Si hace diez años nos cuentan que el Fiscal General del Estado iba a ser condenado por el Tribunal Supremo por filtrar determinada información (delito de revelación de secretos) a partir de un simple juicio de inferencia, que la esposa del Presidente del Gobierno iba a estar investigada durante casi dos años por parte de un Juez de Instrucción por un delito sin víctima (imputación que también se ha intentado con todo el entorno de la señora Gómez, incluyendo a todo un Delegado del Gobierno y a un Subsecretario), que el hermano del mismo Presidente del Gobierno iba a estar igualmente imputado por haber sido contratado por una Diputación Provincial por un modesto salario (a años luz del que percibe el Presidente de la CEOE), que la Presidenta del Consejo de Estado iba a ser considerada inidónea por una Sentencia del Tribunal Supremo o, en fin, que ese mismo Tribunal Supremo iba a modificar arbitraria e ilegalmente el régimen administrativo de los concursos de libre designación para impedir que el Gobierno efectúe ciertos nombramientos de funcionarios, no nos lo habríamos creído.