El plan de respuesta a la guerra y al malestar social

Es cierto que aún queda pendiente el paro entre parte de los autónomos del transporte, con el problema añadido de la crisis de representación, donde se mantiene la convocatoria de la plataforma , y en el ámbito europeo la aplazada modificación del método marginalista de fijación de precios que se ha mostrado como un riesgo añadido para la industria y las condiciones de vida de los ciudadanos europeos.

Con el final de la pandemia, parecía garantizado el relanzamiento de la economía con el acicate de la puesta en marcha del plan europeo de recuperación y resiliencia, que sin embargo se ha visto por ahora ralentizado por el impacto del rebrote de la inflación y con el peligro de su agravamiento y posible prolongación como consecuencia de la guerra. Es por eso el escudo social creado frente a los efectos de la pandemia corre el peligro de quebrarse, convirtiendo el malestar difuso de la ya larga pandemia en una verdadera crisis social, como producto del impacto de la subida de los precios sobre las rentas y el consumo de los trabajadores y los sectores medios, multiplicado con los problemas de desabastecimiento de los sectores productivo y comercial después de casi dos semanas de paro del transporte. Incluso hay quien recuerda hoy los efectos en los años setenta de la denominada crisis del petróleo y alerta sobre el riesgo de la combinación de la inflación con el estancamiento en la economía internacional.

Por lo cual, además de las medidas anunciadas en los sectores energético y del transporte para absorber el impacto de la escalada de precios y evitar el colapso de los sectores productivos y un estrangulamiento añadido de la cadena de suministros, se requieren además de medidas destinadas a evitar la destrucción de empleo y de refuerzo del denominado escudo social para proteger a los sectores más vulnerables de la subida de los precios, en particular en la alimentación, la energía y el alquiler de la vivienda y también de asistencia e integración de los refugiados. En resumen un nuevo esfuerzo público, que añadir al actual en materia de energía, por valor de seis mil millones en subvenciones y rebajas fiscales y de diez mil millones en créditos ICO hasta el mes de junio. El aspecto más polémico es la rebaja lineal de veinte céntimos en el combustible.

Sin embargo, a tenor de las últimas declaraciones de la oposición ni siquiera esta rebaja les sirve, ya que fija demagógicamente su objetivo en el recorte de gasto político y burocrático apuntando de nuevo a los socios de la coalición de gobierno, no parece que la voluntad de acuerdo firmada en La Palma se vaya a mantener.

A todo ello se hace imprescindible añadir en el próximo futuro, junto a la negociación del acuerdo nacional de empleo en marcha, un pacto de rentas que evite la espiral de precios y garantice la recuperación a medio plazo del poder adquisitivo de los salarios, todo ello unido a un conjunto de medidas fiscales, económicas y sociales creíbles de reparto equitativo de los esfuerzos y los beneficios.