Durante la última década hemos visto cómo cada vez más empresas intervienen en debates sociales y políticos. Desde derechos civiles hasta guerras, pasando por conflictos territoriales, el activismo sociopolítico corporativo se ha convertido en una expectativa social. Pero ¿qué ocurre cuando se vive una escalada de tensión política tan profunda como la que se vivió en Cataluña entre 2014 y 2017, cuando cualquier posicionamiento podía aumentar el riesgo de ruptura institucional?