La reforma fiscal y el pacto de rentas

El nuevo argumento del gobierno para aplazar la reforma fiscal comprometida y prácticamente elaborada es la situación de incertidumbre económica como consecuencia de los efectos inflacionistas de la guerra de Ucrania y las sanciones a Rusia.

Un anuncio que no por casualidad coincide en el tiempo con la convocatoria de la nueva reunión con los agentes sociales encaminada a retomar el objetivo del pacto de rentas, para así hacer frente al efecto de la escalada de los precios en el crecimiento de la economía.

Sin embargo, sin reforma fiscal la negociación no iría más allá del tópico acuerdo salarial. Sin ella, el gobierno no solo incumple sus compromisos del acuerdo de coalición y las orientaciones del libro blanco, sino también una parte de la estrategia presentada a la Comisión Europea ligada a los fondos de recuperación.

En este sentido, resulta significativa la beligerancia de la patronal y de la derecha frente a la reforma laboral y de las pensiones, y su silencio ante el anuncio del aplazamiento de la reforma fiscal.

En puridad un pacto de rentas supone un reparto equitativo de los esfuerzos de los trabajadores junto a los empresarios para hacer frente a la inflación, y por tanto comprende junto a un acuerdo salarial el instrumento imprescindible de la revalorización salarial y de una reforma fiscal para contener y repartir los beneficios empresariales.

El precedente de los acuerdos de la Moncloa en el inicio de la Transición democrática así lo acredita. Los acuerdos finales en materia salarial estuvieron precedidos por los de las fuerzas políticas en distintas materias como la fiscalidad.

Podría parecer entonces que la renuncia a la reforma fiscal sería el tributo ofrecido por el gobierno a la patronal para facilitar la negociación y un acuerdo, en principio exclusivamente salarial con los sindicatos, al que solo se sumaría el incremento correspondiente del salario mínimo. Sin embargo, los salarios no son los responsables de un incremento de los precios superior al diez por ciento, debido fundamentalmente a las consecuencias energéticas de la guerra, mientras los salarios tan sólo han subido en un tres por ciento, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo en estos momentos.

El resultado de la reunión ha sido tan solo la recuperación del clima de diálogo y de la interlocución interrumpida, sin ningún avance en los contenidos después de la ruptura de las negociaciones sobre el acuerdo interconfederal para el empleo y la negociación colectiva, en particular por el rechazo de la patronal a la propuesta de los sindicatos de establecer una cláusula de revisión salarial para mantener su poder adquisitivo, evitando también los llamados efectos de segunda ronda sobre la inflación. Ante el silencio de la patronal se ha anunciado una próxima reunión para el mes de Septiembre.

En definitiva, ante la compleja situación económica, no parecen suficientes las medidas del nuevo decreto ley contra el impacto de la inflación, en particular entre las rentas más bajas, y ni tan siquiera el anunciado impuesto sobre los beneficios de las compañías energéticas. Sin la reforma fiscal, el gobierno se quedaría a medio camino en su anuncio del reparto equitativo de los esfuerzos a la salida de la pandemia y en el contexto de la guerra de Ucrania, pero sobre todo muy lejos del pretendido pacto de rentas.