Rassemblement National quiere prohibir el velo islámico en los espacios públicos: una ruptura con los principios de libertad religiosa y no discriminación

La principal dificultad, siempre, y esta vez aún más evidente, reside en el fundamento jurídico. Limitar una libertad fundamental en un Estado de derecho requiere un fundamento jurídico, es decir, una justificación. ¿Es este el caso?

El laicismo no justifica la neutralidad religiosa de los ciudadanos en la esfera pública.

A diferencia de otras leyes propuestas que prohíben el velo en ciertos contextos, esta prohibición en espacios públicos no se fundamenta en el principio de laicismo. El laicismo exige respeto por todas las creencias, igualdad para todos los ciudadanos independientemente de su religión y la libertad de culto. También implica la neutralidad del Estado: quienes desempeñan una función de servicio público deben, por ejemplo, abstenerse de usar símbolos religiosos en el ejercicio de sus funciones. El laicismo también se utilizó en 2004 para justificar la regulación del uso de símbolos religiosos por parte de los estudiantes en las escuelas públicas. Sin embargo, esta prohibición se enmarca en el contexto específico del servicio de educación pública y de ninguna manera implica que el laicismo imponga neutralidad a los ciudadanos. En los espacios públicos, el principio que rige es, por lo tanto, el de la libertad religiosa.

Por lo tanto, prohibir el velo en la calle violaría este principio constitucional. En cualquier caso, este no es el enfoque propuesto por Rassemblement National, que busca justificar dicha prohibición argumentando una relación entre el velo y el islamismo.

Del velo al islamismo: un cambio en el registro argumentativo

Las restricciones a la libertad de usar símbolos religiosos están motivadas por diferentes razones y, a veces, por diferentes líneas argumentativas:

• La ley de 2004 sobre símbolos religiosos en las escuelas se basa en el principio de laicismo;
• La ley de 2016, que permite la inserción de una cláusula de neutralidad en los reglamentos internos de las empresas, introdujo, bajo ciertas condiciones, la posibilidad de restringir la expresión de creencias en nombre de un requisito de neutralidad;
• En 2010, la prohibición de ocultar el rostro en espacios públicos fue defendida notablemente en nombre de los valores republicanos y la convivencia.

Estos textos no abordan las mismas prácticas ni se basan en los mismos fundamentos. Lo que los une es el cambio gradual en los registros utilizados para legitimar legalmente la restricción de la visibilidad religiosa.

El enfoque actual es diferente: ya no se trata simplemente de presentar el velo como una manifestación religiosa incompatible con ciertas concepciones del secularismo, ni siquiera como una amenaza a la convivencia, sino como el signo visible de una ideología política. El velo se presenta, por lo tanto, como un indicador del islamismo.

Esta asimilación parte de la premisa de que el comportamiento religioso visible permite deducir la adhesión a una ideología política. Sin embargo, esta deducción no es evidente por sí misma.

Los datos disponibles no permiten reducir el uso del velo a una mera motivación política. Esta práctica varía según las generaciones y las trayectorias migratorias y sociales; por lo tanto, el uso del velo no puede considerarse un comportamiento homogéneo que corresponda a una única orientación ideológica.

Los estudios sociológicos sobre el uso del velo también demuestran la diversidad de significados que se le pueden atribuir: práctica religiosa, afirmación de la identidad, forma de emancipación o empoderamiento. Esta pluralidad de significados impide cualquier asimilación general entre el uso del velo y la adhesión a una ideología islamista.

Esta distinción es jurídicamente importante. La restricción de una libertad fundamental no puede basarse en la presunción general de que todos los individuos que adoptan una determinada conducta religiosa persiguen un objetivo político o constituyen una amenaza. Cuando la intervención estatal se justifica por conductas o compromisos específicos, estos deben poder identificarse independientemente del mero ejercicio de una práctica religiosa. El uso del velo, por sí solo, no puede equipararse a la adhesión a una ideología islamista.

Una prohibición incompatible con los compromisos europeos e internacionales.

En ausencia de una demostración convincente de una clara amenaza política, esta prohibición sería, en última instancia, contraria al artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos , que protege la libertad de pensamiento, conciencia y religión, incluida la libertad de expresar las propias creencias religiosas, especialmente en público. Esta libertad no es, desde luego, absoluta: el Convenio permite ciertas restricciones cuando están previstas por la ley, persiguen un fin legítimo y son necesarias en una sociedad democrática.

La jurisprudencia europea demuestra que las restricciones a los símbolos religiosos se evalúan según el contexto en el que se utilizan. El Tribunal ha aceptado ciertas restricciones en entornos específicos, en particular en escuelas o lugares de trabajo, pero esto no significa que se pueda prohibir toda expresión religiosa en los espacios públicos.

Dicha prohibición también sería contraria a los artículos 18 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , que protegen respectivamente la libertad de conciencia y de religión, y el principio de igualdad.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas observa con preocupación la ampliación de estas restricciones e invita a Francia a evaluar el efecto discriminatorio en la práctica y el impacto de estas medidas en los miembros de las minorías religiosas, en particular en las mujeres y niñas de fe musulmana.

Por lo tanto, tal prohibición constituiría un ataque particularmente grave al Estado de derecho si se basara en la idea de que el poder político pudiera, mediante una mera imposición, convertir una práctica religiosa en un indicador de amenaza política. Además, plantearía un importante problema en materia de no discriminación, puesto que se dirigiría contra una religión y un género específicos.

Esta cuestión resulta aún más preocupante, ya que las mujeres que usan velo ya se enfrentan a la discriminación , en particular en el acceso al empleo y en diversos ámbitos de la vida social, como lo documenta un trabajo reciente de la Defensora de los Derechos.

La evolución de los argumentos que respaldan dichas prohibiciones

Esta propuesta plantea una cuestión que va más allá del simple uso del velo; es sintomática de la relación de Rassemblement National con los derechos y las libertades: el deseo de ignorar el estado de derecho, es decir, el respeto a los derechos fundamentales garantizados por la Constitución y los convenios europeos e internacionales.

En un Estado de derecho, la mera voluntad política no puede anular las garantías legales que vinculan al poder legislativo. El poder que ignora los límites legales es, en esencia, poder arbitrario.

La cuestión que plantea esta nueva propuesta, por lo tanto, va más allá del mero uso del velo. Se refiere a los límites que el Estado puede imponer al ejercicio de una libertad fundamental y, en un sentido más amplio, a la capacidad de la ley para constituir un límite efectivo a la voluntad política.

Artículo publicado en The Conversation.