Una semana decisiva: la reforma laboral, una encrucijada para la legislatura

La mayoría de investidura, que ha estado detrás de los dos presupuestos generales del estado de la legislatura, así como de más de cuarenta leyes y entre ellas de casi una quincena de leyes orgánicas, hasta ahora se ha situado al margen del acuerdo, criticando desde la izquierda la tímida reforma, cuando no el continuismo con la contrareforma laboral del PP e incluso los supuestos intereses personales de la ministra de trabajo como futura candidata, frente al anuncio de derogación comprometido en diversas ocasiones por el gobierno en el parlamento, y asimismo por parte de los grupos nacionalistas, con presencia de sindicatos propios con amplia presencia en sus territorios como en el caso de Euskadi, debido a la falta de referencias en el texto de la reforma a la primacía de los convenios autonómicos frente a los de empresa o de sector.

El PP, como era de esperar por su estrategia antagonista y de desestabilización sin ningún tipo de concesiones, ha anunciado su rechazo a la nueva reforma a partir de la defensa numantina del texto impuesto en su momento por el gobierno de Mariano Rajoy, aunque destacando al mismo tiempo que el gobierno de coalición ha sido capaz de derogarlo y por contra se ha visto obligado a mantener buena parte de su arquitectura. Según estos se trataría de un maquillaje innecesario de una buena obra, olvidándose de sus consecuencias en el incremento de los despidos, de la precariedad y en la devaluación salarial a raíz de la crisis financiera.

Muy por el contrario, el contenido pactado supone una reforma profunda y un cambio de orientación en relación a todas las reformas anteriores, en particular con respecto a la última reforma impuesta de forma unilateral por parte del gobierno conservador, para contribuir a la reducción de la precariedad, a la recuperación de los derechos de los trabajadores y a un mayor equilibrio en las relaciones laborales, que se inscribe además en el proyecto de modernización tecnológica y ecológica de nuestro tejido productivo.

Por otra parte, el hecho de que cuente, por primera vez en décadas, con el acuerdo de sindicatos y empresarios ha significado un espaldarazo definitivo para garantizar su mantenimiento a medio plazo y asimismo para la consolidación de los fondos de recuperación de la Unión Europea, algo que correría el riesgo de frustrarse, tanto si el texto sufre modificaciones que supongan el descuelgue de los agentes sociales, como si finalmente la votación del real decreto no logra la mayoría necesaria para su aprobación.

Ante tal disyuntiva, y antes que sufrir una grave derrota parlamentaria, que sin duda tendría consecuencias en el clima social para la recuperación económica y en la credibilidad de los compromisos adquiridos en el marco de la Unión Europea, el gobierno ha resuelto iniciar una ronda de conversaciones con el resto de los grupos parlamentarios para buscar una mayoría alternativa, lo que ha provocado de inmediato el malestar en el seno del gobierno y además el rechazo de sus socios de legislatura, que han hecho insinuaciones veladas con respecto al futuro de la estabilidad parlamentaria y a la viabilidad de la ambiciosa agenda de iniciativas pendientes presentada recientemente por el ministro Bolaños. Tal parece que el precedente negativo de los tropiezos del rechazo a las prórrogas del estado de alarma, así como de los decretos de gestión de los fondos europeos no hayan servido de lección para gestionar tanto los acuerdos como los desacuerdos.

No cabe duda que la aprobación de la reforma laboral puede suponer un punto de inflexión que deje atrás el relato populista para dar paso a una política de sólidas reformas para el resto de la legislatura. Se trata de un reto para el gobierno así como para los partidos de la coalición y para sus apoyos parlamentarios. También candidatura y el proyecto de Yolanda Díaz.

Esperemos que prime el compromiso y la generosidad. Nos jugamos mucho.