debería haber sido sustituido por otro Consejo. Esto significa que es la quinta apertura del año judicial con un Consejo sin renovar, cada vez más reducido y con menos atribuciones.

Después de un mes de agosto pleno de noticias y debates, la política española vuelve con toda fuerza a la situación de impasse con que acabó julio. El impasse es evidente, pues en el mejor de los casos no habrá Gobierno antes de octubre. Todo podría haber ido más rápido, pero Núñez Feijóo ha decidido que ya que no va a gobernar tiene que hacer toda clase de operaciones extravagantes con el fin de salvar su futuro político. Porque si no tenemos Gobierno en un plazo mínimo de varias semanas es porque el Presidente del Partido Popular está haciendo extraños equilibrismos para evitar que sus compañeros (con Díaz Ayuso a la cabeza) no le decapiten. Lo harán, sin duda, pero el “ganador de las elecciones” está como el pollo decapitado que aún sin cabeza anda de aquí para allá. La reunión que el día 30 de agosto tuvo con el Presidente Sánchez y las que ha intentado mantener sin éxito con los Presidentes de las Comunidades Autónomas no populares son ejemplos de esa situación de plena desorientación de Núñez Feijóo. Pero conviene sistematizar los problemas y las cuestiones que subyacen a la errática conducta de Núñez Feijóo, cuyo frecuente trasfondo constitucional requiere que se analicen con rigor.

Tras las elecciones de 23 de julio el panorama político está en parte despejado pero también con alguna incertidumbre importante. Por ello vamos a examinar: I) el fracaso de las predicciones y sondeos; II) cómo quedan los partidos; III) las causas del fracaso del Partido Popular; IV) los motivos por los que el PSOE ha soslayado el anunciado fracaso; y V) el panorama constitucional que se abre.

En las elecciones del próximo domingo se dilucida qué partido o partidos gobernarán España en la próxima legislatura. Muchos sondeos apuntan un triunfo del Partido Popular, triunfo insuficiente para formar Gobierno si no es con el apoyo de Vox. Dejando a un lado la poca calidad de muchos de esos sondeos y de la intención evidente de desmovilizar (desmoralizando) el voto de la izquierda, como aportación al debate de los últimos días se pueden compendiar algunas de las razones por las que los partidos de la derecha no deben gobernar España.

Las noticias electorales de esta semana se inician con el debate Sánchez-Núñez Feijóo, pero también tiene interés recordar que la Junta Electoral Central ha incoado expediente al Presidente del Gobierno por hacer campaña en Bruselas, coincidiendo con el inicio de la Presidencia de España de la Unión Europea. Una vez más descubrimos la politización del Poder Judicial en favor de la derecha, porque solo desde una perspectiva conservadora se puede explicar que se quiera sancionar al Presidente del Gobierno por hacer política. La derecha quiere un Presidente del Gobierno callado y que la propaganda electoral solo proceda de ella, nunca de la izquierda. Y la mayoría de la Junta Electoral Central, aliada a la derecha, así lo ha explicado. Cuarenta y cinco años de democracia todavía no han igualado a la derecha y a la izquierda.

En el juego de contradicciones que caracteriza a la campaña electoral del Partido Popular, la existencia del Ministerio de Cultura es uno de los últimos casos en que el principal partido de la derecha se desdice de lo declarado. Recordemos los hechos.

La hipotética pérdida de un millón de votos del PSOE en el electorado de centro, del que habla alguna prensa, es un fenómeno estasiológico llamativo, porque denota la dificultad de unos electores para entender la dinámica de los partidos y sus posibilidades de acción política en el Estado democrático. De ser cierta esa apreciación (que deberá confirmarse en las próximas elecciones en un contexto de extrema polarización de las derechas por la ya evidente colaboración del Partido Popular con Vox) llama la atención que un electorado que se consideraba maduro, después de cuarenta y seis años de elecciones democráticas, se deje guiar más por los ecos que por las voces que emanan de la situación política española.

La derecha política española no se ha distinguido por sus inclinaciones democráticas. En el siglo XIX apoyaron a un Monarca absolutista como Fernando VII y con la hija de éste, Isabel II, se dividieron entre actuar a través del carlismo (que provocó tres guerras civiles) o del Partido Moderado que creó un régimen excluyente que sacó del juego político al Partido Progresista.