Nadie con suficientes luces políticas desconoce que el sentimiento colectivo de humillación es un potente resorte capaz de movilizar fuerzas sociales de la manera más insospechada. Si la sociedad española no ha reaccionado con más ímpetu ante los casos de corrupción protagonizados por el rey emérito Juan Carlos I –digamos “presuntos” casos, dadas las formalidades al uso- y ante los modos en que desde altas instancias del Estado se buscan salidas por la tangente, dados hechos tan lamentables con sus posibles consecuencias, es por verse abrumada por la crisis sanitaria de la Covid-19 y atemorizada por la crisis socioeconómica en la que, a causa de aquélla, estamos inmersos. La indignación de la ciudadanía es tal que sólo a trancas y barrancas salen voces defendiendo la autolesionada imagen de quien fue jefe del Estado, habida cuenta de que no somos los ciudadanos ni los medios quienes ubican al emérito en las páginas de las “historias de sucesos”, sino que ha sido él mismo quien ha puesto su nombre en ella con un variopinto elenco de hazañas sin ninguna épica y con menos ética. Por eso ha sorprendido tanto el manifiesto de “los setenta”, nutrido con firmas de quienes fueron altos cargos –del PSOE, del PP y de UCD- en el gobierno de España, de comunidades autónomas, de ciudades…, encabezados por el ínclito Alfonso Guerra, dispuesto a ejercer de albacea de lo que hemos llamado “régimen del 78”, ya que la deriva de nuestra democracia es a eso a lo que ha devenido.