Secretario general de la UGT.
La subida de los precios de la energía en el mercado minorista, el de las personas que consumen energía, ha sido brutal en los últimos meses. Es cierto que se debe en parte a causas externas y globales, pero se han alcanzado cotas prohibitivas para una gran parte de las personas de este país.
Debemos tener empatía y solidaridad con estas personas y recordar que se migra por necesidad y que todos fuimos y somos migrantes.
La Covid ha incrementado la pobreza y, además, la distribución de las vacunas ha constatado la desigualdad internacional. La dignidad humana debe ser la máxima prioridad.
El alivio que supone dejar de utilizar la mascarilla al aire libre, no debe confiarnos y se deben mantener las medidas de prevención en las empresas.
El pasado martes el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Garantía Juvenil Plus, fruto de la negociación y del diálogo entre Gobierno e interlocutores sociales, rompiendo la dinámica del anterior Plan de Garantía Juvenil de 2013, que fue aprobado de forma unilateral y que dio tan desastrosos resultados por las dificultades de inscripción, por los pocos fondos realmente usados respecto a los presupuestados y por su baja incidencia en la reducción del paro juvenil: La mayoría de los y las jóvenes desconocían que existía y no lo usaban. En definitiva, una gestión y resultados que la propia UE desacreditó, dudando de los datos poco fiables que España trasladaba.
Una garantía más dinámica y cercana
El actual plan, que debe seguir cumpliendo el objetivo marcado por Europa ya en 2013 de dar una oportunidad laboral o formativa a las personas jóvenes desempleadas en el plazo máximo de 4 meses, cuenta con un diseño renovado que lo dotará de un mayor dinamismo, cercanía con las personas jóvenes y efectividad en su desarrollo.
Por un lado, se aumenta el número de orientadores laborales en los servicios públicos de empleo y con una metodología de trabajo basada en una atención más cercana y personalizada a las jóvenes. Por otra parte, se introduce la figura de prospectores laborales para llegar a los jóvenes más alejados del sistema o que no se acercan a los canales tradicionales de búsqueda de empleo, sin esperar a que acudan a la oficina. Además, se establecen muchas medidas de carácter formativo, haciendo una apuesta decidida sobre la Formación Profesional, orientadas a aumentar la empleabilidad en este sector.
Poner punto final a la precariedad
Asimismo, se implanta un marco de calidad laboral: toda oferta tendrá una duración determinada y un salario mínimo digno, evitando de una vez por todas que se siga financiando la precariedad con dinero público. Por último, espero que estas medidas lleven un seguimiento y un control en su implementación que conlleve una evaluación individualizada y pormenorizada de cada medida a desarrollar para poder realizar correcciones sobre las mismas a tiempo.
Un engranaje más
Este Plan de Garantía Juvenil es un gran avance, pero debe ir acompañado de otros planes estatales y autonómicos que transformen el modelo de empleo y productivo de nuestro país y desarrollen sectores estratégicos para generar empleo neto. De otra forma, seguiremos engañándonos creyendo que se pueden desarrollar políticas activas de empleo sin estimular los sectores y la economía.
Gran parte de estas medidas, las más importantes, han sido el resultado de la presión y de la convicción de UGT, convencidos de la necesidad de un giro urgente en un ámbito esencial para el presente y el futuro de nuestro país y de sus personas trabajadoras.
La transición ecológica justa ha de ser una transformación sin precedentes a nivel global que cree un sistema productivo renovado y sostenible y que, al mismo tiempo, construya una sociedad más justa.
Miles de trabajadores y trabajadoras han fallecido en la construcción de los distintos estadios e infraestructuras en las que se celebrará la competición.
La pandemia ha producido una crisis sanitaria y social que debe ser reparada con inversión pública, gasto social y mejora de los servicios públicos.
El derecho a la vivienda digna, como precepto constitucional y derecho humano, debe ser garantizado para todas las personas de nuestro país.
Europa debe ser un lugar seguro para las de personas LGTBI que siguen sufriendo discriminación en diferentes ámbitos, especialmente en el empleo, porque los derechos de las personas LGTBI son derechos humanos.
La pandemia no ha repercutido a todos por igual, sino que ha provocado el enriquecimiento de una minoría y el empobrecimiento severo de grandes capas de población vulnerable.
Reforzarnos para sobrevivir: Es imprescindible impulsar las industrias estratégicas.
Continúa la tragedia contra nuestros mayores en las residencias. Es necesario un mayor control y un incremento de la financiación pública en los centros que realizan un servicio público imprescindible para la sociedad.
Las plataformas digitales necesitan ser reguladas urgentemente; no podemos permitirnos perder más tiempo con bloqueos
El Ministerio de Trabajo prometió que la ‘Ley Rider’ que habrá de regular las plataformas digitales, estaría lista antes de acabar 2020. Bien, estamos a finales de enero, y la negociación entre los sindicatos, el Gobierno y la patronal lleva bloqueada más de dos meses, como pudimos comprobar en la reunión del pasado miércoles.
La toma de posesión de Biden supone un evidente alivio sindical e institucional. En este cambio de gobierno, el papel de los servicios públicos como Correos ha sido esencial
Con o sin pandemia, el congelamiento del SMI y la derogación de la reforma laboral merecen respuesta en forma de movilizaciones.
Los fondos europeos para la reconstrucción nos brindan una oportunidad histórica que no podemos desaprovechar.
Los datos de paro de este pasado 2020 convierten la subida del SMI y el mantenimiento de los ERTE en necesidades de primer orden.
A pesar del descenso de la actividad por la Covid-19, prosiguen las continuas muertes en el trabajo. Es urgente abrir una mesa de diálogo social sobre siniestralidad.
El año que estamos agotando se despide con algunas esperanzas, como el comienzo del proceso de vacunación contra el COVID-19, y otras, demasiadas, situaciones que me producen sensaciones no precisamente positivas.
El Congreso de los Diputados camina hacia la derogación del artículo 315.3 del Código Penal que penaliza la huelga.
En poco más de una semana llegará el momento de despedir este dramático 2020. Un año que recordaremos para siempre debido a una pandemia que nos ha cambiado la vida a todos.
La distribución mundial de la vacuna es injusta. Las farmacéuticas deben ceder sus patentes para que las vacunas lleguen a todos los Estados del mundo y se reparta de forma equitativa y lo más pronto posible a las personas más vulnerables.
Es hora de terminar con esta situación y que el Gobierno cumpla con sus promesas. El despido colectivo debe ser adecuado en su regulación a la trascendencia de esa medida.
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