Crimen organizado en tierras lusitanas – Algunas ideas sobre cómo fortalecer el Estado de derecho y promover la justicia social en Portugal…

Y en este sentido, lamentando claramente la tendencia de nuestra realidad, se hace visible la creciente percepción y natural constatación de hechos que conducen y apuntan a un aumento de la criminalidad de forma organizada.

En primero, es claro, debemos comenzar mencionando que el crimen organizado es actualmente una de las principales amenazas al Estado de Derecho, no sólo por su actividad transnacional, sino por el grado de sofisticación que tienen las organizaciones criminales, creando con ello grandes dificultades para su investigación, que terminó obligando a adoptar nuevos mecanismos legales.

Y aunque no existe una definición única y absoluta, dada la complejidad de este fenómeno y las diferentes respuestas que recibe desde cada sistema penal. El hecho de que el crimen organizado se manifieste de forma muy heterogénea, difiriendo de un país a otro, o incluso de una región a otra, ha llevado a que cada Estado tenga también su propia definición.

Asimismo, es flexible y adaptable, complejo e incluso reflejo de la sociedad, su estructura es duradera y su expansión puede ser visible a nivel de las actividades que desarrolla.

En este sentido, existe una creciente preocupación por la influencia del crimen organizado en Portugal, así como una mayor necesidad de una respuesta eficaz por parte de las autoridades y la sociedad civil. Este malestar es común a varios países europeos, con la existencia de organizaciones criminales que afectan la seguridad pública, la economía y la integridad de las instituciones democráticas.

Países como Italia, España, Francia y Alemania se enfrentan a diversas formas de delincuencia transnacional, lo que requiere una respuesta coordinada entre los países de la Unión Europea. Las estadísticas sobre el crimen organizado en Europa varían de un país a otro, pero se han convertido en una preocupación creciente. Por ejemplo, en 2024, Francia reportó más de 2.000 víctimas de trata de personas, en su mayoría víctimas de países de África occidental y Europa oriental, y el Reino Unido registró 10.000 casos de trata de personas, principalmente relacionados con la explotación sexual y el trabajo doméstico temporal.

El crimen organizado se viene manifestando en diferentes formas, entre ellas el tráfico de drogas y armas, el blanqueo de dinero, la corrupción y la violencia dirigida contra las autoridades públicas. En cuanto a las amenazas a las instituciones, estas se han presentado en forma de corrupción, violencia e intimidación, infiltración, manipulación económica, así como ciberataques.

Portugal no escapa a los efectos del crimen organizado, aunque tenemos el privilegio de que nuestro país sea considerado relativamente seguro en comparación con otros países europeos. Sin embargo, aún se producen incidentes relacionados con el tráfico de drogas y de personas, el blanqueo de dinero y el fraude financiero.

La posición geográfica de Portugal ha funcionado como una puerta abierta a Europa, hecho que lo ha convertido en un punto estratégico para las redes criminales transnacionales. Portugal se convierte así en una importante ruta para el tráfico de drogas, sobre todo procedente de Sudamérica – utilizando los puertos y la costa atlántica para sus movimientos –, y de seres humanos generalmente procedentes de países asiáticos.

Para el blanqueo de dinero se utilizan a menudo el mercado inmobiliario y sociedades fantasma. Las autoridades también suelen investigar esquemas de fraude fiscal, como el IVA.

Dados los importantes avances tecnológicos, las organizaciones criminales han estado expandiendo sus actividades en los delitos cibernéticos, incluyendo los infames fraudes bancarios y ataques a sistemas institucionales, además del robo de identidad.

Las respuestas a estos delitos las dan las autoridades, es decir la Policía Judiciaria Portuguesa y la GNR (Guarda Nacional Republicana), cuyas operaciones para combatir este tipo de delitos se han intensificado, pero son claramente insuficientes. La cooperación internacional, con la Unión Europea e Interpol, ha sido relevante en el enfrentamiento a estas redes transnacionales, además de la propia legislación, que se ha ajustado a la realidad actual, con el objetivo de preservar el Estado de derecho.

Cuando la población se da cuenta de que algunos de estos crímenes quedan impunes, termina perdiendo la confianza en el sistema judicial y en el gobierno, situación que también incentiva a otros actores a hacer lo mismo, desafiando en consecuencia las leyes, estimulando el crecimiento del crimen y deslegitimando así la justicia. el estado de derecho. Cabe señalar que, en ocasiones, los grupos criminales ganan poder de influencia e incluso son capaces de sustituir al Estado en comunidades más frágiles.

Sin embargo, todavía podemos afirmar que, a pesar de los grandes avances de las últimas décadas, todavía no existe un estudio exhaustivo sobre la profundidad y dimensión del crimen organizado en la sociedad portuguesa. Este fenómeno continúa estando presente en las investigaciones criminales y termina por no afectar directamente la sensación de seguridad de los ciudadanos, generando falsas sensaciones de seguridad y provocando dificultades en la prevención y la investigación.

Sin embargo, a pesar de ello, Portugal ha ratificado todos los instrumentos jurídicos internacionales que dan prioridad y preocupación a este fenómeno, y son decisivos para la prevención y la creación de estrategias eficaces de combate.

Pero, aun así, ¿qué podemos hacer ante la percepción que a menudo tenemos y que se apodera de nosotros de impunidad? Es precisamente aquí donde la participación activa de la sociedad y la promoción de la Educación y la Cultura de los Derechos Humanos son una de las mejores vías para combatir la delincuencia. Educar a la población en la ciudadanía y en la cultura de la paz y el respeto, tan importantes hoy en día, aderezándolo con una buena dosis de paciencia y esperanza en los días venideros.

Aunque el cambio es lento, es en las acciones individuales y colectivas donde debemos centrar nuestros esfuerzos, tratando de generar un impacto positivo y duradero que contribuya a fortalecer el Estado de Derecho y promover la Justicia Social.

Ante todo, debemos actuar de forma colectiva y organizada. Esto se debe a que, como decía A. Amurri, “la lucha contra el crimen organizado es muy difícil, porque el crimen está organizado, pero nosotros no”.