La guerra nuclear del partido popular

Mientras desde Valladolid se escuchaba la primera petición de Vox de ostentar la presidencia de las Cortes de Castilla y León, lo que podría apuntar a un acuerdo de legislatura sin su participación en el gobierno, y sin embargo en la dirección del PP de la calle Génova todavía se lamían las heridas de la rebaja de expectativas en las recientes elecciones en Castilla y León, como parte del efecto dominó de su estrategia hacia la moncloa, en eso estalló el escándalo, en primer lugar con una filtración a los medios de comunicación.

La detonación del artefacto habría sido un supuesto caso de espionaje a la presidenta Ayuso por una también supuesta contratación irregular y como parte de ella de una comisión o mordida generosa en favor de su hermano, encargado por la dirección de Génova, a través de sus tentáculos en el ayuntamiento de Madrid.

Dos supuestos que es cierto que forman parte de un ya largo conflicto, pero que también suponen un salto cualitativo en el proceso, al pasar de lo privado a lo público y del armamento convencional a una guerra nuclear en toda regla de la que solo puede salir a corto plazo un ganador, con la derrota y exclusión de la contraparte, o si se alarga con la conocida destrucción mutua asegurada.

La reacción no se ha hecho esperar por parte de la presidenta Ayuso, denunciando en rueda de prensa el haber sido víctima de una operación de espionaje y de chantaje hace meses, cosa que atribuye al propio presidente Pablo Casado, y todo como consecuencia de sus aspiraciones políticas a presidir el PP de la comunidad de Madrid y de su exigencia de que éste no se retrase como ha decidido la dirección Nacional.

La contundente respuesta del secretario general García Egea, mediante la apertura de expediente informativo a la presidenta Ayuso, según él por no dar las oportunas explicaciones sobre el contrato mencionado, junto al amago de llevar sus declaraciones ante la justicia, se podría decir que los contendientes han hecho ostentación de sus principales armas en liza. De una parte el poder orgánico nacional y disciplinar del aparato del PP como primer partido de la oposición, y de otra la presidencia de la Comunidad de Madrid, fruto del apoyo de una amplia mayoría electoral en la derecha madrileña, y además la simpatía de amplios sectores de la derecha española. Algo que no se debería menospreciar a la luz de los vientos populistas que existen en la actualidad, incluso en el seno de los partidos más tradicionales como el PP.

La primera víctima, aparte de la verdad como en toda guerra, sobre el contrato irregular y sobre el espionaje aludidos, ha sido el coordinador general de la alcaldía de Madrid Ángel Carromero, lo que apunta a que por ahora es Ayuso la que lleva la iniciativa.

La cuestión atañe al contrato irregular, que al parecer beneficia a un hermano de la presidenta en una relación comercial que asemeja una comisión, algo prohibido por la ley de contratos públicos. Y también a una supuesta investigación interna encargada a través de empresas públicas, que además se dedican a otras actividades como la vivienda o el transporte. En resumen, supuestos fraudes en los contratos y nepotismo, junto a malversaciones y prevaricaciones de las llamadas de libro.

Pero lo que no es en absoluto creíble es que la dirección del PP, con una larga trayectoria a sus espaldas de casos de financiación ilegal, se dedique ahora a la investigación y depuración internas de casos de supuesta corrupción, además sin ponerla desde que conoció los primeros indicios en manos de la fiscalía, como es su obligación. A no ser que en realidad se trate de uno de tantos casos de espionaje y elaboración de dossieres de las distintas organizaciones y direcciones del PP  para ser utilizados como chantaje en la pelea interna. Continuará.