El poder judicial o la judicialización de la política

Sin embargo, nada obliga, más que la tradición en condiciones de normalidad, a que la renovación de los cuatro magistrados sea global y simultánea. Existe el precedente de la renovación de los dos magistrados propuestos por el gobierno en solitario, y tal parece que a eso se quiere empujar al gobierno.

Por otra parte, el compromiso sobre la renovación del TC formó parte en su momento del pacto de renovación de los órganos constitucionales entre la anterior dirección de Pablo Casado y el gobierno, algo que la nueva dirección de Núñez Feijóo no ha reconocido que le obligue, y que por tanto pretende retomar desde cero, junto al cambio del procedimiento de elección del órgano con carácter previo a la renovación del conjunto de los miembros del CGPJ. De nuevo, estamos ante la conocida estrategia de bloqueo, que se ha repetido con excusas de lo más variopinto, con el objetivo de la vuelta al punto de partida. Una reforma del procedimiento para que sean los jueces los que elijan a los jueces, como si la elección corporativa fuese menos política que la parlamentaria, y como si esta última no estuviera regulada por ley desde mediados de los años ochenta y no hubiese sido revalidada mediante la correspondiente sentencia por parte del propio Tribunal Constitucional. Y además mejorada con posterioridad para dar cabida a un sistema escabinado que incluye las propuestas de las asociaciones judiciales junto a la decisión del parlamento.

Algo que tampoco es excepcional en el contexto europeo. De hecho, los países nórdicos incluyen dichas competencias dentro de las propias del ministerio de justicia, y ello no obsta para que obtengan una de las más altas valoraciones en materia de independencia judicial. Quizá sea porque la independencia del poder judicial radica en la neutralidad de los procedimientos y los fallos judiciales y no en una forma concreta de elección y control corporativos.

Para eludir la aplicación de la ley, el PP ha adoptado la táctica de obstaculizar la renovación cuando como ahora se encuentra en la oposición, para permitir luego la renovación en coincidencia con su presencia en el gobierno. Todo ello le ha permitido disfrutar de una mayoría espuria en el CGPJ durante un número de años muy superior al que por ley le correspondería, como ocurre en la actualidad. Ahora, con el argumento de que con carácter previo a la renovación constitucional se modifique el procedimiento de elección, quiere que se garantice, independientemente de las mayorías parlamentarias, la mayoría conservadora en el Consejo General del Poder Judicial, y como consecuencia al frente del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia.

Pero, ante todo, aspira a continuar con la utilización política del CGPJ como contrapoder por parte del tándem de la oposición conservadora y reaccionaria y de sus afines en la corporación judicial, en esta ocasión frente al gobierno de coalición de la izquierda y al parlamento elegido por los españoles, a los que deslegitimar y tampoco reconocen.

Los objetivos son evidentes y tienen que ver con la finalidad de la ya conocida obstrucción y del control político de al menos la veintena de casos de corrupción del PP aún pendientes, pero sobre todo con la estrategia denominada de 'lawfare' de judicialización de la política para hacer oposición y desestabilizar al gobierno. Algo muy extendido en esta época del nacional populismo más allá de nuestras fronteras y que nosotros hemos podido constatar en la labor de los tribunales, en particular en la época de la pandemia.

He ahí el verdadero problema de fondo que desde hace casi cuatro años se vive día a día en el órgano de gobierno de los jueces. La judicialización de la política escondida tras la denuncia de la politización de la justicia.