Repartir esfuerzos, y no imponer sacrificios

Mientras tanto, la guerra en Ucrania continúa estancada con informaciones contradictorias con respecto a un posible repliegue ruso y a los resultados de la negociación sobre el alto el fuego, y se mantienen las dudas sobre los objetivos finales de la invasión, con la neutralidad y la posible división de Ucrania y la ruptura entre Europa y Rusia en el horizonte.

Un impacto que se comparte en toda Europa y que corre el riesgo de extenderse a la economía internacional. En particular, los precios desbocados han empezado por la energía y los combustibles y ahora como consecuencia afectan al transporte, la alimentación y la hostelería, entre otros .

Una repercusión que se reproduce y amplía en España cuando todavía sufrimos las consecuencias sociales de la pandemia, con un aumento de la pobreza, la desigualdad y la carga de enfermedad en amplios sectores, todo a pesar del amplio pero insuficiente escudo social desarrollado para reducirlas, y en que las consecuencias de la crisis financiera y la política de recortes anteriores aún persisten, en particular en la precariedad laboral entre toda una generación de jóvenes, entre las mujeres y los mayores de cincuenta años, en la fragilidad de los servicios públicos esenciales desbordados durante la pandemia como la salud y la sanidad públicas, y en la persistencia de los déficits de equipamientos e infraestructuras.

Esas son entre otras las razones para que el malestar social se haya extendido tan rápidamente al sumarse el hastío de la pandemia, el estrangulamiento de la cadena de suministros y el incremento de precios de la energía y de los productos de primera necesidad, alentado por el paro de los transportistas y los problemas para el reconocimiento de sus representantes y por tanto de los resultados de sus negociaciones con el gobierno, aparte de los problemas de falta de agilidad en la reacción del gobierno y por la persistencia del antagonismo entre las fuerzas políticas de la oposición.

Las medidas adoptadas de rebaja en el precio de los carburantes, a las que se suma una fuerte limitación en el recorte del precio del gas fruto de la excepción ibérica lograda en el Consejo Europeo, van encaminadas a contener a corto plazo la espiral de los precios de la energía. Sin embargo, aunque obligadas por la coyuntura, no debiera suponer tampoco un paso atrás en la transición energética y en las reformas de política fiscal comprometidas por el gobierno ante la Unión Europea. Se trataría por el contrario de concentrar las medidas en los sectores sociales y profesionales más necesitados, como el transporte público y el de mercancías, en lugar de mediante rebajas fiscales o subvenciones lineales y en combinar el ahorro, la eficiencia y la transición energéticas para que no resulten contradictorias con la justicia social y la sostenibilidad.

Por eso, a continuación de la reforma laboral, se ha abierto la negociación entre los agentes sociales para el acuerdo interconfederal sobre el empleo y los salarios AENP como primer paso sobre un futuro pacto de rentas al objeto de evitar que la inflación se desboque en lo que llaman segunda ronda y paralice la incipiente recuperación de la economía. El reto en este momento sería repartir la factura económica de la guerra de Ucrania del incremento de precios de la energía, los carburantes, los transportes, la alimentación, así como por el incremento de gasto social de acogida de refugiados. Todo mediante una negociación social y política, en primer lugar con la concertación social para que las subidas de sueldo de los trabajadores se produzcan a partir del próximo año con la garantía de que el poder adquisitivo se recupere a medio plazo, evitando con ello la espiral inflacionista, y que por otro lado los empresarios reduzcan el reparto de dividendos y compartan sus beneficios y retribuciones, en el marco de compromisos de mantenimiento del empleo y de las reformas fiscales y estructurales en marcha. Asimismo que el gobierno comprometa medidas sociales adicionales para proteger a los sectores más vulnerables, en el sentido de las adoptadas en el plan de respuesta a la guerra en materias como el ingreso mínimo vital, el bono eléctrico o en la contención del precio de los alquileres.

Sin embargo, ni la situación es equiparable a la que dio lugar a los pactos de la Moncloa en la segunda mitad de los años setenta del pasado siglo, ya que por ejemplo la inflación entonces estaba por encima del cuarenta y siete por ciento, ni por tanto lo pueden ser igual la amplitud de las medidas, cuando algunas como la reforma laboral y de pensiones ya han sido acordadas y otras están en marcha como la reforma fiscal, todas ellas en el marco de la estrategia Next Generation. Y mucho menos el pacto de rentas puede servir de excusa de nuevo para retomar el ensañamiento de las fracasadas políticas de austeridad. Por eso hoy, entre las medidas posibles en un pacto de rentas, no se contemplan ni el recorte de los impuestos ni el de las pensiones ni el de los salarios de los funcionarios, como ya algunos sectores están volviendo a reclamar insistentemente, siempre dispuestos a aprovechar una crisis para barrer para casa. Esa no es la rectificación que puede exigir al gobierno el Sr Núñez Feijóo. Porque se trata de repartir esfuerzos y no de imponer sacrificios a los de siempre.