Hoy, los socialistas y demócratas votarán en contra del mandato del Parlamento Europeo para iniciar las negociaciones a tres bandas con los Estados miembros sobre el Reglamento de Retorno. El mandato propuesto es el resultado de una alianza política profundamente preocupante y de negociaciones opacas entre el Partido Popular Europeo (PPE) y la extrema derecha. Se inspira más en las políticas de la administración Trump y en un régimen de deportación al estilo del ICE que en los valores europeos. Pero más allá de eso, ignora derechos fundamentales básicos establecidos en nuestra Carta, como el derecho a la dignidad humana, el derecho a la libertad, el derecho de asilo y el derecho a un recurso efectivo, y socava el derecho internacional.

Los ciudadanos no deben soportar las consecuencias de la guerra ilegal emprendida por Trump y Netanyahu. Los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo han instado a la Comisión a gravar los beneficios inesperados impulsados por el aumento de los precios del petróleo, limitar los precios del gas, acelerar la transición ecológica a través de las energías renovables y la independencia energética estratégica, y reforzar el sistema de comercio de derechos de emisión para hacer frente al impacto del aumento de los costes de la energía.

El sistema público de pensiones forma parte del contrato social que sostiene a las democracias europeas. No es solo una cuestión presupuestaria, sino uno de los principales instrumentos de solidaridad entre generaciones. Su sostenibilidad depende, en gran medida, de la fortaleza del empleo y de la capacidad de las nuevas generaciones para incorporarse al mercado laboral en condiciones dignas, así como de que las mujeres lo hagan en plena igualdad, superando las brechas aún existentes. En España, ha garantizado durante décadas seguridad económica a millones de personas mayores y ha contribuido de forma decisiva a la estabilidad social. Han pasado ya más de treinta años desde la aprobación del Pacto de Toledo, uno de los acuerdos políticos y sociales más relevantes de nuestra democracia.

Los partidos conservadores siguen prometiendo reducción de impuestos. Este es un reclamo electoral de primer orden. Y lo saben. A pesar de que, en la práctica, cuando esos mismos partidos conservadores han llegado al poder, acaban por subir la tributación, con argumentos muchas veces peregrinos (herencias recibidas, facturas en los cajones, etc.: todo de manual). Esto se ve tanto en escenarios internacionales como en los más próximos. Lo hicieron Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Reino Unido, Ángela Merkel en Alemania y Mariano Rajoy en España. En todos estos ejemplos, el conservadurismo político y económico promulgó, antes de los comicios, generosas bajadas fiscales que, sin embargo, no iban a generar ni déficit, ni deuda, ni menoscabos en la economía pública. Los resultados empíricos son bien distintos. En todos los ejemplos que se han indicado, los ingresos cayeron en picado y los gastos se redujeron en capítulos como la sanidad y la educación. Mal negocio.

La dificultad que está teniendo el Partido Popular para formar el Gobierno en Extremadura (y próximamente en Aragón y en Castilla y León) se inscribe en un fenómeno que se da desde hace más de una década en muchos países europeos, fenómeno que posee, a mi juicio, una cuádruple vertiente, a saber: I) tendencia a la ruptura de los antiguos bipartidismos, más o menos perfectos; II) asentamiento de la extrema derecha, que compite con las derechas tradicionales; III) dificultad de mantener la preminencia de la socialdemocracia sin que al mismo tiempo se consolide otra izquierda alternativa; y IV) volatilidad del voto, que oscila entre derechas e izquierdas y entre extremismos y posiciones más templadas. Todo ello tiene como consecuencia la quiebra del paradigma sobre gobernabilidad, de modo que los marcos constitucionales que han regulado la formación de Gobiernos durante varias décadas se han quedado inservibles, con la necesidad de reformas constitucionales que en muchos países se presentan muy problemáticas, como ocurre en España.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda la importancia de planificar el viaje con antelación, además de informarse del estado de las carreteras, y la obligatoriedad de utiliar la baliza V-16 en caso de incidencia.

Los programas de turismo y de termalismo del Imserso, adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tienen una doble finalidad. Por una parte, están concebidos como un servicio complementario de las prestaciones de la Seguridad Social para mejorar la salud y la calidad de vida de los mayores. Por otra, contribuyen al desarrollo económico y, en especial, al mantenimiento del empleo y la actividad durante la temporada baja.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en el Congreso de los Diputados la actuación del Ejecutivo para afrontar las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo, un conflicto frente al que España ha levantado "el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea".